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La Corte Penal Internacional de La Haya (CPI) aumentó la presión sobre el líder libio, coronel Muammar Khadafi, al dictar una orden de detención acusándolo de asesinatos masivos de sus opositores. La CPI también pidió el arresto de Saif al Islam Khadafi, el mayor de los hijos del líder libio, que la Corte describe como el “primer ministro de facto” y de Abdullah al Senussi, el jefe de seguridad, diciendo que había “motivos razonables” para creer que los tres eran responsables de un plan para “sofocar e impedir por todos los medios” que las manifestaciones civiles de febrero contra el gobierno de 41 años de Khadafi.

Aunque no resulta claro cómo la CPI, que no tiene una fuerza policial a su disposición, podrá hacer cumplir las órdenes de captura, muchos esperan que la movida profundice el aislamiento del líder libio, apurando su partida. Otros temen que el anuncio de la corte convenza a Khadafi y a sus socios más cercanos de que no tienen nada que perder al aferrarse al poder: podrían tener que enfrentarse a un juicio si se exilian voluntariamente.

La decisión de la Corte, que tiene su sede en La Haya, es el final de un proceso que comenzó con las Naciones Unidas en marzo. El fiscal de la CPI, Luis Moreno Ocampo, quien dictó las órdenes de detención, dijo que eran esenciales para “evitar que ellos cubrieran los crímenes actuales y los crímenes futuros”.

Khadafi ha desafiado los llamados a que renuncie, y sus funcionarios acusan a la CPI de encabezar una campaña contra los líderes africanos mientras ignora los crímenes cometidos por la OTAN en Afganistán, Irak “y ahora en Libia”. “La CPI no tienen ninguna legitimidad. Ya trataremos con ella. Todas sus actividades están dirigidas a los líderes africanos”, dijo el vocero del gobierno libio Moussa Ibrahim, antes del anuncio de la Corte.

La CPI, establecida en 2002, ha gozado de un éxito relativo, y tanto Estados Unidos como Israel “no han firmado” anteriores ratificaciones del tratado basado en la Corte, emitiendo órdenes de arresto dos veces al presidente sudanés, Omar al Bashir, por cargos de genocidio y crímenes contra la humanidad, pero el líder africano sigue en libertad y continúa viajando a países amigos.

William Hague le dio una calurosa acogida a la movida y advirtió que otros funcionarios del régimen podrían enfrentarse a un destino semejante si continuaban cooperando con los ataques sobre civiles. “Las órdenes de arresto demuestran además por qué Khadafi perdió toda legitimidad y por qué debe irse inmediatamente. Sus fuerzas siguen atacando a los libios sin piedad y esto debe detenerse”, dijo el canciller británico.

Moreno Ocampo dijo en su informe a la Corte el mes pasado que Khadafi personalmente había planeado una “política de ataques sistemáticos contra civiles” y que su plan “incluía expresamente el uso de fuerza letal contra los manifestantes”.

En Benghazi, la ciudad al este que cayó en manos de los rebeldes después de días de feroz lucha en febrero, los residentes celebraron la orden y dijeron que descartaban la posibilidad de que Khadafi hablara de irse durante el conflicto. “Después de esta orden, todo es irrelevante”, dijo el vocero rebelde Jalal al Galal. “No podemos negociar con criminales de guerra. El mundo ha confirmado lo que decimos desde el comienzo. Es un criminal de guerra y debería ser juzgado por ello.”

Los rebeldes siguen siendo la mejor oportunidad de arrestar a Khadafi, pero sólo han hecho adelantos limitados hacia la capital, Trípoli, aun después de que la ONU impusiera una zona de exclusión aérea en marzo para evitar que el régimen atacara a civiles.

* De The Independent de Gran Bretaña. Especial para Página/12.
Traducción: Celita Doyhambéhère.