La decisión del gobierno español de retirar la tarjeta sanitaria a los inmigrantes irregulares, en el marco de los recortes impuestos a ese sector, despertó la preocupación de varios colectivos latinoamericanos, entre ellos el ecuatoriano. La medida fue aprobada el viernes por el Consejo de Ministros y está incluida en el recorte en salud por siete mil millones de euros. El decreto establece que los inmigrantes sin papeles se quedarán indefectiblemente sin su tarjeta sanitaria, por lo que se les negará todo tipo de atención médica, salvo en casos de urgencia, a partir del 1º de septiembre de este año. Hasta julio, los inmigrantes que hayan obtenido la tarjeta sanitaria estarán obligados a regularizar su situación médica. Asimismo, los niños y las embarazadas podrán mantener la cobertura sanitaria completa, como establece la actual ley de extranjería. El proyecto surge como parte de las políticas de ajuste que la administración de Mariano Rajoy impulsa, a pedido de los organismos de crédito internacionales, para reducir el déficit público y llevarlo del actual 8,4 por ciento al 5,3 por ciento a fines de este año.

La ministra de Salud, Ana Mato, justificó la iniciativa, argumentando que “es necesario poner coto a la utilización ilegal e indebida que hacen algunos extranjeros de la sanidad española”. El líder de la oposición, el socialista Alfredo Pérez Rubalcaba, tildó la medida de racista: “Están dando crédito a una idea de que los inmigrantes usan y abusan de la sanidad; es xenófobo, es cruel y es ineficaz”. Rebatiendo las expresiones de Mato, los expertos afirmaron que los inmigrantes no abusan de la salud y advirtieron que los servicios de urgencia ya se encuentran colapsados. “La medida no va a suponer un ahorro de costes al incrementarse el uso de los servicios de urgencia”, dijo la ONG Médicos del Mundo.

Por su parte, la embajadora de Ecuador en España, Aminta Buenaño, envió una nota a la Cancillería española en la que manifestó su preocupación por la decisión adoptada, en especial con relación a los ecuatorianos que dejaron de ser regulares al perder el empleo.