Tras el retorno a la normalidad de la actividad policial en Bolivia (foto), la presidenta del Senado boliviano, Gabriela Montaño, afirmó ayer que el motivo real del motín policial, encubierto en reivindicaciones legítimas de policías de baja graduación, fue una reestructuración que le quitó a esa fuerza grandes fuentes económicas de corrupción y frenó el ascenso a generales de toda una promoción al nombrar como comandante general al coronel Víctor Maldonado.

“Se atacaron las dos fuentes de mayor corrupción de la policía”, señaló la senadora. Lo primero, dijo, fue quitarle el año pasado el manejo del Servicio de Identificación Personal, que proveía las cédulas de identidad, y la transferencia a manos civiles de la administración de las licencias para conducir. “Una cédula de identidad, por ejemplo, debió costar 17 bolivianos, pero las personas pagaban, además de ese monto, otros 50 bolivianos”, precisó la legisladora. “Ese fue un primer elemento de conflicto con la policía, a pesar de que la ley deriva para su mantenimiento lo que antes percibía (legalmente, 17 bolivianos)”.

Según la senadora, el segundo momento de tensión con la policía fue cuando se aprobó la ley 101 de régimen disciplinario, que a su juicio fue un avance, a pesar de que el acuerdo que superó el motín, en la madrugada de este miércoles, decidió volver a discutirlo. “Había temas tan aberrantes como policías procesados por la Justicia, y en la cárcel, que seguían percibiendo sueldos y seguían en las planillas”, apuntó. Finalmente, el nombramiento del coronel Maldonado como jefe policial paró el ascenso a generales de las promociones que lo precedieron, señaló la legisladora.