A simple vista, parece un depósito para guardar estanterías y enseres en desuso de la sede diplomática. Sin embargo, se cree que fue una mazmorra donde se confinó a presos políticos uruguayos. Con esa sospecha, el diputado del Partido por la Victoria del Pueblo (PVP, que integra el Frente Amplio) Luis Puig presentó ayer un escrito en el juzgado de Primera Instancia en lo Penal de 2º Turno de Montevideo, en el marco de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, para que se investigue si el Consulado de Uruguay en Buenos Aires, donde se hallaron tres compartimentos que habrían funcionado como calabozos, se utilizó como centro clandestino de detención en el marco del Plan Cóndor durante la dictadura uruguaya.

Recientemente, un grupo de residentes charrúas en Argentina se comunicó con Puig para contarle (a partir del relato de gente que había trabajado en la embajada) sobre la existencia de tres celdas desplegadas en el primer subsuelo del edificio, ubicado en Las Heras 1907, en el barrio porteño de Recoleta. Entonces el legislador viajó a Buenos Aires para verificar la denuncia de sus compatriotas. El escrito elevado ante los tribunales uruguayos, y al que accedió este diario, señala: “El hecho de que numerosos ciudadanos uruguayos fueran secuestrados en Buenos Aires por agentes del Estado uruguayo –siendo algunos de ellos posteriormente trasladados a Uruguay y otros desaparecidos en el vecino país– y la constatación de la existencia de centros clandestinos de detención durante este período nos llevan a preguntarnos si en esta sede diplomática funcionó uno de estos centros”.

En el escrito se exige también que se exhorte al Ministerio de Relaciones Exteriores, solicitándole planos o croquis y cualquier otra información relativa a la edificación del consulado, y la incorporación de las fotos adjuntadas a la denuncia. El inmueble en cuestión fue construido en 1974. Página/12 conversó con el diputado del PVP, quien ofreció detalles sobre el documento entregado en los juzgados de su país. Puig afirma que la existencia de celdas en un edificio erigido en esa época se asocia con mecanismos represivos en Argentina.

La coordinación de esa violencia institucional entre Argentina y Uruguay existió, sostiene Puig, y prueba de ello fue que varios militantes uruguayos fueron secuestrados de este lado del Río de La Plata, para aparecer asesinados en la localidad de Soca, departamento de Canelones, en 1974. “Al juez le preguntamos si existió allí un centro clandestino de detención. Y, por supuesto, le pedimos una inspección ocular del lugar para comprobar lo que nosotros comprobamos en nuestra visita”, señala Puig. En su último viaje a Buenos Aires, el legislador tomó fotografías de las celdas en el primer subsuelo de la embajada uruguaya.

Esas fotos fueron entregadas ayer en sede judicial para que dentro de la causa “Rodríguez Larreta y otros”, diligenciada en 1984 en el juzgado Penal de Segundo Turno, a cargo del juez Pedro Salazar, el magistrado cite a los querellantes para ampliar la denuncia. “Queremos saber, además, quiénes fueron los funcionarios que estuvieron a cargo del consulado durante la dictadura”, manifiesta el diputado. Al mismo tiempo, se busca determinar el itinerario de los viajes de integrantes de las fuerzas armadas y de seguridad uruguayas a la Argentina en ese período. Eso dependerá de las acciones que realice el juez, aclara.

–¿Cómo pudo mantenerse en secreto, durante casi cuarenta años, la existencia de una prisión en el consulado? –pregunta este cronista.

–Nos imaginamos que debe haberse manejado con muchísima reserva, incluso, dentro de las fuerzas armadas, dado que es una situación muy particular. Estamos hablando de una cárcel dentro de una embajada, con lo que eso significa y sus posibles connotaciones internacionales.

Por ahora, asegura Puig, no existen testimonios de detenidos que hayan pasado por donde, se supone, funcionó un centro clandestino. Por estas horas, la prensa uruguaya difunde las fotos de los calabozos tomadas por el legislador. “Esperamos que pueda haber alguna respuesta en la medida en que haya sobrevivientes”, se esperanza el militante del PVP. El primer subsuelo de la embajada uruguaya se conecta con el segundo subsuelo, donde está el garaje, mediante una escalera en L. Para acceder a las celdas hay que atravesar dos puertas de acero. Según Puig, cuando llegó al primer subsuelo tuvo la impresión de encontrarse con un sistema carcelario. “Las planchuelas de acero de las rejas son muy consistentes. Son tres celdas de dos metros veinte por un metro”, describe el lugar y afirma: “Estando en obra, el entrar y salir de militares uruguayos era permanente en ese edificio”.

Luego de la visita a la embajada, se reunió en Montevideo con el canciller Luis Almagro. “Se comprometió a realizar una investigación administrativa, le informamos que íbamos a hacer una denuncia en Argentina y le pareció excelente. Por parte de Cancillería, la Justicia va a tener plena colaboración”, hace un balance de ese encuentro el diputado. Durante la dictadura, en el consulado, hubo departamentos para agregados militares de ejército, fuerza aérea y marina. “Se lo conocía como ‘el hotelito’, ellos (por los militares) vivieron allí en los ’80 pero esos departamentos dejaron de funcionar en los ’90”, reconstruye.

El legislador le apunta a Juan Carlos Blanco, ministro de Relaciones Exteriores en la dictadura uruguaya. Detenido desde 2006 por violaciones a los derechos humanos, bloqueó los pasaportes de Zelmar Michelini y Héctor Gutiérrez Ruiz, legisladores asesinados en Argentina. “Desde la Cancillería, a cargo de Blanco, se instruía a los embajadores para que negaran torturas, desapariciones y muertes en Uruguay”, recuerda Puig. En su estrategia, el diputado charrúa no descarta vincular la denuncia con los crímenes cometidos en el Plan Cóndor o Automotores Orletti.