La última declaración pública de Ramón Arosa en los Tribunales de Retiro aún es memorable. Arrinconado por las preguntas de los fiscales, el primer jefe de la Armada de la democracia recordó lo que alguna vez escribió en un libro: que la operación de infiltración de Alfredo Astiz en el grupo de la Iglesia Santa Cruz resultó “exitosa” pero que el “error” de la Marina fue no haberlo “apartado” y, en cambio, haberlo enviado inmediatamente a otra operación en Francia, donde lo reconocieron los ex secuestrados. La declaración de Arosa como testigo generó ya sus primeros efectos: el grupo Kaos, integrado por Rodolfo Yanzón y otros abogados, pidió al Tribunal Oral Federal 5 a cargo del juicio por la ESMA que separe la declaración para impulsar una investigación sobre el ex jefe de la Armada.

Pero eso no es lo único que sucedió. Un día después de la declaración, una sobreviviente de la ESMA revisó archivos convencida de que había algo más sobre el marino. Encontró una nota firmada por Arosa de diciembre de 1986, y enviada a la Justicia Federal de San Isidro, con una lista de 30 nombres de militantes políticos de la organización Montoneros que supuestamente habían participado del secuestro de un empresario de la Mercedes Benz. Los nombres recogidos en base a datos de “agentes competentes” –según la nota– llegaron al despacho del entonces juez Daniel Alberto Piotti y desencadenaron pedidos masivos de indagatorias para los ex militantes, pocos de los cuales sin embargo aún estaban vivos. Para los sobrevivientes, el dato no es poco importante. Graciela Daleo estuvo secuestrada en la ESMA, es querellante del juicio oral que se lleva adelante en Comodoro Py y fue una de las imputadas en el marco de aquel expediente. Para ella, la nota firmada por Arosa parece hecha en base a información que los servicios de inteligencia arrancaron bajo tortura a los prisioneros. O con algún tipo de archivo que la Marina siempre negó tener.

El expediente

Después de la ley de punto final, en 1986, el Congreso dio un plazo de 60 días para terminar de encausar a militares y militantes políticos. En San Isidro, el hombre que más adelante se transformaría en jefe de seguridad de Eduardo Duhalde, llevaba la causa de Heinrich Metz, de la Mercedes Benz, secuestrado en octubre de 1975, por el cual Montoneros reclamó un rescate y mejores condiciones para los trabajadores. Arosa mandó la lista con los nombres como respuesta a un oficio. La nota de carácter reservado llevaba la identificación número 243/86/AJAR, AZ3, del día 18 de diciembre de 1986, con la firma y el sello de Arosa como vicealmirante, jefe del Estado Mayor General de la Armada.

“De acuerdo con la información suministrada por los organismos competentes –dice la nota–, informo que como integrantes de la Columna Oeste de la organización Montoneros pudo detectarse, en su oportunidad, a...”. Y a continuación Arosa transcribió una lista de 30 nombres y apellidos y luego una enumeración de 27 apodos de quienes no se pudo “precisar su identidad”.

“Recorrer esos nombres da cuenta de cuáles son los ‘organismos competentes’ a los que se refirió Arosa”, dice ahora Daleo. “Y cómo es que pudieron ‘detectarse en su oportunidad’ a esas personas”, porque para que se entienda –aclara– los nombres de las listas son, entre otros, los de Graciela Alberti, Ricardo Soria, Gustavo Grigera, Jorge Mendé y Alejo Mallea, por ejemplo. Todos ellos son víctimas de quienes actuaron en la ESMA. “De Gustavo Grigera sólo entregaron el cadáver; los demás permanecen desaparecidos. Otros, como Roberto Ahumada y Raúl Cubas, fueron liberados después de las torturas y de permanecer desaparecidos en la ESMA más de dos años.”

La lista no incluyó sólo a víctimas de ese centro clandestino. Estaba María Antonia Berger, sobreviviente de la masacre de Trelew, luego secuestrada y desaparecida. También Norberto Gómez, secuestrado y asesinado por las patotas de Azopardo-Atlético. El juez Piotti indagó a todos los que pudo. “Obscena decisión la de un juez –explica Daleo– que durante esos años decidió imputar a desaparecidos y asesinados.”

El presente

Arosa obtuvo el retiro voluntario de la Armada el 1º de febrero de 1990. En 1996 volvió a revistar como retirado en servicio, pero en 2007 la entonces ministra de Defensa, Nilda Garré, dio de baja el contrato. Durante la dictadura, llegó a tener la jerarquía de capitán de navío como Jorge Raúl Vildoza, imputado de ESMA, pero además llegó a ocupar la jefatura del Comando de Operaciones Navales, la segunda autoridad naval de la Armada. Según los datos de Defensa y del CELS, el 24 de septiembre de 1979 volvió al país desde los Estados Unidos para ingresar al Departamento de Operaciones del Comando de Operaciones Navales en Bahía Blanca. El 29 de enero de 1980 lo nombraron jefe del Estado Mayor del Comando Naval, se quedó en Bahía Blanca hasta el 19 de diciembre de 1980. Luego pasó a ser comandante de la División Corbetas; subsecretario general naval y jefe de la Casa Militar en Presidencia de la Nación, hasta que asumió Raúl Alfonsín, cuando pasó a ser jefe del Estado Mayor General de la Armada.

Más allá de los datos puntuales del ascenso, y posibles responsabilidades, uno de los puntos más importantes de su legajo para las causas de lesa humanidad es su presencia en el Comando de Operaciones Navales (CON). En este momento, los juicios avanzan sobre dos tipos de autores: directos y mediatos, altos mandos que son responsables por la cadena de mandos. Arosa no está imputado hasta el momento. Sin embargo, uno de los fiscales de Bahía Blanca indica que hombres de su misma jerarquía fueron imputados en esa ciudad por hechos de 1976 y 1977. Bahía Blanca no tiene hasta ahora víctimas denunciadas de los años en que estuvo Arosa, pero como el CON tenía jurisprudencia en todo el país podría ser responsable por otros casos –como en ESMA, por ejemplo– si se aplican los criterios con los que se juzgó hasta aquí.