“La orden dice allanamiento y restitución a sus dueños”, repite el agente de la Policía Metropolitana a Eric López Murand, uno de los abogados de las 34 familias desalojadas ayer del Hotel Sur, en el barrio porteño de Constitución. “Pero tiene que haber un aviso previo, no pudieron sacar todas sus cosas todavía”, insiste el abogado, sin recibir respuesta. Mientras tanto, una docena de chicos y jóvenes traen contenedores de basura y los incendian en el cruce de las avenidas Brasil y Entre Ríos. “Al hotel lo tomamos hace un mes y medio porque no teníamos agua caliente, los baños eran un desastre y los tickets del alquiler eran truchos. La encargada salió rajando. Pagábamos 1300 pesos. Ahora, el gobierno (porteño) nos desaloja y nos ofrecen 700 pesos y pasar la noche en un parador. Un disparate”, dice Carmen Hurtado Pacheco, “inquilina desde hace cuatro años”.

La orden partió del Juzgado en Primera Instancia Penal, Contravencional y de Faltas a cargo de María Fernanda Botana y se concretó a las 14, cuando arribó la división de Intervenciones Complejas al hotel, en Brasil 1875. Los vecinos dicen que un escuadrón pateó la puerta y les dio cinco minutos para sacar las cosas. “Mi nene me dice que le apuntaron con un arma. Tiene nueve años y le falta un brazo. ¡Qué peligro puede representar! Encima no me dejan entrar a buscarle la prótesis”, asegura Alejandro Bareias, con su hijo al lado.

La denuncia, según explica a este diario la abogada de los dueños, es por usurpación. “Hace tres meses entró un grupo de personas y echó a la encargada, a los inquilinos que estaban y comenzaron a subalquilar. Esperamos un tiempo, pero no hubo caso”, asegura, mientras contempla el corte de calle, sentada en la estación de servicio que está enfrente. En ese mismo lugar, un agente de Buenos Aires Presente (BAP), dependiente del Ministerio de Desarrollo porteño, la desmiente. “Hicimos un censo en diciembre de 2011 y coincide con la gente que está acá”, asegura.

Rodeada de unos bolsos, lo poco que pudo rescatar de su habitación, Hurtado Pacheco cuenta que aún tiene un televisor, la heladera y varios muebles dentro. “Y como están todas la puertas abiertas, no sabemos qué está haciendo la policía adentro. Tenemos miedo de que nos roben”, dice esta mujer de nacionalidad peruana que, según relata, mantiene sola a sus dos hijos, trabajando como servicio doméstico cama adentro. “¿Adónde me voy a ir, a un parador? Esa no es una opción. Vamos a pasar la noche en la calle hasta que se resuelva esto”, agrega.

El abogado López Murand afirma que para hacer un desalojo hace falta al menos dialogar previamente con los implicados e intentar alguna mediación. “Pero la jueza prefirió este camino. Vino la policía sin ninguna ambulancia, ni funcionarios del Consejo de la Niñez. Es demasiado informal este operativo”, comenta. Al rato se suman integrantes de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA), Nuevo Encuentro y Movimiento Popular Latinoamericano para sumar apoyo y asesoramiento. El corte de las avenidas es vigilado por la Metropolitana, que acudió con tres camionetas, y un camión de Bomberos de la Policía Federal.

Entrada la noche, un funcionario del BAP discute duramente con los agentes de la Metropolitana. “No se puede hacer un desalojo a las dos de la tarde y en sólo dos horas. Para la gente, este tipo de cosas son traumáticas, hay que hacerlo por la mañana para que tengan tiempo de acomodarse. Lo digo para la próxima, ahora ya está hecho”, dice. Seis uniformados, con escudos, obstruyen la entrada del hotel. A los costados, varias familias siguen aguardando, junto a sus cosas, alguna oportunidad para entrar a rescatar más pertenencias.

“Por la hora ya no puedo armar un amparo para frenar esto, recién mañana (por hoy) vamos a acudir a Tribunales”, dice el abogado López Murand. Al cierre de esta edición, alrededor de ochenta personas, entre ellas 20 niños, optaron por pasar la noche frente al hotel antes que acudir a los albergues del gobierno porteño en Constitución, Retiro y La Boca.

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