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Luego de solicitar los libros de socios y accionistas de dos empresas implicadas en explotación infrahumana de jornaleros en los campos del norte bonaerense, ayer, la fiscalía federal de San Nicolás solicitó la detención y la declaración indagatoria de cinco directivos de esas compañías. Tanto para el fiscal federal como para su par provincial, que interviene en otras causas, ya está probada la trata de personas e incluso corresponde analizar si se cometió un delito de lesa humanidad, según expresó Rubén Giagnorio, fiscal de Instrucción de San Nicolás, en un dictamen. “Ahora sabemos quiénes son dueños, socios y accionistas, y creemos probado que ellos son los responsables de la trata de personas. No pensamos quedarnos sólo con los capataces”, comentó anoche un integrante de la fiscalía federal.

Según enumeraron fuentes judiciales, el delito de trata de personas sería “agravado” porque parte de una organización de dos o más personas que involucra a muchas víctimas, que a su vez se encuentran en situación de vulnerabilidad y en algunos casos son menores de edad. “Yo ya elevé un dictamen en el que considero probada la trata, que fue aceptado por el juzgado de garantías de San Nicolás y en pocos días va a ser elevado a la Justicia Federal”, informó ayer Giagnorio a este diario. Su dictamen es sobre la estancia La Luisa, en San Pedro, donde 69 personas de origen santiagueño fueron rescatadas el 4 de enero pasado.

Allí, los trabajadores vivían en condiciones indignas, sin luz ni baños, mientras desfloraban maíz todos los días, durante 12 horas, para la empresa Southern Seeds Production, ubicada en la cercana localidad de Arrecifes. Durante el allanamiento fue demorado uno de los dueños de la compañía, Alfredo Montealegre, y cuatro capataces, quienes quedaron luego en libertad. En la actualidad, según fuentes judiciales, no hay detenidos por los cinco campos inspeccionados y allanados en el norte bonaerense, desde el 30 de diciembre en adelante.

El segundo dictamen, que según adelantó Giagnorio será similar en la cuestión de fondo, es sobre lo ocurrido en la estancia El Algarrobo, también en San Pedro, y relacionada con la multinacional Nidera. “Está tardando más porque hay menores de edad de por medio y hace falta que se expida la Asesoría Tutelar de Menores, creo que en una semana ya voy a tener ese dictamen presentado”, comentó el fiscal, quien pedirá que ése caso también sea investigado por la Justicia Federal.

En El Algarrobo, tras una inspección del Ministerio de Trabajo provincial, se descubrió que 130 personas, entre ellas unos 19 menores de edad, eran reducidas a la servidumbre. Muchos provenían de Santiago del Estero y de otras provincias del norte argentino. Antes de partir, se les prometía un respetable trabajo temporario y cuando llegaban encontraban que se les sobrefacturaba la comida, tenían que dormir hacinados en unos trailers de chapa y el baño era un simple agujero en el piso.

Las pruebas colectadas durante la instrucción son cientos de testimonios y las inspecciones oculares. Demuestran que las víctimas eran pobres, tenían un origen geográfico específico, donde eran reclutadas, y luego se las trasladaba masivamente. “En este marco, se daba una explotación en la que se incumplían todas las normativas laborales, muchas víctimas no sabían donde estaban, por lo que declararon ellos, y tampoco los dejaban salir. Entonces puede enumerarse una serie de delitos: privación ilegal de la libertad, reducción a la servidumbre, asociación ilícita y trata de personas, entre otros”, explicó el fiscal Giagnorio.

Ya cuando se hizo la primera inspección en los terrenos que arrendaba Nidera, el ministro de Trabajo provincial, Oscar Cuartango, deslizó que lo que habían presenciado “rozaba” el crimen de lesa humanidad. Para Giagnorio –así lo hizo constar en su dictamen– es muy probable que así sea y corresponde analizar el tema en profundidad. Según el titular de la UFI 6 de San Nicolás, lo ocurrido en San Pedro puede ser encuadrado en las conductas tipificadas en el artículo 7 del Estatuto de Roma, que dio origen al Tribunal Internacional de Justicia de La Haya.

Dicho artículo considera crímenes de lesa humanidad a una serie de actos que se cometen “como parte de un ataque generalizado o sistemático contra una población civil y con conocimiento de dicho ataque”. Entre esos actos está la esclavitud, entendida como “el ejercicio de los atributos del derecho de propiedad sobre una persona, o de algunos de ellos, incluido el ejercicio de esos atributos en el tráfico de personas, en particular mujeres y niños”, dice el estatuto.

“Uno no puede disponer de su propia dignidad. Por más que alguien acepte trabajar en condiciones inhumanas, el que contrata a esa persona está cometiendo un delito, no importa si le hizo firmar un contrato”, aseguró ayer el fiscal. Las personas rescatadas de los campos alquilados por Nidera volvieron a su lugar de origen, luego de la intervención del Ministerio de Desarrollo Social bonaerense, que se comprometió a proveer planes sociales, y la Oficina de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, del Ministerio de Justicia de la Nación.

Como llegaron a trabajar en algunos casos hasta 20 días, la empresa multinacional les pagó los 110 pesos diarios, el mínimo establecido por ley, y están siendo atendidos en los centros de asistencia a la víctima en su lugar de origen. La causa puede llegar a resolverse en dos o tres años, tal vez en un juicio oral, aunque eso dependerá del Juzgado Federal N° 2 de San Nicolás, a cargo del juez Carlos Villafuerte Ruzo.

Los lugares clausurados se acumularon en dos expedientes, en función de las empresas que explotan los campos (Satus Ager S.A. y Suthern Seeds Production) y no por los establecimientos allanados. Aún está pendiente, por tiempos judiciales, el ingreso de la multinacional Nidera a la Justicia Federal.

Además de los dos campos mencionados en San Pedro, hay otras tres fincas explotadas en las ciudades de Ramallo y Arrecifes por Satus Ager SA y Suthern Seeds Production, donde se halló a 274 personas en condiciones laborales infraumanas. Según fuentes judiciales, Villafuerte Ruzo denegó las medidas impulsadas por la fiscalía federal de San Nicolás, la semana pasada, para que se detenga y se tome declaración indagatoria a otros directivos de las empresas involucradas.

“El juez también denegó las eximiciones de prisión presentadas por los abogados de los imputados, lo cual es contradictorio, porque si considera que no hay motivos para llamarlos a declarar no hay razones para rechazar la eximición de prisión”, observaron fuentes del caso. Sin embargo, en este momento está a cargo del caso el titular del Juzgado Federal Nº 1 de San Nicolás, Martín Alberto Martínez, que subroga a Villafuerte Ruzo durante su licencia, y quien prorrogó el secreto de sumario en ambas causas hasta el 25 de enero.

Entre hoy y mañana, Martínez deberá decidir sobre los cinco pedidos de detenciones e indagatorias hechos por la fiscalía federal de San Nicolás. En esa dependencia, anoche repasaban los éxitos conseguidos, pese a no participar de la investigación de la que se encarga el juzgado federal: “Logramos que el juez anterior identificara firmas comerciales, vehículos denunciados por las víctimas y también que la Inspección General de Justicia dé las direcciones de las personas físicas que aparecen en los libros de los directorios de las empresas”, destacó un vocero.