Desde Santiago

El tema es complejo. Por un lado, la crisis carcelaria en Chile es un asunto innegable que quedó de manifiesto con la muerte de más de 80 presos en el hacinado penal de San Miguel a fines de 2010, lo que tiene sentido con el proyecto presentado por el gobierno de Sebastián Piñera que pretende entregar unos 9 mil indultos para descongestionar los recintos penales. La iniciativa, no obstante, roza con una de las premisas más defendidas por la actual administración en campaña y que era terminar con la “puerta giratoria” que permite a los reos cumplir penas o menores o simplemente no cumplirlas, dado el colapso del sistema. Y, peor aún, chocó de manera frontal con un tema mucho más sensible todavía: los derechos humanos, por más que el gobierno aclarara que eso no es así.

El proyecto, que ingresará mañana al Congreso, se divide en cuatro medidas bastante obvias: evitar que sean encarceladas las personas que no paguen multas en dinero, reemplazar las condenas inferiores a un año por servicio comunitario, el establecimiento de criterios técnicos objetivos para el otorgamiento de la libertad condicional y la aplicación del “indulto conmutativo” para aquellas personas que cumplan reclusión nocturna y salida libre. A ellos se sumarán aquellas mujeres que cometieron delitos menores, que cumplieron dos tercios de su pena y presentan una conducta intachable.

En este sentido, el vicepresidente de la república, Rodrigo Hinzpeter, (Piñera está de gira por Europa) aclaró que las medidas buscan que “sean los delincuentes violentos y agresivos los que estén en las cárceles y no quienes han cometido por primera vez un delito no peligroso o no violento o quienes no han tenido los recursos para pagar una multa”. Sostuvo además que si bien se podrían incluir indultos masivos, ésa no es la principal medida para combatir la crisis carcelaria. “El indulto va a ser una cuestión marginal, muy pequeña y a casos muy acotados, aquí estamos buscando otras medidas para el uso racional de la cárcel”, insistió.

En esa línea, el ministro de Justicia, Felipe Bulnes, agregó respecto de beneficios para personas de más de 80 años o enfermos terminales –rango etario en el que están la mayoría de los militares condenados por violación a los derechos humanos en la dictadura de Augusto Pinochet– que no incorporan dentro de este paquete una legislación para esos casos. “Creemos que tenemos que construir los consensos y todavía no vemos que esos consensos estén disponibles”, declaró. Aunque aclaró que “nos asiste la convicción de que hay que avanzar en esa dirección y que durante la tramitación de este paquete de medidas bien podría imponerse un acuerdo de unidad nacional que no está pensada para ningún grupo en particular, pero que tampoco pretende discriminar a ningún sector en específico.”

En este escenario, la presidenta de la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos (AFDD), Lorena Pizarro, dijo estar “tranquila momentáneamente” frente a la no inclusión de procesados por violaciones a los DD.HH. entre los beneficiados; no obstante sostuvo que “existe un cuerpo y una normativa internacional de leyes que habla de la protección que se debe dar a la humanidad para que estos hechos no vuelvan a suceder y, por tanto, es impensable otorgar beneficios”. Pidió además que se zanje en forma definitiva esta situación, porque “no queremos pensar que, aprobado este proyecto, en un año más vamos a estar de nuevo con la posibilidad del indulto a los violadores a los derechos humanos”.

Los diputados de la UDI –uno de los partidos de derecha que da sustento al gobierno de Piñera–, María Angélica Cristi y Jorge Ulloa, declararon sentirse “decepcionados”. “Nos parece tremendamente lamentable que se haya dejado fuera de la conmutación de pena a los mayores de 80 años y a las personas gravemente enfermas. Esto tiene nombre y apellido, y es un nuevo portazo que se les da a militares condenados por violaciones a derechos humanos, enfermos, muchos de ellos con cánceres terminales”, dijo Cristi, reconocida adherente de Pinochet. “El gobierno se asustó frente a los reclamos y gritos destemplados de personeros de la Concertación”, añadió.

El ex colaborador de Pinochet, Alberto Cardemil, actual diputado de RN (otro de los partidos de derecha), reforzó lo anterior al declarar que “no es una señal de buen gobierno anunciar un proyecto que signifique una definición de principios y después bajarlo por un par de críticas destempladas motivadas por el afán de venganza, más que el afán de justicia”, sentenció.

Desde la otra vereda, el senador socialista Camilo Escalona fue tajante. “Con respecto a la solicitud de diputados de derecha de otorgar libertad a los violadores de derechos humanos, con el argumento de que ‘defendían la Patria’, les recuerdo que asesinar mujeres, violaciones masivas a los derechos humanos y que personas desaparecieran, fue posible porque había un sector político que entendía que eso era ‘defender la Patria’, como la diputada Cristi.”