La presidenta de Brasil, Dilma Rousseff, analizaba ayer la posibilidad de vetar el texto del nuevo Código Forestal, sancionado el miércoles por la Cámara de Diputados, que introdujo modificaciones al texto aprobado por el Senado en 2011 y que apoyaba el gobierno. Uno de los puntos que podrían vetarse contempla una amplia amnistía para los hacendados que durante las últimas décadas –y en contra de las leyes actuales– deforestaron donde estaba prohibido y mantuvieron en esas zonas degradadas la actividad agropecuaria. Contra esa amnistía se plantaron organizaciones de defensa del medio ambiente, como Greenpeace, que mantienen desde hace meses una campaña llamada “Veta Dilma”.

El ministro de la Secretaría General de la Presidencia, Gilberto Carvalho, señaló ayer que el texto aprobado en Diputados no era el esperado por el gobierno y que la mandataria analizaba con serenidad la posibilidad de vetarlo.

“Es público y notorio que esperábamos un resultado que diera continuidad a lo acordado en el Senado, pero como por la Constitución existe el derecho a veto, la presidenta lo va a analizar con mucha serenidad, sin animosidad, sin adelantar ninguna solución. Vamos a analizarlo con calma”, precisó el ministro. Con el apoyo de gran parte de los diputados aliados del gobierno, la Cámara baja aprobó, por 274 votos favorables, 184 contrarios y dos abstenciones, el polémico proyecto que cambia varios puntos el texto que había sido aprobado en diciembre por la Cámara alta. El gobierno defendía esa propuesta, que ya había sido acordada con los sectores productivos y ambientalistas y contaba también con el beneplácito de Diputados.

Entre las modificaciones figura la exclusión del texto de la disposición que suspendía la concesión de créditos oficiales para productores que no asuman el compromiso de recuperar parte de las áreas deforestadas ilegalmente. El diputado Luiz Heinze, del derechista Partido Progresista (PP), usó la tribuna para defender con ardor la propuesta.

De hecho, el proyecto contó con pleno apoyo de lo que se conoce como bancada rural, un grupo parlamentario suprapartidista que representa los intereses de los grandes terratenientes del país.

Otro artículo polémico, que por falta de acuerdos impidió que la votación se realizara este martes como estaba previsto, se refiere a las zonas protegidas a la vera de los ríos, que hoy suponen una franja de 30 metros a cada lado y ahora pasarán a ser de 15 metros.

“Es escandaloso desproteger las márgenes de los ríos”, pues no sólo se expandirán las áreas cultivables, sino que además se pondrá en riesgo el agua dulce, un recurso del que Brasil posee las mayores reservas del mundo, denunció Vania Stolze, activista de Greenpeace.

El diputado Paulo Piau, del oficialista Partido del Movimiento Democrático Brasileño (PMDB) y relator del proyecto, destacó que la nueva ley establece como contrapartida la obligación de recuperar las áreas que sean degradadas en el futuro e incentivos para los agricultores que adopten prácticas sustentables. Para los grupos ecologistas eso no basta, pues esas “compensaciones” serán insuficientes para minimizar el impacto de una mayor actividad agropecuaria.

Desde el punto de vista político, la aprobación del proyecto representa un traspié para la presidenta Rousseff, quien en menos de dos meses recibirá en Río de Janeiro alrededor de un centenar de jefes de Estado y de gobierno que intervendrán en la Conferencia de las Naciones Unidas para el Desarrollo Sostenible (Río+20).

Representantes de las principales organizaciones ambientalistas coincidieron en que la presidenta tiene el deber de vetar el texto del Código Forestal. “El absurdo fue victorioso en la Cámara de Diputados. La presidenta Dilma tiene que vetar esta ley. Si no lo hace, lo mejor sería cancelar Río+20, porque Brasil se convertiría en el anfitrión más sucio de ese tipo de conferencias”, expresó el presidente del Instituto Socioambiental, Raúl Telles.

Telles reconoció que la derrota en la Cámara baja dejó a la mandataria en un callejón sin salida, ya que un veto al texto aprobado generará un deterioro en las relaciones del gobierno con el Congreso.

También el coordinador de la campaña Amazonia de Greenpeace, Paulo Adario, demandó el veto presidencial al nuevo Código Forestal, al que consideró como un retroceso decisivo que supone el inicio del fin de los bosques de Brasil. “El sector ruralista secuestró el proceso político brasileño. El Congreso se rindió al interés particular de unos pocos”, sostuvo Adario.

A mediados del año pasado, los diez ministros de Medio Ambiente que tuvo Brasil entre 1973 y 2010 rechazaron el proyecto.

Ahora, la decisión sobre esos puntos más conflictivos le cabe a Rousseff, quien puede sencillamente aprobar el proyecto o vetarlo, sea en su totalidad o parcialmente.