Una ofensiva judicial alentada por sectores golpistas hace peligrar en Honduras el pacto que permitió el regreso, a dos años del golpe, del presidente derrocado Manuel Zelaya. La semana pasada, el juez Claudio Aguilar, del Tribunal Penal de Tegucigalpa, procesó por corrupción y dispuso el arresto domiciliario al ex ministro de la Presidencia de Zelaya, Enrique Flores Lanza. El magistrado lo acusa de haber desviado fondos públicos en 2009 para financiar un referéndum, declarado ilegal por la Justicia, para eventualmente permitir la reelección de Zelaya.

La decisión del juez disparó la inmediata reacción del presidente de Honduras, Porfirio Lobo, quien propuso nombrar una Comisión de Juristas para revisar el arresto del ex ministro zelayista. “Voy a sugerir una comisión de juristas internacionales que vengan y revisen estos casos, para que garanticemos que lo que se haga esté apegado a la ley”, dijo el mandatario.

Sin embargo, Lobo hizo saber que la detención del funcionario zelayista no viola el acuerdo que posibilitó la esperada vuelta de Zelaya de su exilio en República Dominicana. “Ratificamos la posición y el compromiso de cumplimiento del Acuerdo de Cartagena”, declaró ayer la delegada presidencial de Lobo, María Antonieta Guillén.

El llamado Acuerdo de Cartagena se aprobó el mes pasado con la mediación de Venezuela y Colombia. Según el pacto, los gobiernos de la región permitieron el reingreso de Honduras a la Organización de Estados Americanos, levantando la suspensión que le habían impuesto por el golpe de 2009. A cambio, el gobierno hondureño se comprometió retirar las denuncias judiciales en contra de Zelaya y sus colaboradores, en aras de la pacificación del país.

Aunque el presidente hondureño aseguró que el acuerdo no fue violado, los zelayistas no opinan lo mismo. El ex presidente llamó a una movilización popular. “Vamos a defender los derechos de Enrique Flores Lanza y de otros hondureños que sufren persecución, represión y exilio”, señaló en un comunicado del Frente Nacional de Resistencia Popular.

Flores Lanza es uno de los colaboradores más cercanos que tuvo Zelaya durante su presidencia. El juez Aguilar lo procesó por abuso de autoridad, fraude y malversación de caudales públicos, y le fijó una fianza de un millón y medio de dólares, cifra que Flores Lanza hasta ahora no pudo conseguir.

En diálogo con Página/12, el líder de la Comisión Coordinadora Internacional de Vía Campesina, Rafael Alegría, sugirió que sectores golpistas habrían influido sobre el juez que detuvo al ministro zelayista.

“Una medida de esta naturaleza es algo jamás visto en Honduras. Esto nos hace pensar que se trata de una persecución política contra Flores Lanza”, dijo el dirigente. “Se trata de una gran violación al acuerdo político firmado entre Porfirio Lobo y Manuel Zelaya. Es claro el pacto, que dice que ex funcionarios de Zelaya, siendo querellados con un fiscal, tienen el legítimo derecho de defenderse en libertad y a no ser perseguidos o condenados de antemano, como ahora”, agregó el dirigente rural, quien tuvo una participación activa en la resistencia al golpe cívico-militar de 2009, encabezado por Roberto Micheletti.

El dirigente agregó que la situación ameritaba la intervención de los mediadores internacionales. “Daremos conocimiento al Comité de Seguimiento y Verificación, que con el canciller venezolano Nicolás Maduro son los responsables de garantizar el cumplimiento de este acuerdo”, explicó Alegría. El dirigente opinó que la detención del ex ministro es un primer paso. Alegría dijo contar con información de que el Ministerio Público se prepara para investigar a Zelaya por evasión impositiva. “Esto puede ocurrir y no hay nada que haga suponer que no lo puedan hacer. Eso pone en precariedad absoluta el Acuerdo de Cartagena y también pone en una situación delicada la estabilidad de la nación. Sólo nos hace pensar que está reinando a todas luces el michelettismo.”

Informe: Juan Nicenboim.