La Comisión Nacional de Refugiados de Paraguay (Conare) consideró que el ex gobernador boliviano de Tarija Mario Cossio es un perseguido político en su país y le otorgó refugio. La votación a favor del asilo político fue unánime, y se llevó a cabo luego de que se formalizara el reemplazo de una de sus integrantes, quien había renunciado a su lugar tras alegar que recibió presiones para aceptar al ex funcionario boliviano.

La decisión se conoció pasada la media tarde de ayer, aun cuando la reunión del organismo no había terminado. La información fue confirmada a la prensa paraguaya por el diputado Salustiano Salinas, presidente de la Comisión Permanente del Parlamento, y por la senadora Zulma Gómez.

Cossio argumentó su pedido ante la Conare paraguaya el viernes. Tras su comparecencia, el político aseguró a la prensa que cuenta con todos los documentos y las pruebas que demuestran su inocencia. Sin embargo, no se sabe si aportó esas pruebas ante el organismo que le otorgó asilo. Con el beneficio, el ex gobernador tarijeño podrá traer a su familia y puede recibir ayuda de la ONU.

El ex funcionario llegó a Paraguay a principios de diciembre para obtener allí refugio. Pocas horas antes, la asamblea regional de Tarija lo había relegado de su cargo tras acusarlo por corrupción. Desde Asunción, el ex gobernador negó los cargos, protestó hacia el gobierno boliviano de Evo Morales, a quien señaló como el responsable de su destitución, y se autocalificó de perseguido político. El Tribunal Supremo de Bolivia informó que Cossio afronta en total ocho demandas penales en Tarija.

Al momento de su llegada, la Conare paraguaya le otorgó el asilo provisorio hasta tanto los integrantes del organismo tuviesen tiempo de analizar el caso con profundidad. El 30 de diciembre, la Comisión Permanente del Congreso, en funciones durante este receso veraniego resolvió apoyar el pedido de refugio, alegando la tradición de Paraguay en materia de otorgamiento de seguridad personal a aquellos ciudadanos de otros países que se sientan perseguidos por razones políticas. La decisión fue adoptada un día después de que las autoridades brasileñas confirmaran que la Conare de este país otorgó en diciembre último el refugio al juez boliviano Luis Tapia Pachi, que huyó de Bolivia en junio pasado.

Durante los días siguientes, el debate pasó a los niveles de mando más altos de ambos países vecinos. Entonces, el presidente boliviano pidió a las autoridades de Paraguay que no otorguen ese estatus a su compatriota, porque, a su juicio, no se trata de un perseguido político, sino de un acusado de corrupción. Denunció, además, que el caso estaba siendo manipulado por algunos sectores de la oposición de su país y aseguró que la decisión de la Conare no afectaría la amistad y las relaciones bilaterales entre naciones.

Por su parte, el presidente paraguayo, Fernando Lugo, intentó poner paños fríos. “Paraguay no apañará a nadie, ni a criminales ni a gente corrupta”, aseveró con intenciones directas hacia Morales. Sin embargo, dejó una sombra de duda: “Yo no decido. La Conare es la responsable”.

Entretanto, el Consejo de Gobernadores guaraní instó al mandatario paraguayo “a extender de inmediato y por decreto (...) el asilo político” a Cossio, otra figura legal a la que podría recurrir el destituido gobernador.

Lejos de apoyar a Lugo, una actitud que viene aplicando desde hace tiempo el vicepresidente paraguayo, Federico Franco, tomó la dirección contraria y coincidió completamente con los gobernadores.

La Conare paraguaya formalizó el asilo a Cossio pocas horas después de que la Comisión Permanente del Congreso nombrara como uno de sus nuevos representantes ante esa instancia al diputado opositor Daniel Fleitas, que sustituyó a su colega, la oficialista Aída Robles.

Robles renunció el lunes tras denunciar que recibió presiones de sectores que no precisó y la falta de tiempo para analizar los antecedentes del caso.

El organismo está integrado por Felipe Robertti e Inés Martínez, ambos en representación de la Cancillería; Angel Caballero, de la Dirección de Migraciones; Diana Vargas, del Ministerio de Interior, y Carlos Aquino, del Ministerio de Justicia y Trabajo.

También conforman esa comisión la senadora Zulma Gómez y el diputado Fleitas, así como Rodolfo Aseretto, representante de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Refugiados (Acnur), y Porsolei Bortolotto, de la Iglesia Católica. Los dos últimos tienen voz pero no voto dentro del organismo, por lo que Cossio requirió de un mínimo de cuatro votos a favor, de un total de siete, para obtener el refugio.