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Por Carlos Noriega
Desde Lima

La peligrosa apuesta del presidente Alejandro Toledo por la mano dura, encargándoles a las Fuerzas Armadas recuperar el control del orden interno ante el desborde de huelgas, marchas y bloqueos de carreteras, ha cobrado sus primeras víctimas fatales: dos estudiantes murieron baleados ayer por las fuerzas de seguridad en la ciudad de Puno, ubicada en la zona altiplánica fronteriza con Bolivia. Decenas de estudiantes resultaron heridos, más de 20 de ellos con heridas de bala. Tres se encuentran en estado grave. Estas muertes ocurrieron durante el segundo día de vigencia del estado de emergencia en todo el país, decretado por el gobierno en la noche del martes ante la ola de protestas de maestros, agricultores y trabajadores del Poder Judicial.
Según la información oficial, cerca de ocho mil estudiantes pretendieron tomar la Universidad Nacional del Altiplano y fueron repelidos por policías y militares. Primero con gases lacrimógenos y después a balazos. El ministro de Defensa, Aurelio Loret de Mola, lejos de anunciar una investigación de los violentos sucesos, pretendió justificar la represión diciendo que los miembros de las fuerzas de seguridad se vieron “obligados a disparar para salvar sus vidas”. Las imágenes propaladas por la televisión de lo ocurrido desmienten esta versión oficial y no dejan ninguna duda de la violencia con la que actuaron la policía y el ejército, disparando a matar sin ningún reparo y golpeando brutalmente en el suelo a los estudiantes que habían sido detenidos.
El presidente de la Región Puno, el independiente David Jiménez, exigió el repliegue de los militares. La Federación de Estudiantes condenó las muertes y demandó que se levante el estado de emergencia. Por su lado, los grupos de derechos humanos anunciaron que habían solicitado a los organismos internacionales que redoblen su vigilancia sobre Perú. La Asociación Pro Derechos Humanos (Aprodeh) señaló en un comunicado que “sobre el país se cierne ahora el peligro de su completa militarización, recurso al que apelan las dictaduras”. Pero otros sectores, como el de los gremios empresariales y agrupaciones políticas como la derechista Unidad Nacional, han apoyado la declaración del estado de emergencia, argumentando que se había perdido el control de la situación ante las marchas y las huelgas y que era necesario recuperar el control social. Pero el socialdemócrata partido aprista, la principal agrupación de oposición, cuestionó severamente la medida. El gobierno le respondió acusándolo de estar azuzando al desorden social. El ministro de Vivienda, Carlos Bruce, llegó al extremo de señalar que el APRA y su líder, el ex presidente Alan García (1985-90), buscan el derrocamiento del gobierno para tomar el poder.
Los militares han tomado el control de las principales ciudades del país y despejado a balazos las carreteras que habían sido bloqueadas desde el lunes por los huelguistas. Aunque los agricultores retrocedieron rápidamente ante la amenaza represiva y levantando su paro, los maestros expresaron que seguirán adelante en sus protestas. El frente magisterial es el más duro que ahora tiene el gobierno. Los maestros, que ganan en promedio entre 150 y 180 dólares mensuales, piden un aumento de unos 60 dólares mensuales, pero el gobierno sólo está dispuesto a darles 30 dólares. El gobierno decretó ilegal la huelga magisterial, que se acerca a su tercera semana, amenazando con despedir a los profesores que no se reintegren al trabajo y ordenando a las fuerzas armadas que reabran los colegios. Las escuelas fueron abiertas, pero los maestros nunca llegaron. Ellos siguen en huelga y marchando por las calles, en abierto desafío a la declaración del estado de emergencia, con la consigna de “los maestros no se rinden” y otra dirigida directamente al presidente Toledo: “Con marchas te pusimos, con marchas te sacamos”. El sindicato de maestros está controlado por el partido maoísta Patria Roja y el gobierno asegura que hay infiltración de Sendero Luminoso en sus filas. Los dirigentes sindicales reconocen un nivel de infiltración senderista, pero aseguran que es mínimo y que los de Sendero no tienen ninguna injerencia en las medidas de protesta contra el gobierno.
El presidente Toledo ha apostado por la represión militar para estabilizar su gobierno en momentos en que las encuestas le dan apenas un 14 por ciento de aprobación y su gobierno se debate en indecisiones internas y disputas partidarias. Según una encuesta de la Universidad de Lima, un 52 por ciento de la población rechaza la declaratoria del estado de emergencia. El analista político Mirko Lauer señala que esta medida “marca el fin de la primavera democrática que se inició con Valentín Paniagua (ex presidente de transición que sucedió al ahora prófugo Alberto Fujimori)”. Por su parte, Carlos Basombrío, ex viceministro del Interior de Toledo hasta enero de este año, afirma que “haber llegado a esta situación alude a un fracaso estrepitoso del gobierno”. Y comparando la situación de Perú con los últimos días del presidente Fernando de la Rúa advierte: “Si las movilizaciones continúan y desafían el estado de emergencia, la situación podría volverse políticamente inmanejable como le pasó a De la Rúa”.