Las declaraciones de Jorge Rafael Videla siguen generando revuelo. La Justicia Federal de Córdoba allanó la casa del genocida Luciano Benjamín Menéndez en la búsqueda de listados con nombres de personas desaparecidas durante la dictadura, dado que el dictador había mencionado que los jefes de zona tendrían esas nóminas, al menos “parciales”, en su poder. Fue en la causa por la Verdad Histórica y a pedido de la querella de Hijos y Familiares de Desaparecidos de Córdoba. Página/12 pudo saber que a priori los empleados judiciales no habrían encontrado tales listados, pero sí fue hallada voluminosa documentación en la vivienda del ex jefe del Tercer Cuerpo de Ejército, que está siendo analizada por expertos. Es la primera vez que se produce un procedimiento de estas características en una vivienda de Menéndez, ex jefe de la Zona 3 del Ejército.

El equipo de secretarias y prosecretarios del Juzgado Federal 3, a cargo de Alejandro Sánchez Freytes, con la asistencia de la policía, llegó a la casa de Menéndez, en el barrio Bajo Palermo, a primera hora de la mañana y permaneció hasta pasadas las 16. El dueño de casa, de 84 años y con siete condenas a prisión perpetua imputado en varios procesos en curso, estaba allí dado que goza del beneficio del arresto domiciliario por problemas de salud. “Nunca pensé que la Justicia Federal iba a hacer una cosa como ésta”, fue una de las tantas quejas que expresó durante el operativo. Y fue muy meticuloso al momento de la confección del acta con el detalle que había en una veintena de cajas que salieron de su hogar hacia el juzgado.

“El pedido fue a partir de las declaraciones de (Jorge Rafael) Videla en el libro de Ceferino Reato (Disposición final), donde dice que la decisión y las listas de detenidos y desaparecidos estaban a cargo de los comandantes de zona, y Menéndez era comandante de la Zona 3”, indicó el abogado querellante Claudio Orosz. La solicitud también se basó en declaraciones de Videla al Juzgado Federal de San Martín y a la revista española Cambio16.

En el libro de Reato, Videla admitió por primera vez que la dictadura asesinó a “siete u ocho mil personas”, y dijo que si bien no hay listas con el “destino final” de los desaparecidos, podría haber “listas parciales”. “No hay listas con el destino final de los desaparecidos. Podría haber listas parciales, pero desprolijas”, dijo Videla según esa publicación.

La agrupación Hijos de Córdoba consideró que el allanamiento es “un paso adelante para desterrar el pacto de silencio e impunidad que mantienen los responsables de los más terribles crímenes de lesa humanidad” porque “ellos conocen el destino de los desaparecidos y los niños separados de sus familias y no dicen dónde están, no colaboran en el cese de estos delitos que día a día se siguen cometiendo”.

El mes pasado, la Justicia Federal de San Martín allanó la casa de Videla, la de su ministro del Interior, Albano Harguindeguy, y la del ex general Omar Santiago Riveros, jefe de Institutos Militares de Campo de Mayo durante la dictadura. En esa ocasión, la medida respondió a un pedido del abogado Pablo Llonto, representante legal de varias familias de asesinados y desaparecidos por la dictadura, también a partir de declaraciones de Videla.

A partir de mañana, un grupo de expertos comenzará el análisis del material secuestrado en casa de Menéndez, que fue seleccionado por los funcionarios judiciales en base a su posible vinculación con los hechos que se investigan en la causa. Entre esos papeles hay varias carpetas que tienen manuscritos de Menéndez, que reflejan parte de su trayectoria. Sobre la posibilidad de que el material sirva para el expediente, el abogado Orosz puntualizó: “En los miles de allanamientos que se han realizado estos años encontramos documentos valiosos sobre cómo torturar, ficheros de ciudadanos, carpetas de legajos de víctimas en manos de la policía y demás elementos que fueron sumándose a las pruebas en diferentes causas”. Por lo tanto, consultado por Página/12, resumió su expectativa para esta oportunidad como “importante”.

El represor Menéndez ya recibió tres condenas en Córdoba, otras tres en Tucumán y una en Salta, por su participación en la Masacre de Palomitas. Además, en octubre será nuevamente juzgado, cuando comience el juicio por los crímenes cometidos en el centro clandestino La Perla. Orosz comentó que, a juzgar por su actitud durante el operativo en su casa, habría que revisar el beneficio de la prisión domiciliaria del que goza. “Algunas querellas, como la de Ana Oberlin en Rosario, lograron dar vuelta esas resoluciones requiriendo exámenes médicos independientes de los que hacen los peritos de la Corte, que incluso están cuestionados por el propio tribunal”, dijo a este diario.

Otra de las repercusiones de los dichos de Videla fue la declaración de Riveros en la causa que investiga el destino de los restos de los líderes del ERP Mario Roberto Santucho y Benito Urteaga. Tras negar enfáticamente todo conocimiento al respecto, algo que le endilgó Videla, el ex comandante de Institutos Militares dijo ante la Justicia Federal de San Martín: “Lo que (Videla) hizo fue un acto deleznable, vil y cobarde. Me cabeceó el muerto. Es una mendacidad absoluta y total, yo no podía dar ninguna orden al respecto”. Y al referirse al ocultamiento del cuerpo de Santucho, expresó: “Pobrecito, creo que a Videla lo han asesorado mal”.