El gobierno español del conservador Mariano Rajoy anunció otro tramo del profundo ajuste que impondrá a su economía al comunicar ayer el congelamiento del Salario Mínimo Interprofesional (SMI), una medida que provocó el rechazo inmediato de las grandes centrales obreras. La medida supondrá una pérdida de poder adquisitivo de 641,4 euros mensuales para aquellos ciudadanos que cobren el mínimo legal, en momentos en que la inflación de noviembre registró una suba interanual del 2,9 por ciento respecto del mismo mes del pasado año. El anuncio se conoce un día después de que el flamante ministro de Economía y Competitividad español, Luis de Guindos, anunciara que el gobierno aprobará el próximo viernes un decreto ley con un primer recorte del gasto público de alrededor de 4000 millones de euros.

En esa oportunidad, De Guindos insistió en los malos augurios expresados el día anterior sobre la marcha de la economía y advirtió que el cuarto trimestre de este año será “muy, muy duro”, tras explicar que el ajuste se enmarca en el objetivo global de reducir el gasto público de 16.500 millones de euros en 2012. El congelamiento del SMI se produce a pesar de que las dos principales centrales sindicales –Comisiones Obreras y Unión General de Trabajadores – enviaron a mediados de este mes una carta al entonces ministro de Trabajo, Valeriano Gómez, para que el salario mínimo recuperara el poder adquisitivo perdido en 2010 y 2011 y lo mantuviera en 2012.

En la misiva, los sindicatos denunciaban que el SMI perdió poder real de compra por el “fuerte aumento” de la inflación y el “moderado incremento nominal” de este suelo salarial. Según los cálculos de las CC.OO. y la UGT, el SMI es percibido por unos 183.000 trabajadores. Consecuentemente, pocas horas después de conocida la resolución, la UGT y CC.OO. enviaron una nueva carta al gobierno en la que rechazaron el congelamiento que supone una nueva caída real del SMI y una mayor pérdida de su capacidad de compra. La misiva, firmada por los secretarios generales de la UGT y CCOO, Toni Ferrer y Ramón Górriz, respectivamente, fue remitida esta vez a la secretaria de Estado de Empleo, María Luz Rodríguez.