El presidente egipcio, Mohamed Mursi (foto), dijo ayer que respetará el fallo del Tribunal Constitucional sobre la disolución del Parlamento, un episodio que exacerbó la lucha por el poder que se libra en la transición del país árabe, mientras que sus simpatizantes anunciaron marchas de apoyo. “Si el Tribunal Constitucional impide que el Parlamento cumpla con sus responsabilidades, nosotros vamos a respetar eso, porque somos un Estado de Derecho”, dijo Mursi en un comunicado emitido desde su oficina.

“Se llevarán a cabo consultas con las fuerzas políticas, las instituciones y el Consejo Supremo de las Fuerzas Armadas para que las autoridades legales puedan encontrar una salida adecuada para esta situación”, agregó la nota. El pronunciamiento de Mursi se interpretó como un intento de apaciguar la feroz pulseada por el poder que mantiene con los sectores militares que presidieron la transición tras la caída de Hosni Mubarak, y que antes de su reciente asunción se arrogaron poderes adicionales y limitaron los del presidente. El embrollo judicial desatado en los últimos días evidencia la fuerte puja que marca la nueva fase política egipcia, donde los antiguos jerarcas se niegan a perder poder en este marco definido por las nuevas reglas del juego democrático, según los analistas. Los Hermanos Musulmanes reunieron ayer a miles de personas en la plaza Tahrir –bastión de la rebelión– en defensa del presidente y para exigir a la Junta Militar, organismo que detenta el Poder Legislativo en ausencia del Parlamento, que lo entregue a los civiles. En la prolongada puja se observan dos escenarios posibles, que dependen de la decisión que tome el Tribunal de Casación, que resolverá si los diputados pueden reanudar su trabajo a pesar de la decisión del Constitucional. En ese escenario Mursi podría, como presidente, intentar ejercer de árbitro entre ambos tribunales, pero si ese Tribunal se declara incompetente sobre el asunto se deberá lograr un compromiso político para salir del atolladero.