El gobernador Daniel Scioli está listo para concretar por decreto la actualización del valor fiscal de las tierras bonaerenses. La provincia busca así destrabar el debate legislativo de las distintas modificaciones impositivas que conforman el proyecto de ley. El bloque de la UCR en la Cámara de Diputados aseguró que, si Scioli avanza con esa estrategia, darán el presente en la sesión convocada para mañana, donde expresarán su rechazo a los cambios sobre el impuesto inmobiliario rural. Desde el equipo del gobernador argumentan que, si bien pueden aplicar los cambios con una decisión ejecutiva, necesitan una ley para aplicar las innovaciones propuestas en las alícuotas y base imponible del impuesto a los propietarios de campos. Si se aprueba, el proyecto deberá volver al Senado, donde la correlación de fuerzas favorece al Frente para la Victoria. La iniciativa provincial incluye también cambios en ingresos brutos y sellos e incrementa la capacidad de endeudamiento provincial. Las cámaras patronales agropecuarias, que frustraron el tratamiento legislativo del proyecto dos semanas atrás, anunciaron una nueva movilización a la Legislatura bonaerense para mañana. La provincial Carbap amenazó con realizar un paro y cese de comercialización si se concreta el revalúo.

La Ley Impositiva 2012 –aprobada el año pasado– habilita a Scioli a realizar el revalúo fiscal de las propiedades inmobiliarias por decreto. Las necesidades de financiamiento llevaron a la provincia a proponer modificaciones impositivas para incrementar su recaudación. En ese paquete global se incluyeron los cambios en el impuesto inmobiliario rural. Ante la imposibilidad de avanzar parlamentariamente con todo el proyecto, ya que el Frente Amplio Progresista y la UCR adoptaron el reclamo de la Sociedad Rural, Federación Agraria y Carbap, desde el equipo del gobernador señalaron a Página/12 que Scioli firmará un breve y preciso decreto donde realiza el revalúo fiscal de las tierras y autoriza a ARBA, la agencia de recaudación provincial, a implementar las modificaciones.

A partir de ese momento, la provincia estará habilitada para cobrar el tributo con los valores de la tierra actualizados, pero sobre la estructura vigente del impuesto. Pero la magnitud del aumento será mayor, ya que no se incorporarían los elementos de progresividad y tampoco la reducción en las alícuotas propuestas por las autoridades provinciales. Por eso, la intención de Scioli y el Frente para la Victoria provincial es discutir las modificaciones en la Cámara de Diputados mañana.

El presidente de la bancada radical, Ricardo Jano, afirmó ayer que su bloque estaría dispuesto a sesionar si Scioli avanza por decreto con el revalúo. Dos semanas atrás, cuando las presiones de los empresarios agropecuarios frustraron el tratamiento legislativo de la propuesta, el diputado de Lobería fue uno de los primeros en recordarle al gobernador bonaerense que contaba con la atribución para actualizar el valor fiscal de las tierras por decreto sin necesidad de una ley. Jano realizó el señalamiento incluso antes que el ministro de Economía, Hernán Lorenzino. El decreto haría recaer en el Ejecutivo el costo político de una pelea con las corporaciones agropecuarias, mientras que la intervención posterior de la Legislatura sería para reducir el impacto del revalúo, y entonces sí el radicalismo daría quórum.

El aspecto central de los cambios en el impuesto inmobiliario rural es la actualización del valor fiscal de la tierra, el monto utilizado para determinar cuánto pagarán de impuestos por las propiedades. Ese valor está congelado hace más de quince años. La subvaluación fiscal de la tierra convive con un escenario de valorización en el precio de los campos y un extraordinario incremento en los niveles de rentabilidad. Así, en distritos donde el precio de la hectárea supera los 45 mil pesos (10 mil dólares), el valor que se toma en cuenta para determinar el impuesto inmobiliario rural no supera los 1200 pesos (270 dólares). Los dueños de los campos no sólo pagan menos impuestos que el dueño de un auto mediano modelo 2010, sino que las tierras más rentables y productivas pagan lo mismo que las propiedades en las zonas menos favorecidas.

Los cambios en el impuesto revalúan las tierras de forma que su valor fiscal pasará a representar alrededor del 50 por ciento del precio de mercado. Los dueños de los campos pasarán de pagar 47 pesos en promedio por hectárea a pagar 76 pesos, al tiempo que los cambios reintroducen aspectos progresivos en el tributo: quienes concentran más tierra pagan más y quienes poseen los campos más rentables, también. El 62 por ciento de las partidas que hay en la provincia pagarán lo mismo o menos por el impuesto inmobiliario rural. Los cambios en la valuación del patrimonio de los propietarios de los campos los llevarán, en muchos casos, a pagar ganancia mínima presunta y bienes personales a nivel nacional.