Los ministros de Finanzas de la Zona Euro acordaron adelantar a España 30.000 millones de euros del rescate financiero y concederle un año de gracia para que cumpla con el objetivo de déficit de la Unión Europea (UE). A cambio, el gobierno de Mariano Rajoy deberá impulsar más ajuste fiscal, despidos de empleados públicos y supervisión europea. Los acuerdos logrados en Bruselas dieron algo de respiro a la Península Ibérica en los mercados: la prima de riesgo cayó a 549 puntos básicos y la rentabilidad del bono a diez años cerró la jornada en el 6,81 por ciento, por debajo pero todavía cerca de la línea roja del 7 por ciento, que los expertos consideran zona de rescate. A su vez, la UE puso 32 condiciones para rescatar el sector bancario español, según el memorando de entendimiento difundido ayer, que incluye la exigencia de informar en detalle sobre las cuentas de los bancos, el cumplimiento de medidas macroeconómicas y el reforzamiento del Banco de España, en detrimento del Ministerio de Economía.

Tras una reunión de nueve horas en Bruselas, que culminó en la madrugada de ayer, el presidente del Eurogrupo, Jean Claude Junker, anunció que los socios de la Zona Euro alcanzaron un acuerdo político sobre las condiciones del rescate para España. Y que la primera línea de crédito se destinará a cubrir las necesidades urgentes del sector bancario español. De esta forma, el gobierno de Rajoy dispondrá de inmediato de los fondos para inyectar en las entidades con mayores problemas como Bankia que, tras ser intervenida para evitar su quiebra, reveló que necesita 19.000 millones de euros para sanear su balance, plagado de activos tóxicos derivados de la explosión de la burbuja inmobiliaria. El acuerdo del Eurogrupo quedará plasmado en el memorando de entendimiento del rescate a España, cuya firma se concretará el 20 de julio o una fecha cercana, indicó Junker.

Los socios europeos facilitarán a Madrid hasta 100.000 millones de euros, que serán inyectados a través del Fondo de Reestructuración Ordenada Bancaria (FROB) bajo rigurosas condiciones, no sólo para los bancos que reciban las ayudas sino para el conjunto del sistema financiero español. En paralelo, el gobierno de España tendrá que cumplir con las exigencias marcadas para poner fin al déficit excesivo y con las recomendaciones específicas de la UE, como suba del IVA, la eliminación de la deducción por la compra de vivienda y una rebaja salarial para los empleados públicos, entre otras medidas impopulares que pueden provocar una recesión aún más profunda. Además, el gobierno español deberá someterse a una supervisión trimestral, por parte de la troika –Bruselas, el Banco Central Europeo (BCE) y el Fondo Monetario Internacional (FMI)–, que vigilará el cumplimiento del programa de rescate a la banca y los progresos en la consolidación presupuestaria.

“Una intervención con todas las de la ley, si bien de menor intensidad que la de los tres países rescatados hasta ahora: Grecia, Portugal e Irlanda”, escribió el diario El País en su edición digital. El presidente del Eurogrupo señaló que el plazo de devolución de los préstamos de los bancos será de hasta 15 años, con una media de 12,5 años, aunque no especificó cuál será el tipo de interés. Por su parte, el ministro de Economía español, Luis de Guindos, indicó que España pagará un interés probablemente inferior al 3 o 4 por ciento por la ayuda europea para sanear su sector bancario.

El ministro español calificó de muy positivo el acuerdo del Eurogrupo, ya que España disfrutará de un descanso antes de tener que pagar intereses por la ayuda, al tiempo que negó haber asumido contrapartidas o imposiciones adicionales en materia de política económica. En la misma línea, el ministro de Economía español señaló que tampoco hubo nuevas imposiciones por el acuerdo de prórroga de un año, hasta 2014, del cumplimiento del objetivo de déficit establecido por el Pacto de Estabilidad de la UE del 3 por ciento, así como un nuevo techo, del 6,3 por ciento para este año.

El memorando de entendimiento prevé también transferir las competencias de sancionar y conceder licencias del Ministerio de Economía al Banco de España. Y destaca que hay una estrecha relación entre los desequilibrios macroeconómicos, las finanzas públicas y la solidez del sector financiero. Este documento establece que además de supervisar las condiciones de ayuda a la banca, se vigilarán regularmente y de cerca los avances en el cumplimiento de las medidas destinadas a reducir el déficit público español (8,9 por ciento del PIB en 2011).

El dossier afirma que España está comprometida con el cumplimiento de reformas en el mercado laboral, la introducción de un sistema de impuestos coherente con los esfuerzos de consolidación fiscal y un mayor apoyo al crecimiento. Por su parte, el gobierno español reconoció que entre las medidas de ajuste que tiene en carpeta planea una suba del IVA, a pesar de que el propio Mariano Rajoy rechazó esa posibilidad en reiteradas ocasiones. “La suba del IVA es un sablazo de mal gobernante a los ciudadanos que ya están pagando muy duramente la crisis”, dijo Rajoy hace dos años, cuando el ex presidente de gobierno socialista, José Luis Rodríguez Zapatero, acordó subir este tipo impositivo.