La propuesta de la Comisión de Verdad hizo atrincherar a los militares brasileños. En una carta al ministro de Defensa, el comando del Ejército se quejó por la iniciativa de conformar un espacio para recopilar información acerca de las violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. La Marina y la Aeronáutica adhirieron al reclamo castrense. Desde el Ministerio de Defensa quisieron bajar el tono y negaron que la declaración haya sido redactada el mes pasado.

La presidenta Dilma Rousseff anunció al momento de asumir que iba a impulsar la Comisión de Verdad, una propuesta que ya había formulado Luiz Inácio Lula da Silva durante su mandato. Esa decisión le trajo varios dolores de cabeza a la actual gobernante brasileña. En la primera semana de su llegada al Palacio del Planalto, la presidenta tuvo que llamar la atención al jefe de Gabinete de Seguridad Institucional, el general José Elito Siqueira, que había llamado a mirar hacia adelante y había negado que la existencia de cientos de desaparecidos fuera una vergüenza para Brasil.

El general Siqueira reclutó varios adeptos en estas semanas. Según publicó ayer O Globo, un grupo de uniformados le envió el mes pasado una declaración al ministro de Defensa, Nelson Jobim, para que no avance con el proyecto que el Ejecutivo giró al Parlamento. Según los militares, hay siete buenas razones para no crear la Comisión de Verdad.

“Brasil vive hoy una situación política, económica y mundial diferente a la del momento en que los hechos ocurrieron. Comisiones de esa naturaleza deberían ser creadas en un contexto de transición política, que no es el caso actual”, ensayaron los uniformados una descripción de la coyuntura que obligue a dar vuelta la página de la historia. “La creación de una comisión de verdad, en estos días, carece de sentido, considerando que Brasil superó muy bien esa etapa de su historia, en comparación con otros países del continente que todavía hoy viven consecuencias negativas de los períodos históricos similares”, agregan en el primer punto de su carta.

En segundo lugar, los integrantes de las Fuerzas Armadas celebran que el Supremo Tribunal Federal se haya negado en abril del año pasado a revisar la Ley de Amnistía, que desde 1979 deja sin castigo a los represores de la dictadura que se extendió desde 1964 hasta 1985. A fin de 2010, la vigencia de esa ley le valió al gigante del sur una condena de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Pero, según los agentes, lo único importante es la decisión de la máxima instancia judicial brasileña: “Extinguió las pretensiones de los grupos deseosos de buscar castigo a toda costa contra los agentes del Estado que cumplieron con sus respectivas misiones en el período considerado”.

Según los militares, la reconstrucción de lo sucedido no servirá para cicatrizar las heridas sino para todo lo contrario. “Provocará tensiones y serias desavenencias al traer una nueva discusión sobre hechos que ya fueron superados”, insisten los militares, que en otro ítem reconocen el derecho legítimo de las familias a buscar a sus desaparecidos. “Pero el valor de esa causa noble no habilita a promover represalias y a mantener encendida esta cuestión superada”, insisten en la misiva.

En el quinto punto, añaden: “Se trata de un asunto delicado el de resucitar una discusión sobre los actos del gobierno militar, ya que no contribuye a la paz nacional, considerando que ese gobierno no fue derrumbado por fuerzas políticas sino por un proceso lento y gradual de transición y de devolución del poder a los civiles, promoviendo una verdadera revolución nacional”. Desde aquellos años, las Fuerzas Armadas dieron pruebas de su respeto a los principios constitucionales, escribieron los militares. “Cabe resaltar que en comisiones de esa naturaleza que pretenden una reconstrucción histórica de los hechos deben prevalecer los principios de equidad y de isonomia, con representantes de todas las partes involucradas, para evitar una visión distorsionada y maniquea de la realidad”, concluyen.

El Ministerio de Defensa brasileño dijo que la carta no era actual y que reflejaba una controversia terminada. Según un comunicado de esa dependencia, el Ejército escribió ese punteo a pedido de esa misma cartera. “El ministro de Defensa, hablando por sí y por las tres fuerzas, reitera su compromiso para trabajar por la aprobación en el Consejo Nacional del proyecto”, se leía en la gacetilla en la que Jobim se refería a la propuesta de creación de una Comisión de Verdad.

Desde los organismos de derechos humanos hubo repudio por la declaración castrense. “Los militares tienen una posición retrógrada”, dijo a Página/12 Victoria Grabois, vicepresidenta del Grupo Tortura Nunca Mais de Río de Janeiro. Pero también se repartieron críticas a la iniciativa que se promueve desde el Ejecutivo brasileño, porque no implica justicia para las víctimas del régimen militar. “El proyecto que fue enviado por el gobierno no es lo que necesitamos. El gobierno prevé que los militares participen de esa comisión, pero nosotros entendemos que no deben hacerlo”, remarcó Grabois. La mujer que perdió a gran parte de su familia en la represión de Araguaia concluyó: “Es un tema complicado porque el gobierno no tiene una postura firme”.

Informe: Luciana Bertoia.