El Tribunal Constitucional español levantó ayer el veto al partido vasco Sortu, poco más de un año después de que el Supremo prohibiera a la formación de izquierda por considerarla heredera de Batasuna, el brazo político de ETA, en una decisión que no fue bien recibida por el gobierno conservador de Mariano Rajoy, informaron fuentes judiciales españolas. Por seis votos a favor y cinco en contra, la sentencia del Tribunal Constitucional español rechazó que se catalogue a Sortu como la continuación de la ilegalizada Batasuna, y lo considera un nuevo partido, creado por la izquierda abertzale, que rechaza la violencia, incluida la de ETA, y que se constituyó de acuerdo con las exigencias constitucionales. Más precisamente, declaró vulnerado el derecho de asociación de los representantes de Sortu en su vertiente de libertad de partidos políticos, del artículo 22 de la Constitución, y reconoce su derecho a ser inscripto en el Registro de Partidos Políticos.

Sortu presentó un recurso ante el Constitucional contra su ilegalización por parte del Tribunal Supremo ocurrida el 23 de marzo de 2011, al considerar que el máximo tribunal vulneró su derecho de asociación cuando intentó presentarse como partido político a las elecciones municipales del País Vasco y Navarra de mayo de 2011. El Constitucional estimó así el recurso de Sortu contra la decisión adoptada el año pasado por la sala 61 del Tribunal Supremo, que consideró que la formación era sucesora de Batasuna, el ilegalizado brazo político de la agrupación separatista vasca, que pretendía así burlar el veto y concurrir a los comicios municipales que iban a celebrarse dos meses después.

Si bien Sortu había rechazado explícitamente la violencia de ETA, condición necesaria para poder existir como partido, el Supremo aseguró que se trataba de un rechazo sólo instrumental para poder presentarse a las elecciones. Ahora el Tribunal Constitucional español admite, aunque divididos sus magistrados, que aquella fue una “ilegalización preventiva”, como afirmaba Sortu en su recurso. Tras conocerse la decisión del Constitucional, el ministro de Justicia español, Alberto Ruiz-Gallardón, expresó la “discrepancia” del gobierno con la misma. El gobierno conservador habría preferido “que Sortu siguiese siendo ilegal”, dijo Gallardón sobre la sentencia del Tribunal Constitucional, cuya votación fue ajustada: 6 a favor y 5 en contra. Este tribunal Constitucional tiene 12 miembros, pero uno de ellos falleció en 2008 y su vacante aún no ha sido cubierta. Por su parte, el ministro del Interior español, Jorge Fernández Díaz, dijo: “Reitero de manera muy especial que con Sortu o sin Sortu la izquierda abertzale tiene que condenar el terrorismo, pedir perdón y la disolución incondicional de la banda”.