La OEA pospuso por unos días la toma de decisiones sobre la situación en Paraguay, en una reunión en la que la posibilidad de suspender al país del organismo perdió fuerza tras ser rechazada por el secretario general, José Miguel Insulza. Después de dos horas y media de debate, el Consejo Permanente de la Organización de Estados Americanos (OEA) cerró su tercera sesión extraordinaria sobre Paraguay con la única decisión de reunirse de nuevo, probablemente “a finales de esta semana o comienzos de la siguiente”, de acuerdo con lo que dijo Insulza a los periodistas.

El objetivo es dar tiempo a los cancilleres del continente para que analicen el informe elaborado por el responsable de la OEA, que la semana pasada encabezó una misión especial a Paraguay, donde se reunió con los diferentes actores del proceso que concluyó en la destitución del presidente Fernando Lugo el pasado 22 de junio. La mayoría de los países, entre ellos Estados Unidos, Canadá, Brasil, Uruguay, Ecuador, Nicaragua, Guatemala y Honduras, decidió tomarse más tiempo para estudiar el informe de Insulza antes de actuar, y sólo Argentina, Perú y El Salvador pidieron convocar inmediatamente una Asamblea General Extraordinaria que reúna a los cancilleres.

El propio Insulza consideró en su informe, leído al comienzo de la sesión, que una cita de cancilleres “podría permitir la búsqueda de salidas constructivas, en tanto se tenga presente que el punto de unión de todos los países miembro es el fortalecimiento de la democracia en Paraguay”. Sin embargo, se opuso a la medida más drástica. “La suspensión en la OEA conllevaría altas implicaciones económicas para el país, dado el impacto directo de la decisión en otras instituciones del sistema interamericano”, dijo Insulza. La Unión Suramericana de Naciones (Unasur) y el bloque comercial Mercosur decidieron suspender a Paraguay hasta los comicios de 2013 por la destitución de Lugo luego de un juicio político sumario del Congreso “por mal desempeño de sus funciones”.

En declaraciones a la prensa tras la sesión, Insulza recordó que cuando se suspendió a Honduras tras el golpe de Estado en 2009 “se dejaron de desembolsar los créditos para el país en el BID (Banco Interamericano de Desarrollo), el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional (FMI)”.

Como alternativa, el titular de la OEA propuso “el despliegue inmediato de una misión que acompañe el proceso conducente a los comicios de abril de 2013, facilite el diálogo político e informe periódicamente al Consejo Permanente”. “Esta misión tendría por objeto observar desde ahora el respeto de las garantías necesarias para que todos puedan competir en igualdad de condiciones, que no haya represalias contra el presidente Lugo y sus seguidores y que se impulsen los ajustes de algunas normas sobre la eventual realización de juicios políticos”, explicó. Insulza destacó que en Paraguay “existe una situación de normalidad política, social y económica que es conveniente preservar”.

Los representantes de los Estados miembro de la OEA apenas se pronunciaron sobre esa propuesta concreta e insistieron en la necesidad de que sean las capitales las que emitan recomendaciones al respecto. Las voces en favor de la suspensión de Paraguay también se debilitaron tras escuchar el informe de Insulza, incluso en el caso del representante de Nicaragua, Denis Moncada, que en la sesión del pasado 26 de junio pidió expulsar al país del organismo en una resolución presentada junto con Ecuador, Bolivia y Venezuela. El embajador de Venezuela, Roy Chaderton, fustigó lo que consideró “la tibieza o abulia” de la OEA ante “la violación flagrante del debido proceso” del Congreso paraguayo, que disparó “decisiones severas” de Unasur y Mercosur. Tanto Chaderton como el embajador de Nicaragua criticaron que en la misión de la OEA que visitó Paraguay –que incluyó representantes de México, Haití, Canadá, Estados Unidos y Honduras– no haya participado ningún miembro de Unasur.

Moncada subrayó que para su país “legítimamente sólo existe en Paraguay el gobierno del presidente Fernando Lugo”, y que el juicio político en su contra “no tiene valor alguno”, pero finalmente aceptó darles a los cancilleres “el tiempo necesario para analizar el informe”.