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Pocos declararon. Los que lo hicieron no permitieron preguntas ni de las querellas ni de la fiscalía. Uno fue el médico de policía Jorge Antonio Bergés, arrastrado en una silla de ruedas. “Nunca presencié ninguna tortura”, dijo pese a haber sido quien obligó a Adriana Calvo a limpiar la placenta del parto cuando dio a luz en el auto que la trasladaba de uno a otro centro clandestino. También declaró Jaime Lamont Smart, el ex ministro de Gobierno bonaerense. Durante casi dos horas, repitió en su coartada que “un ministro de Gobierno no sabía más que la gente común”, pero a la vez recomendó la lectura del fallo del Juicio a las Juntas en lógica de los dos demonios. Habló de límites que le marcó Camps, de un juicio sesgado, pero nunca logró explicar su contradicción principal: cómo en tres años de mandato no supo nada o por qué en 1976 decía que la policía iba a trabajar en la “lucha contra la subversión”, tarea para la cual anunció públicamente, en ese momento, que destinaba una partida de presupuesto extraordinario y el nombramiento de 30.000 efectivos.

El juicio por el Circuito Camps entró de esa manera en la etapa de indagatorias, previas al debate. En el teatro de la AMIA de La Plata, entre los 25 acusados, esperó su turno sentado el comisario Miguel Etchecolatz, que sin embargo no será indagado hasta la semana próxima. El Tribunal Oral Federal Nº 1 convocó en el comienzo a una pequeña lista. Alejandro Agustín Arias Duval, ex jefe del batallón de Inteligencia de la Provincia de Buenos Aires, lo único que subrayó ante los jueces fue que de chico le decían “Osito”. Eros Almilcar Tarela, uno de los jefes más brutales de la patota del Coti Martínez, se negó a declarar sobre “las infamias”, pero también dijo eso: que de chico, era “Peti” o “Petiso”. Luego alguien arrastró a Bergés hasta el medio del escenario. Y antes de empezar la indagatoria, cuando el Tribunal le preguntó por sus datos personales, desde la sala se escuchó una especie de reprobación colectiva: el médico de policía acababa de decir que vivía en la calle Madres de Plaza de Mayo. Después, agregó: “Ex Magallanes”.

No existía

“A mí me trasladaron a lo que han dado en denominar Puesto Vasco, que era la Brigada de Investigaciones: tampoco entiendo por qué se le dice centro clandestino cuando yo realicé exámenes médicos legales a determinadas personas”, dijo Bergés. “Nunca presencié ninguna tortura y en los exámenes médicos legales que hice nunca vi torturados”, explicó, pese a que entre la querellante Guadalupe Godoy, de Justicia Ya!, recordaba a Adriana Calvo. Tratando de explicar por qué se habla de médicos en la tortura, Bergés llegó hasta el hijo del poeta Leopoldo Lugones, Polo Lugones: “Inventó la picana eléctrica y en palabras textuales dice: ‘Que practicaba con los presos de la vieja cárcel de Las Heras’ y dice ‘que ahí había siempre presente un médico del ministerio que controlaba el trabajo’: ahí me di cuenta por qué muchas personas dicen eso”.

Smart

Smart encuadró su decisión de aceptar el cargo de ministro como un acto “por la patria”. Fue el único ministro de Gobierno civil de todo el país, según sus datos. Llegaba de Venezuela. Había integrado el inefable “Camarón”, la Cámara Penal Federal creada por la dictadura de Agustín Lanusse para juzgar a las organizaciones políticas y armadas, disuelta durante el gobierno de Cámpora. En este juicio está acusado como autor mediato de los crímenes del Circuito Camps porque de él dependía la estructura de policía: las comisarías reconvertidas en centros clandestinos dedicadas a interrogar, torturar y exterminar a las víctimas.

Smart estuvo tres años en el ministerio. Los cargos no necesitarían más pruebas que el organigrama, pero entre otras pruebas hay una declaración suya de diciembre de 1976, publicada en el diario La Nación, paradójicamente el mismo diario que en su editorial del viernes pasado hizo una defensa corporativa del ex funcionario. En 1976, Smart asumía la “lucha contra la subversión” y daba cuenta de que para esa lucha proveía suministros a las comisarías y recursos humanos, una partida de millones de pesos, 30.000 hombres, y vencida la guerrilla abogaba por avanzar con los “ideólogos”. Ese fue uno de los puntos al que volvieron los jueces.

Roberto Falcone le preguntó si durante los tres años en los que fue ministro no tenía conocimiento de lo que sucedía. Smart dijo que “no”.

–¿De los tiroteos que mencionó usted, no sabía nada?

–Sí –explicó–, por los diarios, las noticias que teníamos en los diarios. Yo creí hasta hace unos días que lo de la Calle 30 fue un enfrentamiento entre subversivos y las fuerzas militares. Salió en el diario El Día. No oí el cañonazo.

(...)

–La sede de su despacho, ¿a cuántas cuadras estaba de la seccional 5ª?

–No sé.

–¿No asistió nunca?

–No.

–¿Cuándo usted liquidaba las partidas de alimentos?

–¡Cómo voy a liquidar yo las partidas de alimentos! Es una pregunta capciosa.

–(...)

–¿Firmaba los expedientes?

–En las 24 horas que un ministro tiene no puede entrar en esas minucias.

–Usted describió cuál era el clima previo y dijo que había que luchar contra la subversión. ¿Usted recuerda una nota en el diario La Nación?

–Eso lo mantuve siempre, porque el primer encontronazo que tuve con autoridades militares fue porque lo que yo dije es que había que descubrir un grupo que había armado a los jóvenes, había universitarios, y a los jóvenes ideólogos.

En otros tramos, dijo: “La única opción que tenía era no aceptar el cargo”. Y luego, cuando las preguntas insistieron sobre qué sabía o qué no, explicó: “No se sabía nada. Cualquier averiguación que usted hiciera lo colocaba en lugar de sospecha”.

Los querellantes de los organismos de derechos humanos se sorprendieron. Para la fiscalía, integrada por Hernán Schapiro y Gerardo Fernández, pareció una declaración paradójica. “Si bien fue bien armada, no puede explicar cómo alguien que estuvo en un cargo tan importante, de tamaña entidad, podía estar ajeno cuando en realidad era quien tenía a cargo la provisión de recursos administrativos, económicos y humanos para la policía”, dijo Fernández. “Estuvo dos años más desde ese diciembre: los tres años más intensos de la represión en una función contundente, no hay defensa posible”, indicó.