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Jaqueado por la oposición, el presidente de Paraguay, Fernando Lugo, anunció ayer la creación de una comisión especial para investigar el violento desalojo de campesinos ocurrido el viernes. La comisión estará formada por referentes de la sociedad civil paraguaya y será una investigación independiente de la iniciada por los organismos del país y contará con apoyo de un comisionado de la Organización de Estados Americanos (OEA), anunció el presidente.

Lugo aclaró que dará a conocer los nombres de los miembros de la comisión investigadora según se vaya formando y adelantó que la OEA ofrecerá un marco de garantía internacional al proceso. El mandatario detalló que su pretensión es que la ciudadanía conozca lo ocurrido sin las turbulencias que ocasionan las apetencias políticas y los distintos intereses económicos y sectoriales, pues la investigación tendrá la garantía de la solvencia ética de los comisionados. Seis policías y once campesinos fallecieron en un enfrentamiento armado el pasado viernes en una hacienda de Curuguaty, a 350 kilómetros al noreste de Asunción, propiedad del conocido político y empresario Blas Riquelme. Lo ocurrido se enmarca dentro del enquistado conflicto por la posesión de tierras a causa de las masivas adjudicaciones irregulares durante la dictadura de Alfredo Stroessner (1954-89). “La lucha por la tierra en nuestro país fue históricamente no violenta”, recordó el mandatario, para denunciar que, según las primeras pesquisas, los policías actuaron en Curuguaty con vocación pacifista y se vieron sorprendidos en medio de un protocolo de diálogo por la actuación de profesionales del delito que emplearon armamento de alto impacto.

Consultado en la rueda de prensa por las amenazas de los opositores colorados, de plantear un juicio político en el Congreso para lograr su destitución, el presidente fue contundente: “Estos reclamos obedecen a intereses sectoriales”, sentenció sobre el planteo de la titular del coloradismo, Lilian Samaniego. La dirigente había revelado el martes que se pedirá al Congreso que analice la responsabilidad de Lugo en el desalojo de campesinos que ocupaban un terreno, que reclama como propio el ex senador Blas Riquelme, del propio Partido Colorado. Samaniego convocó a una reunión especial de la dirigencia colorada para estructurar la estrategia a seguir para lograr en el Congreso el pedido de salida del poder de Lugo a través de un juicio político. Fuentes del Partido Colorado aseguraron que la moción será pedida en el Congreso durante la sesión de mañana o la de la semana próxima.

Por otra parte, el Partido Liberal Radical (PLRA) dijo que reclamará a Lugo la remoción del recién nombrado ministro del Interior, Rubén Candía Amarilla, también militante del Partido Colorado, e impulsará un juicio político a los ministros de la Corte Suprema de Justicia. El PLRA –que integra la coalición gobernante– acusó a Candía Amarilla de estimular la represión y aliarse con los grandes terratenientes paraguayos durante su anterior paso por el cargo de fiscal general de la República. Además, los liberales denunciaron que la Corte facilita la tenencia ilegal de tierras por parte de los latifundistas. El ministro de Educación, Víctor Ríos, subrayó que el jefe del Estado y los integrantes del gabinete están abiertos a cualquier investigación de la posición oficial ante lo ocurrido en la localidad de Curuguaty. “No sólo el gobierno sino todos los sectores del país deberán rendir cuenta ante la ciudadanía por la gravedad de los hechos”, señaló el ministro.

Informe: Romina Lascano.