Joaquín Ortiz, el Puntito, como le decía su abuelo, tenía ocho años cuando el tsunami luego del terremoto del 27 de febrero de 2010, en Chile, le robó la vida allá en el lejano archipiélago de Juan Fernández. Las temibles olas arrasaron con todo a su paso y muchos isleños murieron ahogados esa fatídica noche. Muchos cuerpos, como el de este nene, jamás aparecieron.

A más de dos años de la tragedia, ayer comenzó el desfile de imputados ante la Justicia, todas autoridades del gobierno de Michelle Bachelet para determinar sus responsabilidades en el accionar que pudo evitar –quizá– la muerte de Puntito y tantos otros chilenos que nunca se enteraron del peligro proveniente de un mar enrarecido. “Tome, señora Carmen, es mi hijo. Murió por su culpa”, le dijo Claudio Ortiz, el padre de Joaquín, a la ex directora de la Oficina Nacional de Emergencia (Onemi) Carmen Fernández, una de las acusadas de negligencia. “Esta foto es para que cuando tengan que presentar su defensa piensen que su inoperancia, la improvisación frente a este tema, causó la muerte de mi hijo”, insistió el afligido padre. “Mi hijo se ahogó. Dios quiera que no haya sufrido, que lo haya golpeado quizás algún escombro y haya muerto de inmediato. Hoy mi hijo no está y tengo pena y rabia... quiero que vean las consecuencias del hecho de que no estuvieran preparados, siendo nosotros un país sísmico. Joaquín debería estar vivo”, agregó Claudio en un receso en medio de los interrogatorios a los ocho ex funcionarios relacionados con la fallida alerta de tsunami del 27 de febrero.

Hugo Fuentealba, quien perdió a su esposa y a su cuñada, Eliana y Nancy Lema, en la localidad de Dichato, también recordó el horror. “Prendí la radio y escuché a Patricio Rosende (subsecretario del Interior de Bachelet) diciendo: ‘No va a haber tsunami en ninguna costa de Chile’ –dijo a Radio Cooperativa–. Veo una ola gigante, y fue el sálvese quien pueda, como se dice. Tengo sentimientos encontrados, pero estoy tranquilo. La Justicia hará su trabajo, ojalá haya una condena ejemplarizadora para todo el mundo.”

Estos dramáticos casos resumen el sentir de buena parte de los afectados por el movimiento telúrico, en el primer día de diligencias (que podrían extenderse hasta el fin de semana). Esto porque la fiscalía pretende acreditar las responsabilidades tanto de autoridades como de funcionarios mediante evidencias donde se aclare la labor que cada uno de los imputados tenía que cumplir, como también los protocolos que se utilizaron y las fallas que hubo minutos después del terremoto. Son 800 testimonios y un informe de unas ocho mil páginas, donde se revisan qué provocó un total de 156 personas muertas y 25 desaparecidas. Según trascendió, la fiscalía podría pedir la prisión preventiva y arraigo de los ex funcionarios e incluso el arresto de los encausados.

La lista de imputados la encabeza Patricio Rosende, quien en un principio descartó el riesgo de tsunami en las costas chilenas. Le sigue Carmen Fernández, quien asesoró a Rosende y a la presidenta, Michelle Bachelet. Un informe elaborado por la Policía de Investigaciones reveló que no difundió la alerta de tsunami enviada por el Servicio Hidrográfico y Oceanográfico (SHOA) de la Armada. “Estoy con la conciencia tranquila”, dijo Rosende en tribunales. Fernández, en tanto, aseguró que llegó de inmediato a su puesto de trabajo.

Pero este servicio no salió airoso. Mariano Rojas, ex jefe del SHOA, levantó la alerta de tsunami a pesar de contar con un mensaje que advertía del comportamiento de las olas. El ex jefe de turno de la Onemi, Osvaldo Malfanti, es otro de los acusados, pues al parecer no contaba con capacitación, conocimiento y entrenamiento para lidiar con la crisis.

Los encausados restantes también presentaron pocos conocimientos técnicos para el cargo que cubrían. Al término de la primera jornada, la fiscal a cargo de la investigación, Solange Huerta, adelantó que su tarea es relatar los hechos, pero indicó que las autoridades a cargo de las instituciones la noche del terremoto “no tenían las capacidades apropiadas”. Por su parte, los abogados defensores alegaron que las decisiones que se tomaron durante la madrugada del 27 de febrero estuvieron en el marco de un contexto complejo, lo que debe ser entendido en retrospectiva y analizado bajo esa óptica.

En este escenario, los diputados de derecha criticaron la actitud poco “humilde” de los ex funcionarios de confianza de Bachelet. “Hemos tenido testimonios que nos confirman que la respuesta de altas autoridades –como de Michelle Bachelet– no fue la adecuada y que, más aún, terminaron dificultando el trabajo de aquellos que tenían los conocimientos técnicos”, dijo Frank Sauerbaum.

El oficialismo ve un flanco por el cual se podría atacar a Bachelet, quien a pesar de estar alejada de la coyuntura política chilena sigue liderando las encuestas como la política mejor posicionada para volver a La Moneda, sacándole varios cuerpos a las cartas de la derecha. En el escenario actual, la ex mandataria socialista es la única capaz de amargarle un segundo período presidencial a la derecha.

@chripalma