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La Alianza de Gobiernos Abiertos (OGP, por sus siglas originales) es una iniciativa internacional, liderada por Dilma Rousseff y Barack Obama, que promueve políticas de transparencia y participación ciudadana en la gestión pública. La adhesión de cada país es voluntaria e implica el compromiso de los estados de formular planes de acción anuales para poner en marcha políticas que contribuyan a esos objetivos. Los otros miembros actuales del Comité Ejecutivo son México, Filipinas, Sudáfrica, Reino Unido, Indonesia, Noruega y Tanzania. A este momento, se han incorporado 55 países. De América latina, participan también –hasta ahora– Chile, Colombia, Paraguay, Uruguay, Perú y El Salvador.

Hace unos días, se llevó adelante la primera reunión plenaria de OGP en la ciudad de Brasilia. Diversas organizaciones de la sociedad civil argentina estuvimos allí presentes. En la inauguración del encuentro, frente a numerosos mandatarios, cancilleres y ministros de Justicia de los países participantes, Rousseff sostuvo que el buen uso de recursos públicos y la eficacia en el combate a la corrupción son dos caras de la misma moneda que deben caminar juntas. Pidió también el compromiso del sector privado para integrarse a políticas en las cuales deben quedar más claras las relaciones entre los estados y las empresas. Afirmó que sin regulación y vigilancia adecuados los flujos financieros son vulnerables a manipulación, con pérdidas para la economía y las conquistas sociales. A su vez, Hillary Clinton aseveró que en el siglo XXI, una de las diferencias más significativas entre las naciones no serán las geográficas ni las religiosas, sino aquellas entre las sociedades abiertas o cerradas. El evento tuvo características bastante particulares en comparación con otros eventos diplomáticos internacionales. Mientras que en estos últimos los funcionarios públicos de los países negocian entre sí y son monitoreados y criticados por las organizaciones de la sociedad civil presentes, en esta reunión las ONG debatieron a la par de los diplomáticos, pues son una parte muy relevante en materia de acceso a la información y la transparencia. De hecho, la estructura de gobierno de OGP está integrada por un comité ejecutivo de nueve países y nueve organizaciones de la sociedad civil.

Para ingresar a la OGP los países deben tener cumplidos ciertos estándares. A nuestro país no se le habían otorgado correctamente los puntos correspondientes al acceso a la información por no haber tomado en consideración el decreto sancionado en el año 2003, que incorpora ese derecho al ámbito administrativo nacional junto a la obligación por parte de los funcionarios públicos de publicar las agendas de reuniones que mantengan. La Secretaría de la Alianza enmendó hace pocos días el error y Argentina es formalmente admisible.

La OGP representa una muy buena oportunidad para explorar formas distintas de interacción entre estados y, a su vez, entre éstos y la ciudadanía. Por otra parte, representa un claro ejemplo de algunos avances que se están produciendo en materia de relaciones internacionales (el rol creciente de los países emergentes) y el protagonismo que muestra Brasil y las posibilidades que ello genera para los países que conforman el Mercosur. A su vez, la iniciativa también asume una mayor participación de las organizaciones de la sociedad civil, en línea con distintos tratados internacionales, como la Convención de Naciones Unidas contra la Corrupción.

Para Argentina, representa la posibilidad de expresar abiertamente un compromiso en esta materia ante un foro heterodoxo y alejado de la burocracia que caracteriza a las entidades temáticas de Naciones Unidas.

* Codirector de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia.