“En Honduras estamos viviendo los peores momentos porque además hay una estrategia de hacer que nos sintamos solos”, dijo en medio de su intervención Bertha Oliva, reconocida defensora del Comité de Familiares de Detenidos-Desaparecidos en Honduras. “La lucha no es fácil porque el Estado ha apostado a decirle al mundo que retornó la normalidad, y así alejan los reflectores.” El diagnóstico de un Estado dedicado a perseguir y gasear a quienes reclaman las garantías democráticas y denuncian las políticas de desapariciones forzadas, torturas, asesinatos o los números (que se dispararon) de asesinatos de mujeres fue sólo una de las múltiples entradas al presente, atravesado por demandas todavía vigentes en el campo de los derechos humanos de América latina. Los diagnósticos se escucharon ayer en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires, en el marco del Encuentro de Defensoras y Defensores de derechos humanos de América latina, organizado por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) con representantes de catorce países de la región.

El espacio (presentado como un escenario para el intercambio de experiencias sur-sur, que puedan discutir con el norte; de análisis y proyecciones a futuro o para entender trazos comunes en las democracias en procesos de fortalecimiento después de las dictaduras de los años ’70 y ’80) quedó inaugurado por una mesa de la que participaron Mónica Pinto, decana de la Facultad de Derecho; Horacio Verbitsky, presidente del CELS; Gastón Chillier, su director ejecutivo, y Markus Löning, delegado del gobierno federal para la política de derechos humanos del Ministerio de Relaciones Exteriores de Alemania, que con la Facultad de Derecho colaboró para la realización del encuentro. En las primeras sillas se sentaron el ex canciller Jorge Taiana; Santiago Cantón, secretario ejecutivo de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), y José de Jesús Orozco Henríquez, relator sobre defensoras y defensores de derechos humanos de la CIDH.

“¿Quiénes son estos defensoras y defensores de los derechos humanos?”, se preguntó en el primer tramo de apertura Pinto. “Son muchísimas personas con nombres variados: militantes, sociedad civil organizada, expertos de organizaciones internacionales que están ahí, dadas la vigencia y la violencia contra los derechos humanos en distintas partes del planeta, siempre sujetas a amenazas de riesgos varios.” Esa actividad, que acerca los derechos humanos a las tareas del hombre común, dijo, y ahora se presentó en la Facultad de Derecho, no sólo es importante a nivel académico o por su proyección en América latina, dijo Pinto, “sino también es importante para todos nosotros como titulares de derecho, mas allá de la función y el cargo que cada uno cumple”.

Verbitsky delineó a Emilio Mignone en la genealogía del defensor durante los primeros pasos de la vida del CELS. Luego de dar la bienvenida a los participantes, mencionó al fundador del CELS y a Carmen Lapacó, que estaba sentada en las primeras filas, para contar cómo durante la dictadura ellos empezaron a reunirse para ver qué había pasado con sus familiares detenidos desaparecidos. “El CELS cumplió un rol muy importante en aquellos años –dijo– para conseguir llamar la atención del mundo sobre lo que estaba ocurriendo en Argentina, para establecer relación con gobiernos, instituciones, con organismos de derechos humanos.” A la luz de esa reconstrucción estratégica sobre el rol que asumió la organización y sus integrantes, recordó una serie de visitas a y de organismos internacionales, que incluyeron la visita de la CIDH en 1979 al país, luego de la cual el organismo internacional produjo el primer informe sistemático sobre las violaciones masivas de la dictadura, un informe cuya difusión fue prohibida en el país.

“Emilio y Carmen se ocuparon de hacer copias del informe, que circularon clandestinamente y rompieron el bloqueo informativo”, dijo. Datos que luego nutrieron a la comisión de investigación que se creó durante el gobierno de Raúl Alfonsín, que no habría podido producirse sin el trabajo de los organismos de derechos humanos. En ese contexto, subrayó el valor de la documentación cuando parecía que la única ley que importaba era la violencia. Documentos que sirvieron en los futuros procesos de justicia. Con la llegada de la democracia, dijo, la tarea del CELS no sólo no terminó: “Mignone se plantea que con el final de la dictadura no desaparece el CELS, pero se modifica”, dijo. A partir de entonces, empezaron a tomar nota de las violaciones de derechos humanos que se producen en democracia, que aunque no sean masivas ni sistemáticas o no estén amparadas por un poder supralegal, dijo, de todos modos siguen produciéndose.

“Descubrimos puntos de contacto con países de la región. En algunos países hay situaciones muy complejas, en algunos hay permanentemente muertes de defensores de derechos humanos. En otros, la situación está más pacificada. Pero hay una problemática común que tiene que ser objeto de una reflexión que incluya la afirmación de estos derechos en democracia, ya que el rol de las defensoras y defensores sigue siendo fundamental aunque se hayan terminado las dictaduras.”

La desocupación violenta del Parque Indoamericano, hace casi un año, con un saldo de tres personas asesinadas; los asesinatos en la comunidad Qom de Formosa por reivindicar los derechos a sus tierras ancestrales; el asesinato de Cristian Ferreyra, del Mocase, en Santiago del Estero por el avance del desmonte, fueron algunos elementos que le permitieron decir, luego: “Somos conscientes de que por delante hay problemáticas muy serias”.

Gastón Chillier, en ese mismo sentido, mapeó los problemas de los defensores de derechos humanos en la región, en una foto. De Brasil a Colombia pasando por Perú. Escenas que luego quedaron retratadas por quienes llegaron a las mesas de trabajo, que se fueron sucediendo durante el día. “En los ’70 y en los ’80 las defensoras y defensores tuvieron un rol clave en denunciar las violaciones masivas y sistemáticas de los gobiernos. Hoy América latina cuenta con democracias en procesos de fortalecimiento y el autoritarismo aún no ha sido extinguido del todo, como vimos en Honduras”, dijo. En ese proceso, consideró que la vigencia de la tarea de los defensores es “tan relevante en estos tiempos como lo fue en esos tiempos. Sin embargo, hay diferencias. Además del Estado, hay actores diversos que incluyen empresas, agentes paraestatales, crimen organizado con connivencia estatal en una expansión de derechos que también ha expandido las agendas de los defensores”. El CELS cuenta hoy con una agenda ampliada y eso explica de alguna manera por qué estamos acá, dijo. Pero además indicó que el objetivo era establecer agendas para el futuro, estudiar las mejores estrategias en un mundo que exige cada vez más el trabajo en alianzas regionales y globales.

De la urgencia de cada una de esas situaciones hablaron después, y dieron algunos datos. Mijael Carbone, defensor de la Comunidad de Temucuicui, de la Alianza territorial Mapuche de Chile, debía sumarse a una de las mesas, pero nunca llegó. Quien lo reemplazó dijo que Mijael había entrado en una situación de clandestinidad, porque por la vigencia de la ley antiterrorista chilena, dirigida a criminalizar las protestas sociales, especialmente las mapuches, fue acusado de incentivar las marchas. Su comunidad sufrió allanamientos violentos y él se escapó de un grupo que lo persiguió a balazos. La relación de los derechos humanos y la política del gobierno venezolano, la persecución y asesinato a los defensores sindicales en Colombia y la situación de Honduras fueron parte de la primera mesa.