El 19 de septiembre de 1973, el Premio Nobel chileno Pablo Neruda era trasladado raudo en ambulancia desde su casa en Isla Negra –pequeño pueblo en la costa de la zona central– hasta la Clínica Santa María, en Santiago. Su delicada salud había sido quebrantada aún más ocho días antes a causa del golpe militar encabezado por Augusto Pinochet. Las patrullas militares allanando sin respeto alguno, las desoladas calles y la gente manos arriba o contra un muro, rindiéndose ante los fusiles, fue el cuadro que recibió al vate en la capital chilena.

El cáncer de próstata que afectaba a Neruda se había agravado. Por ello, el embajador de México en Chile reservó una pieza para el poeta y ex embajador en la famosa clínica santiaguina. En la ambulancia lo acompañaba su mujer, Matilde Urrutia. Detrás de ellos, un Fiat 125 blanco no les perdía el paso. El auto era conducido por Manuel Araya, su chofer y uno de los más cercanos colaboradores de Neruda.

A pesar de los esfuerzos por reanimarlo, el 23 de septiembre de ese año, Neruda muere. Según los médicos, fue a causa de su cáncer. Verdad que se mantuvo como absoluta hasta ahora. Treinta y ocho años después, Manuel Araya, el conductor del Premio Nobel de Literatura, asegura que Pablo Neruda fue asesinado por agentes del régimen militar.

En ese escenario, el Partido Comunista de Chile, del cual Neruda formó parte, solicitó a la Justicia la exhumación de los restos de uno de los más grandes poetas de Chile, sepultado en su casa museo de Isla Negra frente al Océano Pacífico. La información la entregó el abogado Eduardo Contreras. El jurista presentó ayer ante el ministro en visita (juez con dedicación especial) Mario Carroza, tal solicitud. “La duda es: ¿le inyectaron Dipirona para calmarle los dolores del cáncer como dice el doctor Sergio Drapper de la Clínica Santa María o le inocularon veneno como dice el testigo?”, dijo Contreras.

Esta acción se suma a la investigación iniciada en mayo pasado ante las dudas sobre el deceso del Nobel, tras la denuncia de su chofer. Tesis, sin embargo, negada por la Fundación Neruda, que ha aceptado que la muerte del vate fue a causa del cáncer. No obstante, el abogado Contreras explicó que la teoría sobre la intervención de terceros entregada por Araya, quien asegura que Neruda fue envenenado con una sustancia al interior de ese recinto asistencial, debe ser investigada.

Araya ya declaró ante el juez y ratificó que el propio Neruda le dijo que en la madrugada del 22 de septiembre un médico lo había inyectado. La Clínica Santa María, según consta en el expediente del ministro en visita, se excusó de entregar la ficha médica del paciente, debido al tiempo transcurrido. Por ello, la única posibilidad para saber la verdad es realizar pericias a los restos del poeta enterrados en la costa. El abogado añadió que la posibilidad de que el Nobel haya sido asesinado por agentes de la dictadura de Augusto Pinochet (1973-1990) tiene asidero porque “en el exilio hubiera sido algo muy difícil para el régimen militar”.

Al testimonio del asistente personal del poeta se suma el del entonces embajador de México, Gonzalo Martínez Corbalá, quien estuvo junto a Neruda el día antes de su muerte. El diplomático mexicano ha sostenido que Neruda “podía conversar tranquilamente” y caminaba sin problemas por la habitación de la Clínica Santa María mientras preparaba su salida al exilio en el país azteca.

En esa línea, Araya ha reiterado que Neruda fue trasladado a la clínica no por su estado delicado de salud, sino para esperar un avión que el 24 de septiembre lo habría trasladado a México rumbo a un autoexilio. Sin embargo, el escritor habría recibido una inyección letal en el estómago. La hipótesis no es descabellada, pues el ex presidente demócrata cristiano Eduardo Frei también murió en ese recinto en 1982, bajo la fuerte sospecha de haber recibido una inyección letal por parte de los agentes de los servicios de inteligencia del régimen militar.

Si el juez Carroza acepta la solicitud del Partido Comunista, el caso de Neruda se sumaría a otras exhumaciones emblemáticas como la del propio ex presidente Eduardo Frei Montalva (1964-1970), Salvador Allende (1970-1973), la del ex ministro del Interior de Allende José Tohá, el cantautor Víctor Jara, torturado y asesinado por los militares, y la del niño Rodrigo Anfruns, secuestrado durante la dictadura. Así las cosas, no sólo Araya es uno de los chilenos que esperan las conclusiones de la investigación judicial, pues el informe final dirá si Neruda fue asesinado y, de ser así, activaría una ceremonia pública de la despedida que merecía de parte del pueblo que tanto lo amó y que aún lee sus poesías, además de admirar su compromiso político y social.