El abrazo a Baltasar Garzón cruzó el Atlántico y en el camino se plasmó en miles de firmas en su apoyo. Esas adhesiones fueron llevadas ayer a la embajada de España por familiares de víctimas del franquismo, que también entregaron un texto de rechazo a los crímenes de lesa humanidad cometidos por ese régimen. “Prevaricadores son los que se han opuesto a la investigación de los crímenes de la dictadura y los que, contra este juez (por Garzón), vienen dictando resoluciones manifiestamente injustas”, rezaba el documento. Ana Messuti, miembro del equipo de abogados que lleva adelante la demanda argentina contra la represión franquista, y los querellantes Inés García Holgado y Darío Rivas, soportaron estoicos la lluvia porteña, frente a la sede diplomática, para solidarizarse con el magistrado español. Los acompañaron Mirta Baravalle (Madres de Plaza de Mayo Línea Fundadora); Noemí Fernández Durán, colaboradora de la Asociación para la Recuperación de la Memoria Histórica (España); y Francisco Ramos, exiliado argentino en Madrid y querellante en causas contra el genocidio en Chile y Argentina. Por la tarde se reunieron en Plaza Lavalle para leer el manifiesto “Nosotros acusamos”. Hoy se espera que el Tribunal Supremo dé a conocer la sentencia contra Garzón.

Si bien ninguno de ellos fue recibido por el embajador español, la caja con el documento y las firmas quedó en manos de personal de seguridad de la sede diplomática. “El manifiesto es una clara expresión de repudio a los procedimientos que se siguen contra Garzón, estamos recibiendo miles de adhesiones constantemente”, afirmó Messuti, que se fue de Buenos Aires el 25 de mayo de 1976, con un hijo de siete años y un bebé de siete meses, después de que dos de sus compañeras en la Facultad de Derecho de la Universidad de Buenos Aires desaparecieran. Luego dijo que la Comisión Internacional de Juristas, expresión máxima del derecho internacional, condena las causas que se llevan adelante contra el juez.

La abogada aseguró que seguirán enarbolando el manifiesto, a pesar del posible sobreseimiento previsto para Garzón. Y advirtió que si los otros dos procedimientos paralelos tienen éxito, el juez quedaría inhabilitado. “No olvidemos que el propio fiscal, que es quien debe llevar a cabo la acusación en este caso, está actuando como abogado defensor. Estamos ante una situación totalmente insólita”, denunció.

En diálogo con Página/12, Rivas, de 91 años, rezongó por el maltrato que recibieron cuando fueron a entregar las firmas. “No es posible que venga a la embajada, patrimonio del ciudadano español, y tenga que esperar afuera, bajo la lluvia, para dejar un escrito”, protestó el querellante. García Holgado señaló, a su vez, que es una vergüenza que la embajada española los hiciera esperar a la intemperie para entregar finalmente la carta y las firmas a personal de seguridad. “Igualmente, vamos a continuar con la lucha a favor de las víctimas del franquismo y en contra de los juicios a Garzón”, dijo. Para Messuti, dadas las circunstancias del mal tiempo y de la edad de Rivas, hay una norma que debe prevalecer por encima de todas las reglas de procedimiento que tiene la embajada, y es la regla de hospitalidad.

El querellante sostuvo que España vive en la época del franquismo, rigiéndose por sus leyes, y que la Transición fue una imposición de vencedores a vencidos. “Antes de morir, Franco dijo que dejaba todo bien atado y que iba a seguir gobernando después de muerto. Entonces, dejó a Manuel Fraga Iribarne, creador del Partido Popular”, mencionó Rivas. Por otra parte, la abogada invitó a la comunidad argentina, aunque sea un poco tarde, a expresarse: “Le debemos a Garzón el hecho de haber sido el motor que impulsó los juicios que en este momento se realizan en la Argentina, y que nos hacen ser un ejemplo para la comunidad internacional en materia de derechos humanos”, dijo.

Dos tíos abuelos de García Holgado fueron asesinados por el franquismo: uno fue fusilado en Salamanca siendo alcalde y diputado; el otro era concejal. Uno de sus tíos desapareció mientras integraba las milicias castellanas-abulenses. La mujer comenzó la querella en Argentina cuando Garzón fue acusado de prevaricato. Tomó esa decisión al considerar que iba a encontrar mayor recepción en los tribunales argentinos. Cuando se le pregunta si confía en la investigación que dirige la jueza María Romilda Servini de Cubría, responde con un lacónico sí.

Mientras la Revolución estallaba, el padre de Rivas se desempeñaba como alcalde de Castro de Rey, en Lugo. Entonces, el general Mola dio la orden de ir a los pueblos para, por medio de los falangistas, asesinar a todas aquellas personas que tuvieran “trascendencia moral”. Severino Rivas fue detenido en 1936 y procesado por traidor a la patria y portación de armas. En la madrugada del 29 de octubre, el cuerpo sin vida del alcalde apareció sobre la ruta, a 30 kilómetros del pueblo. Sus restos fueron enterrados en 2005 junto a su compañera. “Asesinado por los falangistas”, mandó a grabar su hijo sobre un mármol negro.