Desde Beijing

La usina del milagro chino produce estragos. En 2010 más de 2600 trabajadores murieron en las minas de carbón: es el promedio anual. Al cierre de esta edición, equipos de rescate intentaban localizar a nueve trabajadores en la mina de Yunnan, suroeste del país, cuya explosión por un escape de gas el jueves pasado dejó un saldo provisional de más de 30 muertos, mientras que en Gansu, noroeste del país, hay ocho mineros atrapados por una inundación y se ignora si aún están con vida. Es fácil perder la cuenta. Hace poco más de diez días, en Henan, centro del país, Henan, murieron ocho personas y 52 fueron rescatadas con vida. El mismo viceprimer ministro chino, Zhang Dejiang, reconoció que la situación es sombría. “Este último accidente es una señal de alarma que deja en claro los problemas que plantea la prevención de accidentes”, señaló Zhang.

La señal de alarma está encendida desde hace más de una década. La profunda desregulación del sector en los ’90 deshizo los controles de la era maoísta para un recurso que aún hoy suministra un 70 por ciento de las necesidades energéticas del país. Resultado de esta desregulación fue la proliferación de miles de aventureros que se lanzaron al negocio del carbón, acicateados por la creciente demanda que producía el vertiginoso crecimiento económico chino. En su momento de apogeo había alrededor de 30 mil de estos pequeños emprendimientos. Con una supervisión prácticamente inexistente, el número de muertos era mucho peor que el actual. En 2002 más de seis mil trabajadores chinos perdieron sus vidas en las minas.

El cambio se debió a la decisión de apretar las clavijas regulatorias que adoptó a poco de asumir en 2002 la dupla del presidente Hu Jintao y el primer ministro Wen Jiabao. En un claro mensaje político de cambio de reglas, el premier Wen Jiabao celebró el año nuevo chino en 2003 descendiendo unos 2300 píes para almorzar con los mineros y exigir a su propio partido que aprendiera “lecciones que han costado mucha sangre”. Desde entonces, miles de explotaciones han sido cerradas por no cumplir con los requisitos de seguridad. La nueva normativa estipula que los directivos se sumerjan en las minas como virtuales garantes de la seguridad del lugar. En un efecto tragicómico de la explosión de la mina en Yunnan, la policía china detuvo el lunes a un directivo que se había embadurnado la cara con carbón para simular que había descendido con los trabajadores a las minas.

La aparente voluntad política del gobierno central choca con la estructura política de un país gigantesco como China, con el poder de los caciques regionales y con la demanda inagotable de una economía que ha crecido a más de un 10 por ciento anual en las dos últimas décadas. Este crecimiento ha convertido a China, primer productor mundial de carbón, en importador neto desde 2008. Las grandes minas estatales, que tienen mayores medidas de seguridad, no dan abasto con las necesidades del mercado interno. Según algunas estimaciones, las pequeñas empresas o las que dependen de los gobiernos provinciales o los municipios, extraen una tercera parte de la producción total china. Este poder local tiene un impacto nacional. A principios de 2006 Wen Jiabao se comprometió a cerrar unas 4 mil minas porque suponían un riesgo para la seguridad. En octubre de ese año el plan se postergó hasta 2010. Según la agencia oficial de noticias Xinhua, se debió a “la oposición de los gobiernos locales que consideran al carbón como una fuente de capital imprescindible por los ingresos impositivos y el empleo a nivel local”.

A pesar de estos zigzags políticos, el número de muertes por año ha descendido a casi una tercera parte, pero las cifras siguen siendo pavorosas y a los remedios les falta contundencia. El anuncio de la Agencia para la Regulación del Empleo de Beijing de un nuevo programa de seguridad para las minas poco antes de los accidentes en Yunnan, Henan y Gansu muestra los límites de los marcos regulatorios: la implementación es tan importante como la letra. En 2006 un informe de la Comisión Central para la Disciplina del Partido Comunista halló que 4878 miembros del partido tenían una participación económica en las minas con un capital total de alrededor de 91 millones de dólares. Un año más tarde, la Procuraduría Popular reveló que 46 miembros del partido eran responsables de violaciones de las normas de seguridad en nueve explosiones que habían causado la muerte de más de 200 mineros. Dos casos llamaban la atención. En Guandong, el ex subdirector para la Seguridad Laboral había recibido sobornos de 70 mil dólares mientras que dos altos dirigentes comunistas de la provincia de Shanxi habían ayudado a los directivos de una compañía a ocultar los cadáveres de 17 mineros muertos por una explosión de gas. Las campañas contra la corrupción arrancan en los años ’50 y se han multiplicado con la “Gaige Kaifang” (Reforma y Apertura) de Deng Xiao Ping en los ’80. Ninguna ha logrado erradicar el fenómeno de manera significativa. En agosto de este año, Hao Pengjun, jefe del departamento de Carbón de Pu, una localidad de la provincia minera de Shanxi, fue condenado a 20 años después de que lo hallaran culpable de operar ilegalmente una mina y usar sus ganancias para acumular decenas de casas. La condena y el hecho de que un directivo se embadurnara la cara son muestras de que hay avances en el terreno de la implementación. La inmensidad de China y el poder histórico de las regiones revelan las complicaciones de una política nacional.