La Comisión Valech hizo público ayer el informe con los nuevos casos de violación a los derechos humanos en la dictadura militar en Chile (’73-’90).

En el nuevo documento, de 55 páginas, publicado en el sitio web de la Comisión Asesora para la Calificación de Detenidos Desaparecidos y Ejecutados Políticos y Víctimas de Prisión Política y Tortura (www.comisionvalech.gov.cl), se consignan 8900 nuevas causas de prisión política y tortura, y 30 de detenidos desaparecidos y ejecuciones políticas. Galvarino Apablaza, ex jefe del Frente Patriótico Manuel Rodríguez (FPMR), asilado en Argentina con pedido de extradición, figura como torturado en la lista de la comisión.

La calificación realizada por el informe otorga pensiones que establecen las leyes 19.123 y 19.980, disponibles en la página web de la comisión y en la página de Internet del Congreso Nacional (www.bcn.cl).

“El gobierno espera que el cierre de este proceso y el reconocimiento que realiza contribuyan a la consolidación de una sociedad chilena capaz de construir una convivencia democrática basada en la tolerancia y el respeto de los derechos de cada persona”, dice el comunicado oficial.

En el documento, la entidad encabezada por la abogada María Luisa Sepúlveda subraya que esta nueva fase del trabajo de la comisión reafirma que el país sufrió entre 1973 y 1990 una política de Estado en materia de violaciones de derechos humanos. “Esta constatación refuerza la responsabilidad del Estado de Chile en relación con el reconocimiento y reparación de las víctimas”, dice el documento.

Junto al trabajo realizado por otras instancias para abordar los casos de violaciones de DD.HH., el informe reafirma la esperanza de que esta nueva instancia ayude a que hechos como éstos no vuelvan a ocurrir. La comisión inició sus funciones el 17 de febrero de 2010. Finalmente, calificó casi 10 mil nuevos casos, tras recibir 622 casos de detenidos desaparecidos y ejecutados políticos, que corresponden a desapariciones forzadas y ejecuciones extrajudiciales por motivos políticos, y a víctimas de violencia política, y 31.831 solicitudes de calificación de personas que declararon haber sido víctimas de prisión política y tortura.

Asimismo, a la comisión fueron presentados 224 casos correspondientes a situaciones ya calificadas por comisiones anteriores por los mismos hechos declarados a esta comisión, los cuales no ingresaron en el proceso de calificación.

Por su parte, la Corporación de Defensa y Promoción de los Derechos del Pueblo (Codepu) se mostró disconforme por las bajas cifras de acreditaciones de casos de tortura. El secretario ejecutivo, José Araya, dijo a Radio BioBio Chile que sólo 8900 casos fueron acreditados, de más de 30.000 que se presentaron a la comisión. Araya además señaló que es necesario instaurar una comisión permanente que garantice el respeto a los derechos humanos y que no sólo revise lo ocurrido en dictadura.

“No hemos tenido comisiones con una temporalidad definida, lo que ha sido ampliamente cuestionado. Nosotros pensamos que lo adecuado sería que hubiera dentro de nuestro sistema institucional un espacio donde permanentemente se pudieran revisar los casos que no han sido evaluados. También que pudiera ser una instancia de apelación de aquellas personas que puedan aportar nuevos antecedentes y recoger casos nuevos si los hubiera más adelante. Creo que eso debería ser razonablemente una política de Estado en el futuro”, dijo el secretario general de la Codepu.

Uno de los que figuran en la lista es Galvarino Apablaza, acusado de ser el autor intelectual del asesinato del fundador de la UDI, Jaime Guzmán. Apablaza fue detenido en Argentina en 2004, pero su extradición a Chile fue rechazada. A partir de octubre, podría presentar la solicitud para ser beneficiado con la pensión de reparación. Su caso abrió un frente de conflicto diplomático entre las autoridades chilenas y el gobierno de Cristina Fernández de Kirchner, quien le concedió refugio político. Esto motivó fuertes declaraciones de repudio del presidente Sebastián Piñera y del oficialismo, además de un reclamo formal.