Desde Lima

Otra vez las protestas campesinas contra la minería ponen en serios problemas al gobierno de Ollanta Humala. Esta vez, la violencia estalló en la región andina de Cusco, al sudeste del país, donde la población de la provincia de Espinar, ubicada a más de cuatro mil metros de altura, rechaza las actividades de la minera Xstrata, de capitales suizos, que explota cobre en esa zona. Como ocurre en otras regiones del país, la empobrecida población acusa a la minera de contaminar el agua de los ríos y de no dejar suficientes recursos económicos en el lugar a pesar de sus millonarias utilidades. La población se mantiene en huelga desde hace nueve días y el lunes los enfrentamientos entre huelguistas y la policía dejaron dos pobladores muertos, decenas de heridos y más de veinte detenidos.

El gobierno respondió a la protesta decretando, el lunes en la noche, el estado de emergencia, que anula las garantías constitucionales. Horas después de anunciado el estado de emergencia, ayer fue detenido el principal dirigente de la protesta campesina, Herbert Huamán, presidente del Frente de Defensa de Espinar. El alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca, acusado por la fiscalía por respaldar la protesta contra la empresa minera, denunció que había una orden de arresto en su contra y pasó a la clandestinidad. Aunque el oficialismo ha respaldado mayoritariamente al gobierno, algunos congresistas de la bancada oficialista criticaron al Ejecutivo por el manejo de la crisis social en Espinar. Desde la derecha llegó un apoyo cerrado al estado de emergencia y a la represión policial contra los pobladores opuestos a la minera Xstrata.

Los dos pobladores muertos en Espinar cayeron cuando la policía repelió a balazos las protestas contra la minera Xstrata. La población respondió lanzando piedras con sus hondas. Las muertes exacerbaron los ánimos de la población, que atacó una camioneta de la fiscalía, la quemó y secuestró al fiscal provincial de Espinar, Héctor Herrera, que iba a ordenar el levantamiento de uno de los cadáveres. Horas después lo dejaron libre. Un médico del centro de salud de la zona denunció que la policía atacó la ambulancia en la que llevaban a los pobladores heridos a un centro médico. El alcalde Mollohuanca acusó a la policía de haber disparado a quemarropa contra la población.

El primer ministro, Oscar Valdés, aseguró que el gobierno estaba dispuesto a dialogar con la población de Espinar, pero acto seguido anunció el estado de emergencia, acusó a los pobladores que protestan contra la minera de ser “extremistas” y justificó la represión policial que dejó dos muertos –otras versiones no confirmadas por el gobierno dieron cuenta de cuatro fallecidos–.

Días antes, el presidente Humala, que como candidato había apoyado las protestas sociales contra la contaminación minera, había llamado “intransigentes” y “violentistas” a los huelguistas de Espinar. En los diez meses del gobierno de Humala ha muerto una docena de personas por la represión policial contra las protestas sociales, la mayor parte de ellas por conflictos socioambientales entre campesinos y empresas mineras. Ningún policía ha sido sancionado por estas muertes, la mayoría de las cuales ha ocurrido desde que Valdés, un militar en retiro de comportamiento autoritario, asumió el cargo de primer ministro en diciembre pasado.

Las protestas en Espinar comenzaron el 21 de mayo con la exigencia de la población de que la empresa solucione los daños ambientales producto de sus actividades y se incrementen los ingresos económicos que la minera deja en la zona, pero con los días y la represión policial la protesta se ha ido radicalizando y ahora se escuchan voces que exigen el cierre de ésta. “El asunto del aporte económico de la empresa minera debe ser lo último a discutirse; lo principal es la contaminación causada por la mina”, ha asegurado el alcalde de Espinar, Oscar Mollohuanca.

“Presidente Ollanta, yo he pedido para que ganes y ahora nos haces matar”, solloza una mujer indígena frente a las cámaras de un canal de televisión. Detrás de ella, la policía la embestía contra los pobladores que se habían agrupado en la puerta del hospital de Espinar para averiguar por sus familiares heridos en los enfrentamientos del lunes. “Ollanta asesino, el pueblo te repudia”, coreaban los pobladores. Era el mismo pueblo que hace un año votó masivamente por Humala, que en Cusco ganó con cerca del 80 por ciento de los votos.

La policía justificó la violenta represión contra los pobladores reunidos pacíficamente en la puerta del hospital argumentando que el estado de emergencia prohíbe las reuniones. Ahí fue detenido el presidente del Frente de Defensa de Espinar, Herbert Huamán. Poco antes de ser arrestado, había anunciado que la protesta continuaba y exigido el levantamiento del estado de emergencia y un diálogo con el gobierno para solucionar sus demandas. “Con el estado de emergencia nos pretenden callar”, denunció Huamán minutos antes de ser detenido.

Las violentas protestas de Cusco contra la minería se dan en la víspera de que se venza el plazo dado por las autoridades y la población de la región de Cajamarca, al norte del país, cerca de la frontera con Ecuador, para que el gobierno anule, por su alto costo ambiental, el proyecto minero aurífero Conga, de la empresa Yanacocha, que tiene como principal accionista a la transnacional norteamericana Newmont. Para mañana se ha anunciado el inicio de una huelga indefinida en Cajamarca, que ha encontrado el respaldo incluso del octogenario padre del presidente Humala, Isaac Humala, quien ha anunciado su viaje a Cajamarca para participar en las marchas que mañana darán inicio a la huelga contra la minera Yanacocha y el gobierno de su hijo.