El kirchnerismo logró dar ayer el primer paso para lograr la reglamentación del per saltum, un recurso extraordinario que habilita el salto de instancias judiciales en casos de “notoria gravedad institucional” en los que sea necesaria una definición “expedita y definitiva” de la Corte Suprema de Justicia. Con la firma de los senadores del Frente para la Victoria y del porteño Samuel Cabanchick, el dictamen fue emitido en la Comisión de Asuntos Constitucionales, por lo que sería tratado en la sesión del próximo miércoles. Los legisladores de la UCR y el FAP rechazaron el proyecto por “razones políticas”, al considerar que el oficialismo busca presionar al Poder Judicial para lograr un fallo favorable en la causa del Grupo Clarín sobre la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Además, también se aprobó en la comisión una declaración para que la Corte atienda la “grave situación generada por maniobras para impedir la designación de jueces”.

En el marco del conflicto político y judicial por la aplicación de la ley aprobada por amplia mayoría hace tres años, el kirchnerismo defendió el proyecto que había sido presentado por Cristina Fernández en 2002 cuando era senadora. “Es una buena norma que tiene buenos fundamentos, que es equilibrada y que, indudablemente, puede regular esta institución. De hecho funciona en algunos casos por avocamiento directo, por decisión pretoriana de la Corte, como lo hizo en el caso del aborto”, señaló el titular del bloque del Frente para la Victoria, Miguel Pichetto, en referencia al caso de aborto no punible impedido por una medida cautelar de una jueza de primera instancia hace dos semanas.

El jefe de la bancada repasó los múltiples antecedentes que existen para reglamentar este instrumento, que van desde iniciativas parlamentarias por parte de partidos que hoy pertenecen a la oposición hasta un decreto de necesidad y urgencia firmado por el ex presidente Fernando de la Rúa, que instituía el per saltum en referencia a medidas cautelares. Ya en 1987, el presidente Raúl Alfonsín había presentado un proyecto para ampliar de 5 a 7 los miembros de la Corte Suprema, que también incluía el per saltum. Finalmente, al perder las elecciones legislativas de ese año, no logró concretarlo por quedarse sin mayorías parlamentarias. Durante la presidencia interina de Eduardo Duhalde también se reguló mediante un artículo de la ley de “emergencia pública y la reforma del régimen cambiario”, que luego fue derogado.

“No vamos a acompañar este proyecto, no en base a razones técnico-jurídicas, sino en base a una decisión política y un análisis político. La decisión política es que este proyecto, como el proyecto de comunicación que está a discusión de la comisión y como el proyecto del próximo jueves, del listado de conjueces, no son inocuos en la especial coyuntura política que vive el país, ni entre sí tampoco: todos responden al mismo ADN político”, explicó el senador radical Ernesto Sanz.

La UCR planteó que el kirchnerismo viene llevando adelante un avasallamiento de la Justicia, tanto en el marco del Consejo de la Magistratura con la realización “irregular” del concurso 258 para cubrir los juzgados vacantes del fuero Civil y Comercial, como del Parlamento, con la propuesta de reglamentar el per saltum.

Una posición similar expresaron ayer las legisladoras del FAP Norma Morandini y María Eugenia Estenssoro; esta última no integra la comisión, pero se acercó a la reunión para plantear sus cuestionamientos: “¿Para qué le vamos a pedir a la Corte Suprema que, en este caso, se avoque a aceptar el per saltum si es el mismo gobierno el que incumple los fallos del máximo tribunal, como en el caso de la distribución de la pauta oficial de manera equitativa y con criterios de transparencia?”, señaló Estenssoro, quien insistió en que se busca “presionar” a la Corte. El proyecto del oficialismo, sin embargo, establece que es la propia Corte la que decide si acepta o no el recurso.

Las legisladoras recordaron que el per saltum lo usó Menem para privatizaciones como la de Aerolíneas. “Es probable que en el gobierno de Menem se hayan cometido errores; quedarán para el juicio histórico”, respondió Pichetto, que reconoció su participación en esa época.

El oficialismo tiene previsto aprobar el proyecto la próxima semana y remitirlo a Diputados para transformarlo en ley en el corto plazo. De todas maneras, fuentes del FpV aclararon que una vez aprobado no sería interpuesto el recurso ante la Corte, ya que los plazos procesales que fija están vencidos. “Tendría que haber una prórroga de la medida cautelar o una sentencia de primera instancia”, explicó Pichetto a Página/12, por lo que en todo caso el per saltum será una herramienta a partir de una nueva postergación luego del 7D o de una sentencia sobre la cuestión de fondo.