Cristina Kirchner reunió por primera vez en su despacho de la Casa Rosada a la comisión que tendrá la misión de elaborar un anteproyecto para reformar de punta a punta el Código Penal en 180 días. En presencia de sus cinco miembros –tres de ellos referentes de fuerzas políticas opositoras–, la Presidenta firmó el decreto que establece el objetivo de devolverle “coherencia” al conjunto de normas penales y “proporcionalidad a las escalas” de penas para los distintos delitos, cualidades alteradas con cerca de mil modificaciones y la creación de leyes especiales a lo largo de noventa años. Otras dos cuestiones que menciona el texto son la integración de las definiciones que surgen de los tratados internacionales de derechos humanos y la “armonización” de la legislación local con la del resto de los países de la región. La propuesta para renovar de manera integral el Código –que anticipó la semana pasada Página/12– fue alentada por el juez de la Corte Suprema Raúl Zaffaroni, quien hará equipo con el ex camarista León Arslanian, los diputados Ricardo Gil Lavedra (UCR) y Federico Pinedo (PRO) y la ex diputada María Elena Barbagelata (en representación del Frente Amplio Progresista).

La flamante comisión tuvo ayer una reunión inicial con el ministro de Justicia, Julio Alak, y después vino el encuentro de más de una hora con la Presidenta, al que asistieron también el secretario legal y técnico, Carlos Zannini, y el secretario de Justicia, Julián Alvarez. Ante las cámaras se los vio a todos sonrientes. A puertas cerradas, también se mostraron entusiastas y de buen humor, aunque nadie arriesgó grandes definiciones, que se discutirán de ahora en adelante. Cristina Kirchner planteó sus expectativas de que un nuevo Código Penal le sirva a toda la sociedad para la convivencia, para dar confianza y también habló de la protección frente al delito, según pudo reconstruir este diario.

Un concepto central que transmitió es que se ofrezcan garantías tanto para quien es enjuiciado como para las víctimas. Insistió en el papel de la comunidad y, en ese punto, se explayó a favor del juicio por jurados. Lo expertos escucharon y le deslizaron dos sugerencias: que se intente avanzar con la creación de un régimen penal juvenil (para los menores) y también con la reforma del Código Procesal Penal, que cambie la lógica del sistema imperante de juicios eternos y centralizados en la figura del juez.

Desde el momento en que Za-ffaroni contactó a los juristas hubo una voluntad común de lograr una reforma que integre las leyes especiales que ahora se encuentran dispersas (que van desde las ambientales hasta los que se refieren a delitos aduaneros y cambiarios), equilibre las penas, incorpore delitos previstos en la legislación internacional (como la desaparición forzada y el genocidio) y establezca un sistema de penas mínimas y nuevos topes, entre muchos otros aspectos. Lo que terminaron de acordar ayer, incluso con la Presidenta, es que se excluirá del anteproyecto cualquier referencia a la despenalización del aborto, ya que ese punto fue el que trabó el último intento de reforma seis años atrás. Eso no quita que se redacte un texto claro –siguiendo el reciente fallo de la Corte– que especifique que cualquier mujer que es víctima de una violación puede acceder a un aborto no punible.

“El Código Penal ha estado sometido a muchas reformas y las de los últimos años terminaron por desarmar su armonía”, le dijo Za-ffaroni a este diario luego del encuentro en la Casa de Gobierno. “Todo esto ha creado un grado de falta de certeza jurídica serio. Un Código Penal es un apéndice de la Constitución. Debe definir bien qué pena tiene cada delito. De lo contrario todo queda librado a interpretaciones torcidas y arbitrarias. Se trata de evitar que haya sentencias anuladas porque se confundieron la ley que está vigente. Y de lograr equilibrar los bienes jurídicos, de modo que no valga más la propiedad que la vida”, advirtió el penalista. Zaffaroni explicó que la cuestión del aborto, en todo caso, deberá ser contemplada por una ley especial. Ese criterio, sostuvo, se trasladará a aquellos temas que “sean susceptibles de sufrir reformas a corto plazo” y que “la experiencia muestra que a cada rato se legisla de modo diferente”. En ese espectro no descartó que también quede reservada al texto de una ley aparte la despenalización de la tenencia de droga para consumo personal.

La idea de que la comisión reformadora esté conformada por mayoría de representantes de la oposición política también surgió de Zaffaroni. Está basada en la experiencia previa a la propia creación del Código Penal, que sólo pudieron destrabarse y lograr la sanción en 1922, después de que tomara las riendas una mayoría opositora al gobierno de Hipólito Yrigoyen conducida por el diputado conservador Rodolfo Moreno.

El antecedente aparece mencionado en el decreto firmado ayer por Cristina, que además recuerda que aquel Código inicial significó la abolición de la pena de muerte y la incorporación de la libertad condicional, además de haber unificado la legislación penal. El texto designa a los integrantes del grupo al que la Presidenta le encomendó elaborar el anteproyecto. Señala que el Código Penal fue objeto de “múltiples reformas” que le han hecho perder “coherencia” y han afectado la “proporcionalidad” de las escalas penales con la adopción de “normas represivas especiales”. También dice que “la incorporación de instrumentos internacionales de máxima jerarquía” a partir de la reforma constitucional de 1994 “ha impuesto una interpretación en la jurisprudencia que conforma un conjunto de cuestiones que demandan de un tratamiento integrador”. Sostiene que la ley local debe estar en consonancia con las legislaciones de la región para facilitar la cooperación entre Estados y las estrategias comunes.

El decreto invoca como referencia un proyecto de reforma que fue elaborado en 2006, por una comisión coordinada por el entonces secretario de Política Criminal, Alejandro Slokar (ahora juez de Casación Penal). Aquel diseño del Código estaba encabezado por el delito de Genocidio, como el más grave, ya que “la humanidad” era tomada como un valor central. Ponía la pena máxima en 30 años, en reemplazo de los 55 actuales, que quedaron establecidos después del endurecimiento introducido en las llamadas “leyes Blumberg”, que generaron otras serie de incongruencias, como que ciertos robos tengan más pena que un homicidio. Eliminaba la reclusión perpetua, proponía penas alternativas y les daba protagonismo a las víctimas en el impulso de la acción penal. Ampliaba derechos laborales, incorporaba delitos ambientales, elevaba penas para delitos de funcionarios públicos, reemplazaba la figura de asociación ilícita y precisaba que a los menores no se les puede aplicar el Código Penal, sino que requieren un régimen propio. También abarcaba la despenalización de la tenencia de droga para autoconsumo y del aborto en los tres primeros meses de gestación. Este último punto fue el más conflictivo, que impidió que avanzara el proyecto.

Zaffaroni explicó que la comisión hará un análisis de las leyes especiales vigentes para resolver cuáles y cómo se sistematizan, y mencionó entre otros temas claves a discutir desde qué sistema de penas mínimas (y máximas) se aplica hasta qué medidas de seguridad adoptar para los inimputables.