A menos de dos meses de que se celebren las elecciones generales en Guatemala, la ex primera dama Sandra Torres –quien se presenta por la coalición oficial Unidad Nacional de la Esperanza y Gran Alianza Nacional (UNE-GANA) y representa al oficialismo– sostiene una batalla legal para que su candidatura sea aceptada por el Tribunal Supremo Electoral. El general retirado Otto Pérez Molina, precandidato del derechista Partido Patriota (PP), hombre fuerte de la oposición y favorito en los sondeos para alzarse con la presidencia, fue denunciado ante la ONU por la organización indígena Waqib Kej por su presunta participación en delitos de genocidio y tortura de indígenas en la década de los noventa. Además de Pérez Molina, el TSE y la Corte Suprema de Justicia guatemalteca avalaron las candidaturas presidenciales del académico Eduardo Suger, del partido opositor Compromiso, Renovación y Orden (Creo); de Mario Estrada, de la Unión del Cambio Nacional (UCN), y de Juan Gutiérrez, del Partido de Avanzada Nacional (PAN).

El TSE y la CSJ le han negado su inscripción a Torres por considerar que cometió “fraude de ley” al divorciarse del presidente Alvaro Colom, con el fin de lanzarse como candidata. La Constitución de Guatemala prohíbe a los familiares del mandatario de turno aspirar tanto a la presidencia como a la vicepresidencia. Torres podría acudir, como último recurso para lograr inscribir su candidatura, a la Corte de Constitucionalidad, máxima instancia jurídica del país. El ex pastor evangélico Harold Caballeros es otro de los precandidatos que lleva adelante una batalla legal para ser reconocido de cara a las elecciones de septiembre. El TSE rechazó su inscripción por considerar que tiene impedimentos legales al haber sido ministro de la iglesia Shaddai, a la que renunció en 2006. Caballeros es apoyado por la coalición Visión con Valores y Encuentro por Guatemala (Viva-EG).

Las candidaturas presidenciales de Manuel Baldizán, de Libertad Democrática Renovada (Líder); Rigoberta Menchú, del Frente Amplio; Patricia de Arzú, del Partido Unionista (PU); Adela de Torrebiarte, de Acción de Desarrollo Nacional (ADN), y Alejandro Giammattei, del Centro de Acción Social (CASA), todavía no están autorizadas por el TSE.

No obstante, el TSE anunció que el 31 de julio, a más tardar, tendrá lista toda la documentación de los candidatos para poder imprimir las boletas de votación. Más allá de este anuncio, no ha dado un plazo concreto para la inscripción de los aspirantes a los cargos públicos.

El 11 de septiembre, Guatemala celebrará elecciones generales. Además del presidente y vicepresidente, durante los comicios generales se elegirán 158 diputados para el Congreso, 20 para el Parlamento Centroamericano y 333 alcaldes para el período 2012-2016.

Entretanto, el secretario general de la OEA, José Miguel Insulza, manifestó ayer su preocupación por la tensión política y los crecientes niveles de violencia que sacuden a la sociedad guatemalteca. “La magnitud de los desafíos que hoy enfrenta Guatemala, sobre todo los que provienen de la acción del crimen organizado, hace indispensable que la elección sea una muestra más de unidad nacional para fortalecer la democracia y respetar las instituciones ciudadanas”, advirtió Insulza. El titular de la OEA se mostró preocupado, especialmente, por la tensión provocada a partir de la indefinición que subyace sobre las candidaturas presidenciales. En este sentido, subrayó la importancia del respeto por las decisiones que se adopten y por la acción legítima del gobierno democrático que “fortalecerá el proceso político democrático en Guatemala”.

Los seguidores de Torres organizaron diversas manifestaciones en su apoyo. Insulza señaló que esas expresiones “fortalecen a la democracia, siempre que permitan la expresión pacífica de todas las preferencias políticas, en el marco del respeto a los mecanismos institucionales”. Insulza llamó a todas las fuerzas “a no afectar ni amenazar de manera alguna el trabajo de las instituciones del Estado y el gobierno”. Según el jefe de la OEA, tanto los actores políticos como el resto de la sociedad deben “propiciar un ambiente de tranquilidad para permitir que las instituciones desempeñen sus funciones, con la confianza de que se pronunciarán de acuerdo con la legalidad existente”.