Desde Río de Janeiro

El más sonado y presionado juicio de la historia reciente de la Corte máxima de Brasil llega a su final. Los condenados buscarán brechas para apelar de las sentencias, mientras juristas y analistas políticos tratan de medir las consecuencias de lo ocurrido.

Lo único que ahora falta en el Supremo Tribunal Federal brasileño es establecer las penas de los condenados. Ha sido un juicio atípico, que transcurrió bajo la insólita presión de los medios de comunicación, con el aplauso frenético de las clases medias conducidas de la mano por los grandes grupos mediáticos, y que termina sin mayores sorpresas. Tal como se temía, la Corte se dejó doblegar por la presión externa y politizó un proceso que debería ser exclusivamente jurídico.

La única sorpresa fue la atmósfera de gran espectáculo público creada por los mismos integrantes de la Corte. Además de la transmisión de las sesiones en directo por televisión, propiciando al respetable público un nutrido desfile de egos inflados, esparciendo muestras de erudición jurídica y clases de moral y buenas costumbres, lo que se vio fue una ráfaga de innovaciones en la interpretación y aplicación de algunos pilares básicos del derecho.

Para empezar, se abolió la exigencia de pruebas para condenar a parte de los acusados. Queda así establecido el preocupante precedente que permite que, a la hora de juzgar, se acepten ilaciones, suposiciones, y que la Corte se deje inducir por la presión mediática, que permita que se politicen los trabajos. Algunos de los magistrados llegaron a condenar, en sus votos, los maleficios de las alianzas armadas para que exista un gobierno de coalición. Es decir: más que juzgar supuestos crímenes y delitos, se dieron el lujo de juzgar a la propia política.

Quedó establecido, además, que a los señores jueces les está permitido, a la hora de emitir voto y sentencia, exhibir rotundas dosis de sarcasmo, en comentarios que muestran mucho más sus rencores y rasgos ideológicos que equilibrio y equidad.

Esas innovaciones saltaron con ímpetu a la hora de juzgar al llamado “núcleo político” del esquema de distribución de dinero para cubrir gastos de la campaña política de 2002, que además de elegir gobernadores, diputados nacionales y senadores, llevó a Lula da Silva y su Partido de los Trabajadores a la presidencia.

El caudaloso flujo de dinero no declarado es vieja –y por cierto muy condenable– práctica en la política brasileña. Pero, al menos hasta ahora, era algo que cabía a la Justicia electoral.

La pieza acusatoria, elevada al Supremo Tribunal Federal por el Ministerio Público, aseguraba que, más que esa vieja práctica, se trató de la compra de votos de parlamentarios para que fuesen aprobados proyectos legislativos de interés del gobierno. No hubo ni hay ninguna prueba mínimamente concreta. Se acusó de defraudación al PT y a su entonces presidente, José Genoíno, por unos préstamos bancarios. El PT pudo probar que los préstamos fueron registrados, acorde con la legislación electoral, luego renegociados y, finalmente, pagados. Se acusó a José Dirceu, hombre fuerte del partido y estratega de la victoria de Lula, de haber engendrado un esquema de compra de parlamentarios. Tanto era así que, como jefe de Gabinete, recibía a dirigentes políticos aliados al gobierno, como si no fuese exactamente ésa su función. No hay una miserable prueba ni de su participación ni de la existencia de tal esquema.

Hay, eso sí, evidencias e indicios concretos de desvío de fondos públicos, principalmente del sector de comunicación y publicidad del estatal Banco do Brasil, y un intenso juego de intereses por parte de la banca repasó fondos al tesorero del PT. Pero no hubo ni hay una única y solitaria prueba de que las dos principales figuras políticas acusadas, José Genoíno y José Dirceu, hubiesen participado de la trama.

La última condena a Dirceu, por asociación criminal –la otra fue por corrupción activa–, resultó de una decisión dividida (seis votos a cuatro), lo que, al menos en teoría, le da el derecho de presentar recurso contra el fallo. En la condena por corrupción activa, no: tuvo dos votos favorables y ocho contrarios.

De todas formas, las consecuencias políticas del juicio aún no se hicieron sentir. Al contrario: en las últimas elecciones, el PT logró aumentar su caudal de votos y está a punto de reconquistar la alcaldía de San Pablo, aplastando una vez más a José Serra, quien en dos ocasiones ha sido fulminado en sus sueños presidenciales, la primera por Lula en 2002 y la segunda por Dilma Rousseff en 2010.

Ni Dirceu ni Genoíno dejarán de tener peso específico en las decisiones del partido. Dirceu, especialmente, seguirá siendo un dirigente de fuerte expresión, pese a ser brutalmente hostigado y vilipendiado por la gran prensa y las clases medias ávidas por extirpar del horizonte político al PT, a Lula y a la izquierda en general.

Jurídicamente habrá que esperar para ver hasta qué punto las esdrújulas innovaciones de ese juicio mediático, transcurrido bajo presiones inauditas, sentarán jurisprudencia en el futuro. A estas alturas, la mayoría de los miembros del Supremo Tribunal Federal, principalmente el relator del proceso, Joaquim Barbosa, cuentan con el aplauso iracundo de los grandes medios y de las parcelas más luminosas de las clases medias. Hay que ver cuánto durará esa euforia.

Mientras, la impunidad de los poderosos sigue intacta en Brasil. Los métodos delictivos de financiación de las campañas electorales, también. Y dos veteranos combatientes de las luchas populares, José Dirceu y José Genoíno, que en tiempos de la dictadura fueron víctimas de tribunales de excepción (el primero fue expulsado del país, el otro purgó cinco años de cárcel y tortura), son ahora víctimas de un juicio de excepción.

Hay una asustadora diferencia: antes había una dictadura. Ahora se vive en democracia. Todo lo demás, para ellos, ha sido igual, o casi. Al menos esta vez la tortura no es física.