En Italia se habla de una semana crucial para la suerte del euro y por ende de toda la Unión Europea. Varias reuniones se realizan esta semana en Europa en este sentido. Por eso el gobierno de Mario Monti se apuró a dar a conocer un primer plan –pero no el único– de recortes por valor de 24.000 millones de euros, el domingo por la noche. El llamado “Decreto salva Italia” fue presentado ayer ante las dos Cámaras del Parlamento, que deberán votarlo. Ayer por la mañana, las Bolsas europeas reaccionaron positivamente al anuncio de Monti. Por primera vez en varios meses, la diferencia entre los bonos del Estado italiano y los alemanes descendió a menos de 385 puntos y los intereses de los BTP, los títulos del Estado italiano a diez años, bajaron al 6,1 por ciento.

Que los mercados hayan reaccionado positivamente al plan Monti es una buena noticia. Pero no es suficiente para un gobierno que tiene que lidiar con los parlamentarios, porque el decreto deberá ser aprobado por el Parlamento, y con los distintos sectores sociales que serán, en última instancia, los que pagarán el pato de la crisis. Las centrales sindicales, en efecto, criticaron duramente algunas de las medidas de austeridad, especialmente las referidas a las jubilaciones.

El “Decreto salva Italia” prevé, en efecto, el aumento de la edad jubilatoria, de 60 a 62 años para las mujeres a partir del año próximo y de 66 para los hombres. Pero para las mujeres irá aumentando hasta alcanzar los 66 años en 2018. El decreto prevé además que la llamada “pensión por ancianidad de servicio”, es decir por años trabajados, será posible sólo a los 41 años de aportes para las mujeres y a los 42 años para los hombres. Vale la pena aclarar que varios países europeos tienen en estudio o ya en aplicación el aumento de la edad jubilatoria, en parte porque la esperanza de vida ha aumentado considerablemente en Europa. En parte también porque la natalidad europea es bastante baja y no habrá suficientes jóvenes para pagar las jubilaciones si los “viejos” se retiran demasiado pronto.

Para Raffaele Bonanni, secretario general de la filo católica CISL (Confederación Italiana Sindicatos de Trabajadores), las medidas del decreto “pesarán principalmente sobre los trabajadores y los jubilados. El gobierno no ha calculado el impacto social de esas medidas y la reacciones serán muy fuertes”. Susanna Camusso, de la progresista CGIL (Confederación General Italiana del Trabajo), no fue menos crítica: “Las decisiones tomadas en el decreto muestran a un gobierno confundido, sordo frente al país y cada vez más condicionado por los humores de los mercados”. Según la CGIL, es posible hacer otro plan de recortes que tenga más en cuenta a los débiles. Para demostrar su repudio, las centrales sindicales han llamado a una huelga para el próximo lunes y a paros parciales a partir de hoy.

También el mundo católico manifestó sus dudas y el Episcopado hizo saber que se esperaba un programa más equitativo. Monti había dicho el domingo, de todas maneras, y lo repitió ayer en rueda de prensa con los periodistas extranjeros, que los asuntos relativos al empleo no estaban terminados y que continuarán las conversaciones con los distintos sectores.

Dos de los partidos principales del centroizquierda, el Partido Democrático e Italia de los Valores, dijeron que el plan necesita varios retoques y que, de lo contrario, IDV no lo votará.

Refiriéndose, en la rueda con la prensa extranjera, al rol de Italia en la Unión Europea, Monti dijo que “estamos en una semana crucial”. “Hemos tomado decisiones importantes, hemos hecho nuestra parte”, añadió, recordando que “Italia debe resolver algunos problemas que arrastra desde hace décadas para que su economía sea creíble y también para que no sea una fuente de infecciones para los otros países de la Unión Europea”.

Monti reiteró que con los recortes hechos hasta ahora, el equilibrio de las cuentas del Estado se alcanzará en 2013 –y no en 2014 como esperaba Berlusconi– y que fue necesario para eso tomar algunas medidas de emergencia, pero también hacer algunos cambios estructurales, como el del sistema jubilatorio. Recordó además otras medidas incluidas en el decreto, como el aumento de impuestos para los propietarios de inmuebles, de coches de lujo, de aviones y barcos, así como para quienes poseen la llamada riqueza financiera, es decir bonos o títulos accionarios.

Los periodistas extranjeros no fueron amables con algunas de sus preguntas. ¿Puede su gobierno moverse con cierta libertad o tiene las manos atadas por el Parlamento? “No creo que nuestro gobierno tenga las manos más atadas por el Parlamento que otros gobiernos.”

¿Por qué no se aplican impuestos inmobiliarios a los edificios de propiedad del Vaticano en Roma, que son muchísimos? “Este tema no ha sido incluido en el decreto”, se limitó a responder Monti, por lo demás católico practicante. ¿Cómo va a resolver el problema de la criminalidad organizada y de la economía que ella maneja? “La criminalidad no se resuelve sólo con la política económica, aunque algunas medidas antilavado de dinero han sido ya tomadas”, dijo. ¿Cuánto tiempo se necesitará para salvar a Italia? “No creo que este objetivo sea realizable antes del fin de nuestro período de gobierno, es decir 2013. Pero estoy seguro de que sin las medidas que proponemos, Italia terminaría como Grecia.” “Italia no fracasará”, aseguró horas después Monti ante el Parlamento.