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Quiero compartir con mis conciudadanos una profunda preocupación, que me afecta en lo personal pero, sobre todo, que me atañe por la responsabilidad que implica mi nuevo rol de legisladora.

En estos días, tiemblo al abrir cualquier comunicación, venga del medio que venga, cuando se hace referencia a la educación pública en nuestra benemérita ciudad de Buenos Aires.

Pareciera ser que la decisión del gobierno porteño es terminar con la calidad educativa en las escuelas del Estado, mediante una estrategia de largo plazo, que en el presente incluye el cierre de cursos, la ubicación en puestos clave de funcionarios con intereses en la gestión privada y una política de confrontación permanente y desgaste del vínculo con el sector docente.

Pareciera también ser que el objetivo final de esta estrategia es lograr que lo único que tenga para ofrecer la escuela pública sea la gratuidad. Es decir, que sea una “escuela para pobres”.

Históricamente, las políticas educativas en nuestro país han sido orientadas de acuerdo con procesos de reconstrucción, pero también de devastación. Así como el proyecto de la generación del ochenta educó para la política, para la ciudadanía y la integración social; y partir de la década del ’30 se vinculó al sistema educativo con el mundo del trabajo; digamos que el avasallamiento neoliberal que impuso la dictadura y se consumó en los ’90 logró que la educación pasara de constituir una categoría de inversión para ser considerada un gasto. Las consecuencias de aquel modelo son a esta altura conocidas.

Desde 2003 cambió el modelo de país y la educación volvió a ser prioridad nacional.

Sin embargo, en mi Buenos Aires querido la condición educativa es blanco de una destrucción constante. Este mecanismo de devastación ha dado frutos: según datos publicados por el mismo Gobierno de la Ciudad –en su página web–, desde el inicio de la administración macrista la matrícula de la escuela pública ha descendido de manera sostenida, mientras que la de la educación privada y paga, por el contrario, asciende de manera constante. Este sí que podría decirse que es un triunfo de la dictadura militar.

Yo me pregunto: si eso no es ideología, la ideología qué es.

Solamente haciendo propios los problemas educativos, cosa que no hace ninguno de los funcionarios que están a cargo de resolverlos, podríamos llegar a encontrar la solución que no “castigue” por querer estudiar, por querer aprender, por querer ser mejores. Por el contrario, creo cada vez con más fuerza que a estos personajes lo único que les interesa es erradicar del diccionario la palabra inclusión.

Mi preocupación me lleva a convocar al ciudadano porteño a estar alerta ante esta manera de mancillar un bien común como es la escuela pública y a ponernos de pie para defenderla.

* Legisladora porteña por el Frente Progresista Popular.