Desde Brasilia

Cuando los justos se rebelan. Un grupo de jueces brasileños exigió el juzgamiento de los acusados de violaciones de los derechos humanos durante la dictadura, en franco contrapunto con la proclama divulgada semanas atrás por militares defensores de la ley de (auto)amnistía, promulgada por el dictador Joao Baptista Figueiredo.

La Asociación de Jueces por la Democracia divulgó un comunicado en el que “exige” que se tomen las medidas pertinentes para que “el país quite la enorme deuda que tiene con su pueblo y la comunidad internacional respecto a la verdad y la justicia sobre los hechos perpetrados” bajo el régimen. El manifiesto, firmado por 140 magistrados, se apoya en un fallo de la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), que demandó al Estado brasileño la investigación por la desaparición de 67 guerrilleros y recomendó la anulación de la ley de amnistía, sancionada en 1979.

“Este tema despierta mucho interés en la comunidad jurídica”, declaró la jueza Kenarik Felipe, en una entrevista publicada por el diario Estado de Sao Paulo, donde informó que hay más letrados dispuestos a demandar el fin de la impunidad.

El documento desafía, de hecho, a la ley amnistía, considerada constitucional por el Supremo Tribunal Federal y defendida, hace dos semanas, por cerca de 400 militares a través de un manifiesto redactado con una semántica propia de los bandos golpistas, despertando la indignación de la presidenta Dilma Rousseff, quien ordenó que fuera retirado del sitio en donde estaba.

Los Jueces por la Democracia también consideran necesaria la puesta en vigor de la Comisión de la Verdad, que dispone de sólo dos años para investigar los crímenes del régimen, y cuyos siete miembros aún no fueron designados por Dilma, demora que fue vista con impaciencia por algunos organismos. Pese a que la amnistía impide abrir procesos contra los acusados de delitos de lesa humanidad, un grupo de fiscales anunció el martes que iniciará una acción por las desapariciones ocurridas en la Amazonia en los años ’70, al considerar que mientras los cuerpos no sean hallados se trata de crímenes “continuados”.

El procurador de la República, Tiago Rabelo, precisó que la apertura de la primera demanda penal a responsables de la guerra sucia se sustanciará en el estado de Pará, por el secuestro y la desaparición de cinco guerrilleros pertenecientes al Partido Comunista que actuaban en la región de Araguia. Las desapariciones sucedieron como parte de la Operación Marajoara, comandada por el hoy coronel en retiro Sebastiao Curió Rodrigues de Moura. Conocido popularmente como el mayor Curió, este militar que reside en las afueras de Brasilia, donde se ufana de guardar archivos cuyo contenido suelta por goteo, es visto como un icono de la barbarie, por la rudeza de sus métodos y el desparpajo con que se comportaba.

Hace tres años concedió una entrevista en la que reconoció que 41 de los 67 insurgentes de Araguaia, que continúan desaparecidos, fueron capturados con vida y posteriormente ejecutados, y que a los cuerpos se les amputaban las manos para obstruir su reconocimiento.

Curió, al igual que otros militares amparados por la impunidad emanada de la amnistía, continuó actuando en la región amazónica libremente tras el fin de la dictadura y llegó a ser electo alcalde de una localidad fundada por él, Curiópolis, en el sur de Pará, de donde saltó al Congreso federal con un mandato de diputado.

La apertura de un proceso contra el matador de la selva, anunciada por los fiscales, así como la demanda de justicia firmada por lo Asociación de Jueces por la Democracia meneó el generalmente apocado Poder Judicial, dominado por un Supremo Tribunal Federal donde las posiciones conservadoras han sido la constante bajo la presidencia de los ministros Gilmar Méndes (2008-2010) y Cezar Peluso (2010-2012), para quienes llevar a represores ante los estrados puede amenazar la “reconciliación”.

Ese ciclo retardatario de la Corte puede sufrir algunas modificaciones con la llegada del juez Carlos Aires Brito, quien ayer fue elegido como nuevo titular del STF hasta fin de año, cuando será sucedido por otro magistrado de posiciones avanzadas, Joaquim Barbosa.