Miércoles, 9 de marzo de 2011 | Hoy
SOCIEDAD › OPINION
Por Estela Díaz *
¿Se hubiera imaginado Clara Zetkin en 1910 que cien años después de aquel congreso fundacional dos países del Cono Sur serían presididos por mujeres? En aquel principio de siglo propuso en el II Encuentro internacional de mujeres socialistas, en Copenhague, que debía instituirse el 8 de marzo como Día Internacional de la Mujer. ¿Qué pensaría si conociera hoy la República Argentina? Ese remoto país, donde se logró luego de una saga de dictaduras militares, la existencia de instituciones mucho más consolidadas, y que sean mujeres las encargadas de cuidar las arcas del país, dirigir los destinos de las armas y el desarrollo industrial. Podemos pensar que no lo imaginó, o tal vez sí. Ellas apostaron a que fuera así, por eso inauguraron esta fecha de conmemoración, que nos ha permitido a lo largo de todos estos años hacer visible que el orden pretendido como natural y predestinado no era tal, sino un orden injusto y de opresión para las mujeres, que somos nada menos que un poco más de la mitad de la humanidad.
Lleva su tiempo, pero los cambios ocurren. Las mujeres, con todas sus diferencias y diversidad, logramos fundar un sujeto político que alzó la voz, se movilizó, se organizó e hizo visible al patriarcado como un sistema de opresión. Está presente en la memoria colectiva el papel de las sufragistas, las comunistas, las feministas, las primeras sindicalistas. El rol fundamental de Evita como bisagra del encuentro de las mujeres con el espacio público. La resistencia a la última dictadura, en los pañuelos de las madres y abuelas, y el protagonismo vital de las mujeres en las organizaciones sociales, en la lucha cotidiana contra la pobreza y exclusión.
No se trata en esta breve reflexión de hacer un pormenorizado racconto de las leyes y programas que vienen favoreciendo la equidad de género, que son muchas. Como es largo el camino que todavía queda por recorrer. En este último sentido quiero puntualizar sobre dos temas pendientes de tratamiento en el Congreso Nacional.
Hace exactamente un año, la presidenta Cristina Fernández presentó un proyecto de ley para regular la actividad de las trabajadoras del servicio doméstico, denominado “Ley de Régimen Especial de Contrato de Trabajo para el Personal de Casas Particulares”, propuesta que cambia un paradigma histórico de discriminación. Más de un millón de mujeres están hoy en la informalidad; la sanción de esta ley supone equiparar las condiciones de este empleo con el resto de las legislaciones vigentes.
La otra asignatura pendiente es el debate de los proyectos de despenalización y legalización del aborto. El 1º de marzo, la Presidenta anunció la ampliación de la Asignación Universal por Hijo/a a las embarazadas a partir de los tres meses de gestación, para contribuir a la reducción de la mortalidad materna. Medida significativa para la ampliación de la seguridad social, pero que no alcanza a cubrir el tercio de las muertes que se producen por abortos sépticos, que en su totalidad son evitables. La sociedad ha madurado en este debate. Dan cuenta de ello las más de 50 firmas de legisladores/as nacionales con las que cuenta el proyecto de ley de la Campaña nacional por el derecho al aborto. Esta es una deuda de la democracia. Seguir con la legislación actual supone una enorme injusticia social, con muchas mujeres que ponen en riesgo su vida y su salud, porque no tienen recursos para realizarse un aborto en condiciones sanitarias adecuadas.
La decisión legislativa de concretar la sanción de estas leyes implica un significativo salto de calidad en la vida cotidiana de millones de mujeres. Clara Zetkin, si viera todo lo que está pasando en Argentina, pensaría que sí, que este año podemos.
* Coordinadora del Centro de Estudios Mujeres y Trabajo. CEMyT-CTA.
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