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El próximo miércoles, Brasil tendrá en pleno funcionamiento la Comisión de la Verdad, que, luego de más de dos años de fuertes presiones y vaivenes políticos para ser creada, sólo podrá investigar violaciones de derechos humanos entre 1946 y 1988 pero sin potestad para procesar a sus autores, amparados además por la Ley de Amnistía.

La presidenta Dilma Rousseff, quien sufrió de manera directa la represión de la última dictadura, pondrá en funciones el miércoles a los siete miembros de este grupo investigador en un acto al que asistirán los ex mandatarios José Sarney, Fernando Collor de Melo, Fernando Henrique Cardoso y Luiz Lula da Silva “como demostración de que la Comisión de la Verdad no es sólo del gobierno, sino del Estado”, resaltó el gobierno.

El ex ministro de Justicia José Carlos Dias; el magistrado del Superior Tribunal de Justicia (TSE), Gilson Dipp, la abogada Rosa María Cardoso; el ex procurador general Claudio Fonteles, el diplomático Paulo Sergio Pinheiro, la psicoanalista María Rita Kehl y el jurista José Cavalcante Filho, designados el jueves por Rousseff, tendrán dos años para escuchar declaraciones y solicitar y analizar documentos que ayuden a esclarecer los casos, pero sin un fin punitivo, es decir, sin el objetivo de procesar a los autores de esos crímenes.

Esta limitación de atribuciones es consecuencia de las presiones de militares que tuvo que enfrentar Lula durante su último año de mandato, cuando intentó darle estado parlamentario al proyecto de creación de la comisión. Las amenazas de renuncia a fines de 2009 de los tres jefes castrenses y del entonces ministro de Defensa, Nelson Jobim, de excelente relación con la corporación militar, ante lo que consideraron una ley “revanchista”, obligaron a Lula a modificar la iniciativa.

Rousseff también padeció las presiones castrenses y de Jobim, funcionario heredado de Lula, y el proyecto volvió a transformarse pero sólo logró la sanción en noviembre del año pasado, luego de que la mandataria pusiera al frente de la cartera de Defensa al ex canciller Celso Amorim, quien logró establecer el equilibrio entre la resistencia militar y las negociaciones ante el Congreso. El grupo investigará el período 1946-88.