Desde Roma

Después de varios días de largas negociaciones con los representantes sindicales y empresariales, además de los líderes políticos, el gobierno de Mario Monti concluyó el proyecto de ley sobre la reforma del mercado laboral que había anunciado, al parecer reconociendo el pedido de los sindicatos. El proyecto pasó ayer a manos del presidente de la República, Giorgio Napolitano, para luego llegar al Parlamento. Así lo informó el mismo Monti y la ministra de Trabajo, Elsa Fornero, en una larga rueda de prensa en la que explicaron los alcances de la nueva reforma. Pero, curiosamente, algunas modificaciones incorporadas en estos últimos días se agregaron con el solo consenso de los líderes de los partidos, con quienes Monti se reunió el martes hasta altas horas de la noche. Este hecho causó no poco malestar en los industriales, que habían pedido que el gobierno llamara nuevamente a empresarios y trabajadores para opinar sobre las modificaciones, antes de mandar el proyecto al Parlamento.

En efecto, la Confindustria, la principal organización empresarial, y la Asociación de Bancos Italianos (ABI), entre otros, en una declaración conjunta, se manifestaron preocupadas por las modificaciones, a las que consideran un “paso atrás”, no uno adelante, respecto de la modernización del mercado de trabajo y la competitividad de las empresas.

Aunque aparentemente las modificaciones respetarían el pedido de los sindicalistas, Susanna Camusso, la combativa secretaria general de la más importante central sindical italiana CGIL (ex comunista), dijo que no haría comentarios sin antes ver el texto, que sólo llegará a sus manos cuando el presidente Napolitano le dé el visto bueno. “De todas maneras, reitero, lo llamen como lo llamen, el despido ilegítimo debe ser sancionado con la reintegración al trabajo. Este punto no es negociable”, comentó. “Parece que el peligro de los despidos ilegítimos ha pasado”, comentó en cambio por su parte el secretario general de la central socialista UIL, Luigi Angeletti.

Entre los muchos aspectos que toca el proyecto, la reforma del artículo 18 del Estatuto de los Trabajadores ha sido la que más controversia ha provocado, ya que es considerado por muchas empresas como un impedimento para nuevas asunciones y, por los trabajadores, como una garantía para no ser despedidos fácilmente. Según contó la ministra Fornero en la rueda de prensa, en el artículo 18 reformado están contemplados tres tipos de despido: objetivo (generalmente económico), disciplinario (por el comportamiento del trabajador) y discriminatorio (por ideas políticas, sexo, nacionalidad, religión, etc.) y en los tres casos será el juez quien podrá decidir si el despido ha sido injusto, en cuyo caso podrá establecer también que el trabajador sea reintegrado a su trabajo o que reciba una indemnización, que va de 12 a 24 meses de salario. “El artículo 18 fue una gran conquista de los años ’70 –dijo la ministra–, pero los tiempos han cambiado. Esta solución nos parece la más equilibrada.” Dijo además que habrá un proceso acelerado para las causas laborales, a diferencia de lo que ocurre ahora.

Con esta reforma, “los empresarios ya no tendrán más pretextos para decir que no pueden invertir en Italia”, subrayó Fornero, explicando también numerosos aspectos del proyecto de ley referidos al empleo de jóvenes y de mujeres y a mejoras en la productividad gracias a un ordenamiento de los contratos de trabajo a tiempo determinado y de los llamados “amortiguadores sociales”, entre ellos el seguro de desempleo, que se han hecho válidos, aun con restricciones, para todas las categorías de trabajadores.

Monti no descartó que, pese a haber llegado a un acuerdo en materia laboral con los partidos políticos, no se acaben los conflictos sociales. La CGIL había anunciado una serie de paros y de manifestaciones para este mes, que ahora deberá confirmar o anular.

Definido como un “acuerdo histórico” que relanzará el crecimiento económico (por Monti) y como “un paso adelante importantísimo” (por Pier Luigi Bersani, secretario del Partido Democrático), el optimismo de los dirigentes no podrá borrar algunos datos que caen como mazazos sobre el corazón de los italianos: en los últimos años, específicamente en 2008-2009, según datos del Banco Central de Italia, el rédito de las familias bajó un 4 por ciento, mientras la reducción del PIB fue del 6 por ciento. En ese período, al menos 480.000 familias italianas tuvieron que hacerse cargo de mantener un hijo que había perdido el trabajo en los doce meses precedentes. A esto se le agregan varios casos de suicidios de gente que no podía pagar sus cuentas. Ayer, entre muchos otros, un empresario en bancarrota se disparó un tiro en el pecho. Un día antes, una jubilada de 78 años se tiró desde la terraza de un edificio porque con una jubilación de 800 euros no podía vivir y le llegó la de marzo, con el ajuste jubilatorio, de 600 euros.