Desde Santiago

Ha pasado un año desde que la hacinada cárcel de San Miguel –enclavada en una de las zonas más populares de Santiago– ardió en llamas a causa de una riña interna. Ese fatídico 8 de diciembre murieron 81 reos, calcinados o asfixiados, convirtiéndose en la peor tragedia penitenciaria chilena. El incendio no sólo puso otra vez en el tapete las precarias condiciones del sistema carcelario chileno sino que obligó al gobierno de Sebastián Piñera a anunciar mejoras en los penales, toda vez que se comprobó que la sobrepoblación llegaba en algunos casos hasta el 200 por ciento y en diversos centros de reclusión convivían primerizos –con altas probabilidades de rehabilitarse– junto a homicidas, violadores o ladrones consumados.

“Estamos estudiando instalar cárceles modulares, para disminuir el hacinamiento que afecta a nuestros recintos penales y mejorar la calidad de vida de los presos. Este accidente nos señala que tenemos que redoblar nuestros esfuerzos para que en Chile tengamos un sistema carcelario digno”, decía Piñera hace un año, según informó Página/12 en sus páginas. De paso culpaba a la Concertación, el ahora bloque opositor, de no haber hecho nada en 20 años para mejorar el sistema. Todo con la venia del ministro Felipe Bulnes, quien en esa época lideraba la cartera de Justicia, antes de ser trasladado al Ministerio de Educación para enfrentar la crisis estudiantil.

Doce meses después, cuando la pena y dolor siguen enlutando a los familiares de los fallecidos, un estudio del centro Democracia y Comunidad, ligado a la Concertación, que analizó el grado de cumplimiento de las medidas anunciadas por el gobierno para hacer frente al hacinamiento penal, apenas llega al 17 por ciento. Cristina Orellana, directora ejecutiva de la consultora, explicó que tras un informe acucioso de las 55 medidas que se han estructurado en torno del sistema carcelario, “existe un 17 por ciento que están ejecutadas o cumplidas, y el resto de ellas aún no están en cumplimiento”.

Entre las iniciativas anunciadas por el gobierno, la aplicación del brazalete electrónico era una de las más llamativas e innovadoras. Sin embargo, el proyecto para su aplicación está en el Congreso y requiere de una disposición de tramitación inmediata que no se ha estipulado. Según Orellana, los anuncios realizados por el ex ministro de Justicia mostraron pocos avances. Y si bien el actual titular de la cartera, Teodoro Ribera, no se comprometió a resolver los temas de fondo, debe asumir lo prometido. “El ministro Ribera se hace cargo de un sistema y compromisos que no asumió, pero que tiene que cumplir”, sostuvo.

Asimismo recalcó que aumentar la dotación de Gendarmería (guardias carcelarios) es una prioridad. “Un plan de aumento de dotación en conjunto a la reforma de Gendarmería es un imperativo, no es posible que el sistema esté teniendo más reclusos y menos gendarmes”, precisó.

En este escenario, los familiares de los 81 reos fallecidos se juntaron en la madrugada del jueves en las afueras del penal. Con velas y rezos, recordaron a sus seres queridos. Angélica Yáñez, familiar del difunto Andrés Cabrera, exigió justicia: “A lo mejor no van a pagar en cárcel, pero al menos que me quede la satisfacción a mí y mis compañeras de que (los culpables) queden con los papeles sucios; y si la Justicia no es terrenal, será el de arriba el que los condene”. “Los gendarmes no van a descansar en paz, porque todos los días van a tener el grito de ‘abran las puertas, nos estamos quemando’”, agregó Yáñez en alusión a los ruegos de los reclusos que se escucharon desde la calle cuando comenzó el incendio.

El presidente de la agrupación “81 Razones x Luchar”, que reúne a las familias de los fallecidos, César Pizarro, señaló a Radio Cooperativa que la “velatón” sirve para aminorar la frustración y la pena. “Esta es una visita más, una visita que era de sacrificio. Seguimos sufriendo, pero hemos salido adelante. Pensaban que íbamos a hacer desmanes, que iba a haber delincuentes, pero no pasó nada. Para que las autoridades vean lo que podemos hacer los familiares de los 81”, agregó.

“La mayoría de los chiquillos eran jóvenes, tenían hermanos jóvenes, y vamos a luchar hasta la muerte. Yo tengo 30 años, puedo ‘dar jugo’ hasta los 70 años por la justicia de los chiquillos, así que gratis no le va a salir al Estado”, insistió.

Con anterioridad, el ministro de Justicia, Teodoro Ribera, desconoció las conclusiones del estudio del Centro Democracia y Comunidad, y aseguró que se está trabajando. “Puedo señalar que, en materia de hacinamiento, Gendarmería y su director nacional, Luis Masferrer, están muy comprometidos en tener una distribución más homogénea a nivel nacional”, indicó. Sin embargo, en una misa efectuada en la Catedral Metropolitana, el arzobispo de Santiago, Ricardo Ezzati, llamó a las autoridades políticas a hacerse cargo de sus responsabilidades en materias como el conflicto estudiantil y también, en lo atinente a la fecha, en cuanto a los derechos humanos en los penales. “Quisiera invocar a las autoridades que nos acompañan, a todas las autoridades del país, y que se redoblen los esfuerzos para que los hermanos reclusos puedan encontrar en las cárceles de Chile no sólo un lugar de castigo sino un lugar de redención. Esto es una responsabilidad de toda la sociedad”, señaló Ezzati.