La Corte Suprema decidió separar al juez federal de Quilmes Luis Armella de la causa en la que lo había puesto a cargo de garantizar la ejecución del fallo que dispuso sanear la cuenca Matanza-Riachuelo. El alto tribunal también resolvió denunciarlo penalmente y ante el Consejo de la Magistratura, que podría promover su juicio político. La situación de Armella empezó a complicarse dos meses atrás, cuando Página/12 reveló que un grupo de empresas vinculadas entre sí y a la vez ligadas al magistrado obtuvieron contratos millonarios sin licitación relacionados con las obras y limpieza del Riachuelo. La resolución suprema advierte que también se debe investigar “las eventuales responsabilidades de diversa índole” en las contrataciones realizadas por la empresa AySA y la Ceamse.

La resolución de la Corte es escueta y justifica el apartamiento del juez Armella en la necesidad de “preservar la confianza de la sociedad en la transparencia de los procedimientos cumplidos ante los poderes del Estado”. Se apoya, dice, en el “contenido y conclusiones de los informes presentados por la Auditoría General de la Nación”, que la semana pasada en una audiencia pública ante el tribunal dio por probado que “empresas vinculadas entre sí participaban en contrataciones desleales para obras en la cuenca Matanza-Riachuelo, para que siempre las ganara una de ellas, por un monto que llega a 129 millones de pesos”. Entre los directivos de las empresas se señaló a la esposa y el suegro de Armella.

El modus operandi atribuido al juez consistía en intimar a la Autoridad de la Cuenca (Acumar) a presentar proyectos y obras en plazos muy breves bajo apercibimiento de recibir sanciones graves. Entonces se obviaba la licitación y la realización de las obras terminaba adjudicándose a empresas interrelacionadas y cercanas al propio Armella. Las contrataciones las hacía Acumar a través de las empresas estatales Ceamse y AySA, las que según señaló la semana pasada el titular de la AGN, Leandro Despouy, no podían estar al margen de las maniobres desplegadas. En la Corte ponen especial énfasis en la necesidad de analizar el comportamiento de ambas empresas ya que, sostienen, los mecanismos de adjudicación directa son anteriores a la intervención de Armella.

La causa judicial sobre el saneamiento del Riachuelo está actualmente paralizada, con su trámite suspendido hasta que la Corte designe a un nuevo juez, algo que podría concretarse en unos diez o quince días. El tribunal no descarta designar a más de un magistrado, dada la complejidad del caso y la experiencia fallida. A la vez, planea firmar una nueva resolución que establecerá cómo debe seguir la ejecución del plan de limpieza, de acuerdo con lo que evalúe que se cumplió (o no). El máximo tribunal viene apuntalando con sus resoluciones desde 2008 un gran plan destinado a mejorar la calidad de vida de los habitantes de la cuenca, recomponer el ambiente y prevenir daños, a través de, por ejemplo, el saneamiento de basurales, la urbanización de villas y asentamientos, la limpieza de las márgenes del río, la expansión de la red de agua potable, la instalación de una planta depuradora y de un sistema sanitario de emergencia, entre otras cosas.

Un día antes que la Corte, el gobierno nacional había presentado su propia denuncia penal contra Armella, donde señalaba los posibles delitos de “estafa contra la administración pública”, “violación de deberes de funcionario público” y “negociaciones incompatibles con la función pública”. También le planteó al Consejo que analice la conducta del magistrado, a quien consideró protagonista de un “palmario mal desempeño”. Se basaba, igual que el máximo tribunal, en el contenido del informe de la AGN, que confirmaba la información publicada por este diario. En el alto tribunal, entretanto, causó desconcierto una presentación por escrito de AySA, que se desliga de cualquier posible irregularidad con ataques a las conclusiones de la Auditoría que fueron base de la denuncia de la Jefatura de Ministros.

Hay una serie de datos (constatados por la AGN e incluidos en las denuncias) sobre las sociedades contratadas, el modo en que fueron elegidas y su composición, que resultan comprometedoras para Armella: Acumar hizo 19 contrataciones con la empresa Compañía Constructora M&T S.A., siempre con procedimientos abreviados: de ellas, cuatro fueron por contratación directa, 14 por concursos privados y una en el marco del Plan Director de AySA. También la Ceamse hizo una adjudicación sin licitación a esa misma firma por algo de tres millones de pesos. El monto total adjudicado a M&T ronda los 129 millones de pesos (126 millones corresponderían a AySA).

M&T era parte de un grupo de seis sociedades vinculadas, que eran invitadas a los concursos privados y, siempre, la que obtenía el contrato era M&T. Estas empresas son: San Martín 264 Bernal S.A., Gildin S.A., Tierras Provinciales S.A., Vial Rogo Constructora S.A., Kartonsec S.A. y M&T. Entre ellas hay coincidencia de por lo menos un socio, relaciones familiares y domicilios coincidentes.

Ya en la audiencia en la Corte el auditor había precisado que “Francisco Alberto Groba, suegro del juez Luis Armella, es presidente de San Martín 264 Bernal. De esta sociedad forman parte también Marina Laura Groba, esposa del juez Armella; Lorena González y Romina González, directoras de Kartonsec y socias de Vial Rogo; Arturo Rodrigues Da Silva, que participa en cinco de las seis empresas, y Gabriela Aparicio, socia fundadora de M&T”.

La presentación de la Casa Rosada también hacía referencia a una investigación interna encomendada al ministro de Ambiente Juan José Mussi, como presidente de Acumar, que mostró la relación de algunos funcionarios con Armella: “El ingeniero Daniel Zinij y el arquitecto Gabriel Zinij, quienes se desempeñaron en AySA y Acumar al momento de las contrataciones referidas; e Ignacio Manuel Ortiz Valenzuela y Gabriel Husain, quienes asimismo se desempeñaron como funcionarios de Acumar”. La Corte pidió a la Cámara Federal porteña que sortee un juzgado para investigar.