Desde La Paz

La Octava Marcha Indígena anunció que retomará su caminata hacia La Paz no bien se reagrupen en la localidad de San Borja –a 400 kilómetros de esta ciudad–. Allí ya hay 500 manifestantes. En la localidad beniana de Rurrenabaque hay otros 250, que fueron rescatados por la población el lunes, cuando los policías estaban por meterlos en un avión Hércules rumbo a la sede del gobierno. Unos 250 indígenas más siguen dispersos, muchos en la selva, varios desa-parecidos, y se sospecha que hay muertos luego de la represión policial del domingo pasado. La crisis en el gabinete de Evo Morales se pronunció ayer con la renuncia del ministro de Gobierno (Interior), Sacha Llorenti, aunque aún no se sabe quién ordenó la violencia de los uniformados hacia niños, ancianos, mujeres y hombres de los 36 pueblos originarios del país.

El presidente Evo Morales dijo el lunes que había decidido suspender la construcción de la ruta que atravesaría al Territorio Indígena Parque Nacional Isiboro Sécure (Tipnis), de un millón de hectáreas, propiedad de los pueblos Chimán, Yuracaré y Mojeño. Y propuso hacer un referéndum en Beni y Cochabamba, los departamentos donde está el Tipnis. Pero los indígenas en la marcha rechazaron esta propuesta. “No vamos a permitir que se haga eso porque es ilegal. La Constitución Política del Estado menciona que se tiene que hacer la consulta previa, libre e informada sobre cualquier megaproyecto que se quiera hacer en los territorios de los pueblos indígenas”, dijo a Página/12 Felzy Gonzáles Lurice, del pueblo Tacana, en el norte amazónico de La Paz.

Pero la consulta previa a los indígenas nunca se hizo. El gobierno planteó realizarla ahora, cuando el proyecto carretero se inició en 2008. “No vamos a permitir que la carretera parta al Tipnis. Que la hagan por otro lado, no estamos diciendo nosotros que no hagan la carretera”, dijo Gonzáles, presente en la vigilia que realizan decenas de indígenas en las puertas de la Iglesia de San Francisco, en esta ciudad.

“El (Morales) debía habernos consultado antes de meter las maquinarias en el Tipnis, antes de firmar el contrato con OAS (empresa brasileña encargada de la construcción de la obra). Ese fue el gran error de nuestro presidente. Somos indígenas, no somos estudiosos, pero sabemos que así vulnera los derechos de los pueblos indígenas que están en la Constitución”, dijo a este diario Cecilia Moyubiri Moye, del pueblo Yuracaré, nacida y criada en el sur del área protegida. Para ella, la ruta no es necesaria porque los indígenas producen alimentos para sus comunidades y no para insertarlos en el mercado. Y dijo que los ríos del Tipnis son camino suficiente para ellos.

El domingo, en el momento de la represión del Estado Plurinacional, eran 1000 los manifestantes. Ahora, hay 500 reunidos en la Iglesia de San Borja, un poblado de 15.000 habitantes que apoya a los indígenas. Ayer aún llegaba gente de todas las edades, que se había perdido en la selva en el afán de escapar de los garrotazos de los 500 policías antimotines que habían tomado por asalto al campamento.

“Todavía se está buscando a los hermanos desaparecidos. Quedaron dispersados por todos lados. Seguramente mañana (por hoy) vamos a saber si hay muertos y cuántos son los desaparecidos”, dijo Gonzáles. La noticia de la renuncia de Llorenti (quien fuera presidente de la Asamblea Permanente de los Derechos Humanos) causó enorme alegría entre los manifestantes. Pero exigen la salida de otros tres ministros, quienes deberían –según los marchistas– responder ante la Justicia.“Pedimos también la renuncia de Carlos Romero (ministro de la Presidencia), de Walter Delgadillo (ministro de Obras Públicas) y de David Choquehuanca (canciller), porque ellos montaron todo un show para llegar a la represión contra los hermanos indígenas, que estaban en una marcha pacífica”, dijo el tacana.

Ayer por la mañana renunció el viceministro de Régimen Interior, Marcos Farfán, acusado por Llorenti de haber ordenado la represión implacable contra los indígenas. “El viceministro Farfán ha presentado su renuncia a objeto de someterse a una investigación. El tendrá que asumir responsabilidad sobre los sucesos del domingo”, dijo el que todavía era ministro de Gobierno. Pero la carta de renuncia de Farfán decía muy otra cosa. “Expreso mi desacuerdo pleno con la forma en que se procedió a la intervención de la marcha indígena en Yucumo, que ha respondido a una decisión operativa y no así proveniente del órgano ejecutivo ni de mi persona como parte del mismo”, dijo Farfán en su despedida.

El lunes ya había renunciado la ministra de Defensa, Cecilia Chacón, en repudio al accionar policial. Ayer hizo lo mismo María René Quiroga, directora nacional de Migración, dependiente del Ministerio de Gobierno.

Aunque el presidente había anunciado la suspensión de las obras, ayer seguían trabajando las maquinarias de OAS (siglas de Obrigado Amigo Sogro, “Gracias Amigo Suegro” en castellano). El subalcalde del Tipnis, Pedro Tamo, denunció que las aguas del río Isiboro se volvieron turbias, porque la empresa brasileña comenzó a construir un puente en su nacimiento. OAS se adjudicó la obra en 2008, por 415 millones de dólares, financiando 332 millones por un crédito del Banco Nacional de Desarrollo Económico y Social (Bndes) de Brasil. El resto lo paga Bolivia.