No son sólo bomberos y policías los que trajinan las calles de Madrid, junto a maestros y otros trabajadores de la administración pública. Un nuevo actor aparece en las protestas contra la política neoliberal impulsada por el gobernante Partido Popular: los militares españoles salieron a declarar la guerra a los durísimos ajustes del gobierno de Mariano Rajoy y adelantaron que se sumarán a las protestas populares. En un comunicado difundido por la Asociación Unificada de Militares Españoles (AUME), los funcionarios alertaron que los recortes anunciados por el Ejecutivo, que afectan también a las fuerzas armadas, modifican las reglas del juego. Con un hasta ahora inusual tono de confrontación, esa entidad responsabilizó por el avance de la crisis a una clase política que “día tras día nos ilumina con bajezas, desaires y falta de ideas para afrontar esta situación”.

Y aumentó la apuesta: “Por ello, (el gobierno) no nos merece gran respeto, salvo el obligado por nuestra función”. El documento resaltó que hasta hoy los militares mantuvieron una posición firme y callada ante los recortes. “No vamos a quedarnos con los brazos cruzados mientras se nos hace pagar por algo que no hemos hecho y se nos trata como a unos ‘cabezas de turcos’”, señaló la AUME, y afirmó que la crisis no se modifica “con unos recortes que además negaron que fueran a realizar”. Los militares españoles anunciaron además que la entidad que los organiza se sumará a “toda iniciativa ciudadana que plantee la defensa de unos derechos que nunca debimos perder”.

Con ánimo confrontativo hacia las medidas neoliberales empujadas por el Ejecutivo español, los militares amenazaron con acompañar a las movilizaciones “a través de las manifestaciones que legalmente se convoquen desde las plataformas de funcionarios o plataformas ciudadanas”, en defensa de que no haya más rebajas ni recortes para las fuerzas armadas. A pesar del tono crítico impuesto por el comunicado, la entidad castrense manifestó que promoverá medidas de ahorro y denunciará públicamente todos aquellos gastos superfluos que en el ámbito de las fuerzas armadas aún se continúan permitiendo, y que son “radicalmente inadmisibles en la actual situación de crisis y ante la rebaja de nuestros sueldos”.

Entre esos dispendios, AUME mencionó las celebraciones de patronos, aniversarios, tomas de mando, aniversario de promociones, utilización de pabellones de cargo, uso de vehículos oficiales, despedidas de promociones, bodas de plata, juras de bandera civiles y la participación en fiestas religiosas. “No es entendible que un militar que se ha jugado la vida en una guerra, e incluso habiendo resultado herido, se le pueda dejar en la calle, sin protección alguna, en un entorno ciertamente hostil”, se quejaron los militares, y aseguraron que AUME va a ser “totalmente beligerante” contra todas aquellas medidas que sin suponer un ahorro económico signifiquen la pérdida de derechos conquistados, “que son ya algo inherente a la condición de ciudadanía”, agregó.

Del comunicado militar también surgieron posibles alternativas para atravesar la difícil situación que el sector castrense estaría compartiendo con el resto de la sociedad española. Es que AUME propuso acciones encaminadas al ahorro en las fuerzas armadas, entre ellas, la racionalización de horarios para reducir el uso de combustible, alimentación, agua, calefacción, aire acondicionado y otros gastos que debido a las jornadas partidas se disparan en las instalaciones militares. A su vez, el colectivo de militares manifestó que “de nuevo los miembros de las fuerzas armadas sentimos en toda su intensidad los nuevos recortes” que el gobierno realiza para toda la función pública. No en vano, apunta el documento, desde el comienzo del “reconocimiento” de la crisis “hemos sufrido ya varios recortes” que no han hecho más que agravar una situación que ya venía siendo complicada “debido a las enormes carencias que en derechos y en capacidades de reivindicación veníamos padeciendo y que precisamente estamos intentando paliar”.

Los militares afirmaron haber demostrado una “capacidad de solidaridad y de altruismo, que no sólo lo llevamos a cabo en nuestro quehacer diario” sino también “en la respuesta firme y callada ante los recortes que hemos venido sufriendo hasta la fecha. Hemos sido pacientes, tolerantes, solidarios y firmes en estas convicciones de altruismo y de arrimar más aún el hombro cuando toca; pero estas capacidades de aguante tienen un límite”. “Nuestras familias y nuestra propia dignidad no permiten que seamos tratados como comodines de valor infinito”, agrega el comunicado. Por último denuncia “una utilización interesada de nuestra situación”, agravada además por la escasa o nula intervención del gobierno en tratar de paliar esta imagen, que tras estos recortes muestra “a un funcionariado que más que estar realizando un esfuerzo solidario parece estar pagando un castigo por un estado de cosas que para nada se corresponde con la labor callada y constante, que nunca es echada de menos cuando la situación social es boyante”.