“La principal enseñanza del proyecto SAC-D Aquarius es que las entidades de la esfera pública pueden y deben trabajar en conjunto”, sostiene Martín Isturiz, coordinador del Grupo de Gestión de Políticas de Estado en Ciencia y Tecnología –que incluye científicos de distintas especialidades y provincias del país–. Para el satélite, el investigador destaca el vínculo entre la Comisión Nacional de Actividades Espaciales (Conae), que condujo el proyecto, y la empresa estatal Invap, que participó en la construcción. Sin embargo, según Isturiz, esta feliz articulación aún falta registrarse en muchos otros campos de la ciencia y la tecnología: para erradicar la vinchuca que trasmite el Chagas, para el saneamiento del Riachuelo, para eliminar el arsénico del agua potable (que afecta a 12 millones de personas); tampoco, todavía, se concretó la acción coordinada para la producción pública de medicamentos. Isturiz destaca el rol del sector público: “Hay un discurso que identifica la transferencia de tecnología con las empresas privadas y no es así: muchas cosas pueden transferirse directamente de los organismos públicos a la sociedad”.

–En el satélite SAC-D Aquarius, se articularon especialmente la Conae, que depende de Cancillería, e Invap, empresa estatal de la provincia de Río Negro. Es fundamental que esta integración haya sido entre instituciones públicas; las patentes que genere serán públicas también. Contar con tecnología propia en radares, como los que construye Invap, o en satélites, es una cuestión de soberanía. El Aquarius servirá, entre otras muchas cosas, para monitorear el mar argentino y detectar la pesca ilegal. Y el país que no tenga satélites, cuando necesite información satelital estratégica, deberá pagarla, porque la tecnología se paga –afirmó Isturiz, que es investigador en la Academia Nacional de Medicina.

–En otras áreas vemos mucha fragmentación. Un problema importante y poco mencionado es la presencia de arsénico en las napas: entre dos y cuatro millones de personas en unas 12 provincias están afectadas por este tóxico de origen natural. El problema no se puede resolver sin una coordinación entre municipios, provincias y organismos de ciencia y técnica. El INTI armó ya un cuadro donde se localizan los problemas y las necesidades y definió metodologías y costos. Incluso se conectó con las autoridades de Santa Fe y Chaco y encara la experiencia de eliminar el arsénico del agua en poblaciones de esas provincias. Pero esto debería ser parte de una política nacional, y en ese nivel no se ha manifestado voluntad de coordinación. Hay que nuclear a todos los organismos que trabajen el tema. Mientras tanto, en distintos lugares hay proyectos desconectados, que no comparten ni complementan tecnologías para el mismo problema.

–El Ministerio de Ciencia y Tecnología y también el Gabinete Científico Tecnológico (Gactec), creado por ley en 1996 para establecer las políticas de ciencia y técnica: está formado por todos los ministerios donde hay organismos de ciencia y técnica, que hoy son siete. Pero el Gactec nunca fue operativo.

–El saneamiento de cuencas fluviales, como Matanza-Riachuelo o Reconquista. Lo que se intenta ahora en Riachuelo-Matanza obedece a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia en una causa determinada, no a una decisión política del Estado. Y aquí también, para que las soluciones sean efectivas, hacen falta coordinaciones interdisciplinarias y, en este caso, interjurisdiccionales. Es imposible resolver el problema mediante acciones fragmentarias.

–Sin duda, como también los hay en cuanto a la producción pública de medicamentos. El tratamiento en el Senado de la ley para ordenarla iba a ser el 1º de junio pero se postergó para el 29. Hay presiones y vacilaciones, como las hubo también en Diputados, que le dio media sanción. Recordemos que, en 2007, 25 laboratorios públicos se organizaron en una red nacional, con el soporte tecnológico del INTI. Los organismos, provinciales, nacionales, universitarios, municipales, estaban desconectados, reducidos a problemas sectoriales o locales. La idea era racionalizar la producción y la compra de insumos y plantear la investigación en convenios con organismos de ciencia y técnica y con universidades nacionales; cubrir las necesidades básicas asistenciales bajando los costos y regulando el mercado. El proyecto fue adoptado por Graciela Ocaña, cuando fue ministra de Salud, pero el ministro Juan Manzur lo dejó caer.

–En la construcción de viviendas económicas. El Centro Experimental de la Vivienda Económica (CEVE), del Conicet, tiene hallazgos como el aprovechamiento del plástico de botellas descartables para construir ladrillos. Concretó proyectos en algunas localidades pero, al no estar conectados con los planes oficiales de viviendas económicas, quedan como hechos aislados.

–El INTI es un modelo en transferir los conocimientos a la sociedad. Generó cooperativas textiles con desocupados. Propició emprendimientos de pequeños y medianos productores agropecuarios para elaborar productos lácteos sobre la base de tecnología adaptada a microescala. Tiene proyectos para criaderos de pollos donde la “cama de los pollos”, formada por plumas, pasto y materia fecal, se usa para generar biogás. Pero estos proyectos deberían potenciarse y esto depende de voluntades políticas por encima del INTI: decisiones nacionales, provinciales o municipales.

–Históricamente los organismos de ciencia y técnica como el INTI, el INTA, el Inidep (Instituto Nacional de Investigación y Desarrollo Pesquero), el Segemar (Servicio Geológico Minero Argentino), han funcionado en forma fragmentada. Y no siempre el Conicet se preguntó para qué sirve lo que sus investigadores hacen. El conocimiento utilizable debe ser transferido, y no necesariamente a empresas. Hay un discurso que se apura a identificar la transferencia de tecnología con la transferencia a empresas, y no es así: para algunas cosas sí puede serlo pero otras pueden transferirse directamente desde los organismos públicos a la sociedad.