Por primera vez en los casi tres años que lleva el juicio oral donde es el acusado estrella, Carlos Menem decidió hablar. Con la voz ronca, pausada y temblorosa proclamó su “absoluta y total” inocencia. Su argumento fue que se “limitó a firmar los decretos” de exportación de material bélico a Venezuela y Panamá, pero “no podía ir a la Aduana para verificar si iban al destino determinado” o si cambiaban de rumbo, como ocurrió. “Todos los trámites” de aquella operación por la cual las armas fueron a parar a Ecuador y Croacia “escaparon al control del presidente”, dijo el riojano ante el Tribunal Oral en lo Penal Económico 3 (TOPE3). La sentencia se conocería después del martes 13 de septiembre, día de la última audiencia, y en esa misma semana. Los fiscales Mariano Borinsky y Marcelo Agüero Vera pidieron en diciembre una condena de ocho años de prisión para Menem por contrabando y su desafuero como senador para poder detenerlo.

Menem ya había sido citado para decir sus “últimas palabras” en el juicio por la venta ilegal de armas el 9 de agosto último, pero dijo que tenía un chequeo médico programado por sus problemas cardiovasculares, aunque por esos días se la pasó haciendo campaña y caravanas proselitistas por su provincia. El tribunal le dijo que el planteo carecía de “seriedad” y lo conminó a presentarse, de ahí su aparición de ayer en la recta final. Expuso unos pocos minutos en los que repitió varias veces que está seguro de que “la sentencia va a ser favorable para los que intervenimos en todos los trámites que se llevaron a cabo para la exportación de las armas objeto de esta causa”. Insistió en que está convencido de que los jueces, a la hora de fallar, van a tener en cuenta que él no podía saber cuál era el destino real del armamento.

Menem está acusado de haber firmado dos decretos en 1991 y 1995 que autorizaron la venta de 6500 toneladas de armamento a Panamá y Venezuela, pero que fueron desviadas a Croacia y Ecuador, países con los que estaba prohibida la comercialización de armas por una resolución de la ONU. Cuando hicieron su alegato, los fiscales consideraron probado que el ex presidente sí conocía el verdadero destino del material exportado. Algunos elementos que tuvieron en cuenta y que, sostienen que lo comprometerían, explicaron allegados a la causa, son:

- Cables diplomáticos de la ex Yugoslavia que advertían sobre la situación de conflicto bélico y la inconveniencia de que funcionarios viajaran a la zona. O si lo hacían, se recomendaba que visitara a todos los países enfrentados. Menem fue, pero únicamente a Croacia, destino de parte de las armas.

- Como ex embajador en Panamá, Juan Bautista “Tata” Yofre –también ex jefe de la SIDE– declaró que era imposible que ese país comprara armamento de otro que no fuera Estados Unidos. La ex embajadora en Venezuela May Lorenzo Alcalá sostuvo que no había vínculo comercial alguno entre ese país y la Argentina.

- Esteban Caselli, ex subsecretario de la Presidencia en el menemismo, declaró que el propio Menem le ordenó mantener a Luis Sarlenga -–también acusado– en el cargo de interventor de Fabricaciones Militares. Esto fue entre la firma de los dos decretos. El ex ministro de Defensa Oscar Camilión le dijo que le llamaba la atención que justo lo estaba por desplazar.

- El ex embajador argentino en Lima Arturo Ossorio Arana envió cables confidenciales en 1995 unos días antes de que saliera el primer embarque de armas hacia Ecuador. Ecuador estaba en guerra con Perú y Argentina era garante de paz. El envío salió igual.

- El ex senador radical Antonio Berhongaray testificó que en 1993, antes de que saliera a la luz la venta ilegal de armas, había pedido informes, que llegaron a ser más de diez. Miguel Angel Toma, por entonces menemista, declaró que no se abrió ninguna investigación porque no era el momento; y cuando le preguntaron cuál era dijo palabras más palabras menos “el termómetro nuestro es cuando la cuestión toma estado mediático”.

Al pedir los ocho años de prisión para Menem, la fiscalía sostuvo la gravedad de los hechos, su permanencia en el tiempo, su condición de jefe de Estado y la violación del embargo de armas contra Croacia dispuesto por Naciones Unidas. La Aduana, que es querellante, pidió cinco años de pena.

El ex ministro de Defensa Oscar Camilión también dijo sus “últimas palabras” y sostuvo que haber firmado los decretos no lo hace culpable de contrabando. El material exportado era “obsoleto” e “inútil”, definió. El ex jefe de la Fuerza Aérea brigadier Paulik dijo carecer de “atribuciones para impedir la salida del país de la mercadería si toda la documentación está en regla”. “No participé de ningún plan”, se defendió. Teresa Irañieta de Canterino, jubilada de Fabricaciones Militares (FM), dijo que “sólo” fue “una simple empleada administrativa” que recibía “órdenes”. Las últimas audiencias serán el 6 y 13 de septiembre, cuando hablarán ex funcionarios de FM. En total los acusados son 18, entre ellos el ex asesor presidencial Emir Yoma y el presunto traficante de armas Diego Palleros. El juicio empezó el 16 de octubre de 2008 y declararon 383 testigos.