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Mientras el Jurado de Enjuiciamiento se apresta a dictar sentencia en el juicio político donde se lo acusa de haber sido cómplice de los crímenes de la dictadura, el camarista mendocino Otilio Romano sigue fugitivo pero decidido a victimizarse e intentar embarrar la cancha. En una presentación insólita, que mandó a través de un abogado, dijo que se considera despedido de su trabajo porque desde hace tres meses que no le pagan el sueldo. Romano, en efecto, no percibe sus haberes de juez porque así lo resolvió el Consejo de la Magistratura en septiembre último. El organismo, que lo suspendió y pidió su destitución, evaluó que su actitud de escaparse a Chile para eludir el juicio penal donde se le imputan 103 delitos de lesa humanidad y para no enfrentar el proceso de remoción es “incompatible con el mantenimiento de las prerrogativas de un juez federal”.

Romano está instalado en una playa chilena, o eso se supone, ya que consiguió que el gobierno de Sebastián Piñera aceptara darle una visa de ocho meses hasta resolver su pedido de asilo político. Dejó la Argentina un día antes de ser suspendido en su cargo, cuando se complicaba su horizonte en todos los frentes judiciales. Tampoco lo ocultó, porque desde el país vecino dijo a los medios que no sabía “de qué carajo” lo acusaban. Pero ahora argumenta que considera que lo echaron. Su sorpresivo planteo apareció en una carta que envió a la Cámara Federal de Mendoza, donde se desempeñaba, con un pedido para que el tribunal le mande copia al Consejo y a la presidenta Cristina Kirchner a través del Ministerio de Justicia.

Dice la nota de Romano, a la que accedió Página/12: “En razón de no haber percibido los últimos tres meses de sueldo, sin razón alguna valedera jurídicamente para apartarse de la intangibilidad constitucional de los Magistrados, siendo el único caso en el país que ha merecido dicho tratamiento, elevo mi firme voluntad conforme a las leyes laborales y administrativas de darme por despedido y por ende disuelto el vínculo laboral”. Los primeros en ver el texto no salían del asombro y lo interpretaron como un nuevo intento de mostrarse perseguido y quizá de preparar el terreno para una demanda judicial laboral. Su sueldo, estiman en tribunales, debía estar cerca de los 40 mil pesos.

Lo más probable es que su planteo no tenga respuesta. A lo sumo un “téngase presente”, como suelen escribir los jueces cuando quieren ignorar una presentación. “Lo único que podemos decir es que ya se ha realizado el juicio político y estamos esperando que el Jurado dicte sentencia”, le dijo a este diario Hernán Ordiales, representante del Poder Ejecutivo en el Consejo de la Magistratura y uno de los acusadores en este caso (junto con el diputado Carlos “Cuto” Moreno) ante el jury de enjuiciamiento.

Ordiales y Moreno, como fiscales del juicio político, acusaron a Romano de siete cargos, que aluden en esencia a su “omisión deliberada, sistemática y prolongada en el tiempo” de denunciar e investigar “delitos de lesa humanidad cometidos por las fuerzas armadas y de seguridad durante el terrorismo de Estado, de los que tomó conocimiento en su carácter de fiscal federal y juez federal subrogante”. El juicio político está ahora en un cuarto intermedio hasta la lectura de la sentencia, que podría ser el jueves 15. Si lo destituyen, se activaría la orden de captura firmada por el juez mendocino Walter Bento, quien instruye la causa donde Romano está procesado por crímenes imprescriptibles. Podría quedar detenido en Chile, que difícilmente contemple el asilo, y entonces tendría que hacer un juicio de extradición.