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En la página web a través de la que hace pública su base de datos sobre homicidios, el gobierno mexicano asegura que los datos surgen de las dependencias de seguridad y procuración de Justicia del Estado. Las organizaciones sociales, que compartieron la elaboración de la iniciativa con autoridades federales, niegan esa aseveración. Aunque reconocen que la existencia del registro es un paso adelante, alertan sobre su correspondencia con la realidad.

“Los criterios con los que se determinaron las cifras no responden a sentencias judiciales o a asuntos en proceso de ser juzgados. El gobierno toma en cuenta las señales que existen en torno de cada homicidio. Si coincide con lo que más o menos se sabe respecto del funcionamiento del crimen organizado, pues se cuenta como tal. Es una cuestión de instinto”, remarcó el responsable de México Unido contra la Delincuencia, Eduardo Gallo.

La utilización de armas de gran calibre, la mutilación de los cuerpos, el descubrimiento de gran cantidad de cadáveres juntos o la presencia de “mensajes” junto a la persona muerta son algunas de las señales de las que se valen la policía o el ejército para atribuir las muertes al accionar de carteles del narcotráfico.

Arturo Arango, titular de Seguridad Pública de México, coincidió con la idea. “La base de datos es una solución pragmática a un problema inabarcable. No hay datos reales. El 30 por ciento de esos homicidios, por lo menos, no está siendo investigados ni se le inicia una investigación previa. La clase política se burla de la gente y supone que con decir que la causa es el narcotráfico, el tema está solucionado”, disparó.

“¿Todas esas personas murieron porque estaban vinculadas con la delincuencia? –se preguntó el investigador del Instituto de Derechos Humanos y Democracia mexicano, Edgar Cortez–. Muchas de sus familias lo niegan. Entonces, se queda esta versión oficial de que estaban vinculados con el crimen organizado, pero no hay investigación.” El análisis del académico es pesimista respecto del rol del Estado, a quien aseguró que la situación se le escapó de las manos. “El trabajo preventivo del delito es poquísimo, si no inexistente. Si a eso sumamos la complicidad de las autoridades locales que permiten la penetración de los grandes grupos del narcotráfico, el resultado es un Estado incapaz de garantizar a sus habitantes el derecho a la vida y a la justicia. Eso es México hoy”, sentenció.