Desde Lima

El gobierno del ex comandante Ollanta Humala, que ganó las elecciones con el apoyo de la izquierda, se enfrenta a las protestas de los campesinos andinos que votaron masivamente por él. Las protestas han estallado con más fuerza en la norteña región de Cajamarca, en rechazo a un millonario proyecto minero que afectará el medio ambiente y las tierras campesinas, pero también se han dado, por la misma razón, en otras zonas del país. El gobierno ha respondido declarando el estado de emergencia –que elimina derechos como la libertad de reunión, de tránsito y no ser detenido sin orden judicial y permite la intervención de las fuerzas armadas para reprimir las protestas– en cuatro provincias de la región Cajamarca. La derecha y el establishment económico han aplaudido la medida. Los sindicatos y organizaciones sociales que apoyaron la candidatura de Humala la han cuestionado duramente y le han dado su respaldo a las protestas campesinas.

La respuesta del gobierno frente al levantamiento campesino ha ido cambiando de un lado a otro con el pasar de los días. Su primera reacción fue respaldar a la minera cuestionada, la empresa Yanacocha, que tiene como principal accionista a la transnacional norteamericana Newmont. Humala aseguró que el proyecto minero Conga de Yanacocha –que gatilló el levantamiento campesino– seguiría adelante a pesar de la huelga que había paralizado Cajamarca, lo que encendió más las protestas. Días después dio un giro y ordenó la suspensión temporal del criticado proyecto minero para revisar sus consecuencias ambientales. Pero a los pocos días volvió a cambiar: se decretó el estado de emergencia, se ordenó la detención de los dirigentes de la protesta y aunque se mantiene, por ahora, la suspensión temporal del proyecto Conga, miembros del gobierno salieron a defenderlo públicamente.

La suspensión temporal del proyecto Conga permitió abrir un diálogo entre el gobierno y los campesinos, que no se conforman con el anuncio verbal de esta suspensión y exigen una norma legal que anule definitivamente el proyecto minero. El último domingo, cuando la huelga campesina llevaba once días, se reunieron representantes del gobierno y de los campesinos. No hubo acuerdo y esa misma noche el gobierno decretó el estado de emergencia en la zona del conflicto. El lunes el gobierno reforzó la apuesta represiva. Ese día fue detenido Wilfredo Saavedra, presidente del Frente de Defensa Ambiental de Cajamarca. Fue apresado en Lima, sin que exista orden judicial, junto con otros cinco dirigentes de la protesta cuando salían del Congreso, luego de reunirse con un grupo de parlamentarios de la Comisión de Pueblos Indígenas en busca de una solución a sus demandas. Todos fueron llevados a la policía antiterrorista. No había cargos en su contra y diez horas después fueron liberados. El gobierno regional de Cajamarca ha respaldado la protesta campesina y el miércoles el gobierno central le cortó las cuentas al gobierno regional.

Desde el lunes, bajo la amenaza del estado de emergencia, las vías de Cajamarca que estaban bloqueadas comenzaron a ser despejadas pacíficamente por los huelguistas y la actividad comercial comenzó a normalizarse en esa región. Pero ayer las nueve provincias de Cajamarca que no han sido declaradas en estado de emergencia iniciaron un paro de 48 horas en rechazo al estado de emergencia en el resto de la región y en contra del proyecto minero Conga.

La transnacional Yanacocha ha anunciado que invertirá 4800 millones de dólares para poner operativa la mina Conga, de la que espera sacar utilidades por más de 15 mil millones de dólares. Se trata de una mina a tajo abierto para explotar oro que está ubicada en una zona ecológicamente sensible: una cabecera de cuenca donde nacen las aguas que riegan las comunidades tierra abajo. La minera pretende secar cuatro lagunas para explotar el oro. “Agua sí, oro no”, es una de las consignas más leídas en las banderas que acompañan las marchas campesinas. En otros estandartes se pueden leer lemas como “Humala traidor”.

El Ministerio de Ambiente ha cuestionado severamente el proyecto minero Conga por sus consecuencias ambientales. Pero otros sectores del gobierno, como el Ministerio de Energía y Minas, han insistido en defender la continuidad de la mina. El enfrentamiento interno en el gobierno produjo la renuncia del viceministro de Ambiente, José de Echave. En declaraciones a Página/12, el renunciante De Echave señaló que el proyecto minero Conga tal como está planteado “es inviable” y dijo que el gobierno carece de una estrategia para enfrentar las protestas sociales y había tomado decisiones, en medio de la crisis de Cajamarca, que debilitan al Ministerio de Ambiente y que eso motivó su renuncia.

Las últimas decisiones del gobierno frente al conflicto social en Cajamarca apuntan a reforzar la apuesta por la minería, lo acercan al empresariado y a la derecha y lo alejan de sus bases sociales. Aunque, luego de una serie de marchas y contramarchas, no se puede descartar un nuevo giro de Humala.