La Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de Paraguay admitió ayer el nuevo recurso de inconstitucionalidad que presentó el ex mandatario Fernando Lugo. La solicitud presentada por el equipo jurídico de Lugo, que cuestiona la resolución del Senado que lo destituyó, pasará al fiscal general del Estado y a la propia Cámara alta para que se pronuncien.

La decisión de la Corte fue revelada por el titular del máximo tribunal, Víctor Núñez. Por su parte, el equipo jurídico de Lugo solicitó que la Sala Constitucional declare inaplicable la resolución del Senado emitida por el Cuerpo el 22 de junio, por considerar que presenta diversas irregularidades. El expediente fue enviado ahora al fiscal general del Estado, Javier Díaz Verón, quien tiene 18 días hábiles para su dictamen, y tras ese plazo deberá pasar a la Cámara de Senadores, que también tendrá el mismo lapso hábiles para pronunciarse. Será Díaz Verón quien determinará si anula o no el proceso de juicio político, cuestionado por los abogados de Lugo por el poco tiempo –menos de 24 horas– que dieron al acusado para preparar su defensa. Después, el tema volverá a la Corte Suprema, que dispondrá de 30 días para la sentencia final, de manera que podrían pasar 66 días hábiles hasta que la cuestión se resuelva.

Como informó la agencia Prensa Latina, los abogados Adolfo Ferreiro, José Enrique García y Emilio Camacho solicitaron a la Corte la inaplicabilidad de la Resolución 881, por la cual se destituyó a Lugo, debido a los defectos y vicios que contiene. Los defensores consideran que no se fundamentaron las acusaciones contra el presidente y sostienen que se violaron los derechos del mandatario. Esta acción argumenta que en el trámite de juicio político se utilizaron instrumentos que son violatorios de la Constitución Nacional del Paraguay y de garantías a favor de Lugo, porque la destitución es arbitraria e infundada y viola el principio de incongruencia. Por su parte, Camacho manifestó que la barbaridad del fallo es tal que la sentencia no tiene argumento alguno. Los letrados ratificaron que, si no obtienen el fallo favorable de la Corte paraguaya, la mayoría de cuyos miembros pertenecen a los partidos participantes en el golpe parlamentario, acudirán a la Corte Interamericana de Derechos Humanos con el mismo pedido.

Esta es la segunda acción de inconstitucionalidad que presentaron los abogados defensores de Lugo. Según informó el diario La Nación de Paraguay, la primera acción de inconstitucionalidad fue en medio del juicio político y con el argumento de que el acusado no tuvo las garantías mínimas para la defensa, acción que fue rechazada por la Corte dos días después del cambio de gobierno. “En el ámbito legal se cerraron todas las puertas con dar paso a la constitucionalidad del proceso”, dijo el ex presidente tras conocerse la primera decisión del máximo tribunal de Justicia.